CASTELLÓ. Las trabas burocráticas y la lentitud de la Generalitat en la tramitación de las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) son un gran impedimento para la creación de nuevos negocios en los municipios del interior de la provincia de Castellón, aquejados del grave problema de la despoblación. La falta de suelo industrial en estos pequeños pueblos provoca que muchos negocios se proyecten sobre terrenos no urbanizables, calificados como de uso agrícola. Y es entonces cuando los trámites para las preceptivas DIC se eternizan en el tiempo.
Es lo que le sucede a César Simó, un vecino que hace cinco años se mudó desde Benicarló a la Jana y abrió una pequeña carpintería metálica que ahora desea ampliar. Para ello pretende trasladar el negocio a una parcela de su propiedad de 20.405 metros cuadrados situada junto a la carretera CV-10, a escasos 400 metros del pueblo. Su idea es alzar una nave industrial de 300 metros cuadrados de superficie que usaría como almacén e incluiría un espacio para una tienda y un pequeño showroom. También desea acondicionar un parking al aire libre para la clientela y el resto de la parcela se mantendría como suelo agrícola.
Dos años después de iniciar la tramitación ante la Generalitat, César Simó aún sigue a la espera. "Tengo 53 años y estoy a punto de enviar el proyecto al garete porque todo son problemas. Primero, desde Carreteras me obligaban a construir una rotonda en la CV-10 para poder construir la nave y me tocó recurrirlo porque aquello era una burrada. Por suerte eliminaron ese requisito, pero ahora sigo teniendo problemas porque el Ayuntamiento de la Jana es muy pequeño y no tiene recursos hídricos suficientes, por lo que me exigen redactar un proyecto específico, que es carísimo", se lamenta.
Su negocio de carpintería de aluminio se basa en la fabricación de puertas, rejas y vallas, así como en la reparación de casetas de aperos agrícolas en hierro. También en el corte y ensamblado de perfiles de aluminio. Sus clientes son, principalmente, pequeñas empresas constructoras y vecinos de la Jana y del resto del Maestrat. "Si lograra construir la nave podría plantearme expandir el negocio más allá de la comarca y contratar a alguna persona que me ayudara, pero con tantas trabas burocráticas es imposible, porque tengo ya 53 años y no tiene sentido esperar mucho más", apunta resignado Simó.
El pequeño empresario de la Jana tiene claro cuál es el problema en su caso. "La Generalitat me trata como si viviera en una gran capital, con una burocracia lentísima y con trabas a todo, pero vivo en un pueblo pequeño y aquí el Ayuntamiento no tiene capacidad para gestionar este tipo de proyectos con celeridad. Solo pretendo construir un almacén en la Jana para trabajar en mejores condiciones pero todo son problemas", se lamenta.
No es esta la única Declaración de Interés Comunitario que tramita la Generalitat en municipios del interior de la provincia. En Cinctorres y Vilafranca también gestiona otros dos expedientes para legalizar los respectivos negocios.
En el caso de Cinctorres, otro pequeño empresario que reside en la localidad pretende regularizar la carpintería de madera ubicada en la Partida Llomets, denominada comercialmente como Fusteria Petit. El establecimiento abrió sus puertas a mediados de la década de 1990, cuando la localidad carecía de Plan General de Ordenación Urbana y el polígono industrial Argilans todavía no existía. Pocos años después, en 1997, la carpintería fue trasladada a su actual ubicación, en un solar de 701 metros cuadrados emplazado a escasos 40 metros del pueblo. El empresario pretende desde hace casi dos años regularizar tres naves que ocupan 367 metros cuadrados.
A su vez, en Vilafranca otro pequeño empresario local desea regularizar su taller de carpintería de madera artesanal. En este caso, el negocio está emplazado al noreste del pueblo, en una parcela de 3.258 metros cuadrados junto a la carretera CV-126. El primer edificio, de 489 metros cuadrados, fue construido en 2006 y apenas un año después se alzó un segundo inmueble adosado, de 160 metros, que se usa como almacén. El empresario ya legalizó años atrás la primera construcción y, desde hace casi dos años, pretende regularizar la última.
