Imagen de archivo de Joan Ignasi Pla y Carmen Alborch. Foto: EFEVALÈNCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desgrana en su último informe del caso Azud una serie de operativas que habrían tenido como gran beneficiario al PSPV y que, en última instancia, creen que habrían ido a financiar al partido. Se trata del análisis que realizan los agentes en la pieza separada dentro de la macrocausa relativa a estos hechos y cuyo secreto de sumario se levantó el pasado viernes.
El periodo de las indagaciones es alrededor de 2006 y 2007. Entre las conclusiones más destacadas de la Guardia Civil se encuentra que los socialistas financiaron en B gastos de la campaña de las elecciones municipales de 2007 en València, a las cuales se presentaba como cabeza de lista Carmen Alborch, fallecida en 2018.
De acuerdo con la UCO, hubo trabajos y gastos en merchandising –como camisetas, gorras, chapas y globos con la cara de la candidata– de los que realmente no se hizo cargo el PSPV sino tres mercantiles. La formación, de esta manera, no habría abonado el coste de forma directa ni habría declarado esas cantidades como gastos electorales pese a que debería haberlo hecho.
Según la Guardia Civil, el coste total del pedido relativo a las elecciones de 2007 (y al que habría que sumar otros trabajos de entidad menor no relacionados con los comicios) ascendió a 261.771,08 euros y fue asumido por las sociedades Gigante Edificaciones y Obras (33.367,08 euros), Sitra (108.344 euros) y Construcciones Luján (120.060 euros).
Los nuevos imputados en esta parte de la investigación del caso azud son: el exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña; el exjefe jurídico de la empresa pública Divalterra José Luis Vera; el constructor Jaime Febrer; el exconsejero delegado de la empresa pública estatal Aguas del Júcar José María Marugán; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues; el que fuera apoderado de Acciona y director regional para la zona de Levante y Baleares Juan José Fernández; el constructor Francisco Antonio Gigante Madrigal; y los empresarios Javier Luján (Construcciones Luján) y Gimeno (Facsa).
El detonante fueron los papeles hallados en el domicilio del exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña. La instrucción lo señala como enlace dentro de la presunta trama. En definitiva, como facilitador de contactos entre uno de los cabecillas, el empresario Jaime Febrer, y ayuntamientos gobernados por los socialistas.
