Aitana Mas y Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La carta a los Reyes Magos de las consellerias para los presupuestos de la Generalitat de 2023 ya tiene una cifra concreta: 3.000 millones de euros. Se trata del aumento que, en total, han solicitado todos los departamentos que conforman el Gobierno valenciano respecto al año pasado y que está lejos de los números en los que se han de mover las próximas cuentas. Motivo por el que la Conselleria de Hacienda que dirige Arcadi España ha trasladado la necesidad de recortes respecto a esa previsión, según confirman varias fuentes. La petición supone un aumento del 15,75% del presupuesto que, si bien se anticipa como expansivo, la intención inicial era que no fuese en esos términos.
La ya tradicional negociación de las cuentas en el Govern del Botànic arrancó el pasado 3 de octubre con la primera reunión de la comisión política. Una cita que sirvió como toma de contacto entre PSPV, Compromís y Unides Podem y que la Conselleria de Hacienda convocó con un retraso de dos semanas respecto a la del año pasado. Un hecho que, a pesar de parecer intranscendente, no lo es porque el calendario ahora para debatir los flecos de las cuentas de 2023 es más ajustado y obligará al tripartito a forzar acuerdos en tiempo récord para poder aprobarlos en tiempo y forma.
Los márgenes temporales son relevantes por varios motivos. Teóricamente, antes del 31 de octubre las cuentas deben ser validadas por el pleno del Consell –el año pasado lo hicieron por primera vez fuera de plazo–, de manera que apenas quedan dos semanas para esta fecha marcada en rojo en el calendario. Desde diferentes carteras del Ejecutivo autonómico reconocen que en esta ocasión la negociación entre las diferentes consellerias está siendo tranquila y no se encuentra atascada en ninguna partida concreta, pero admiten que cuentan con poco tiempo para realizar los ajustes que Hacienda les ha reclamado.
La grabación de las cuentas por parte de cada uno de los departamentos del Botànic II se cerró a finales de septiembre. Como era de esperar, casi todos presentaron partidas más elevadas de lo asumible de inicio a pesar de que la orden de la cartera de España era mantener en cierto modo las cifras del actual ejercicio. Al no haberse respetado esta directriz, en la comisión política el responsable de Hacienda dio la orden de pasar la tijera a unos cuantos departamentos. Un ajuste no concretado en números en el que ahora trabajan las consellerias y que este martes deberán presentar en la tercera sesión de la citada comisión.
La intención del PSPV, transmitida por Hacienda, es que las cuentas tengan un crecimiento sostenido. Los socialistas no quieren pronunciar la palabra "contención" y menos aún recortes porque los presupuestos van a aumentar. Pero en cuanto a mensaje político, son conscientes de que han de moverse en ciertos equilibrios entre la situación económica actual, que no invita a un gran crecimiento del gasto, y a que se trata de las cuentas del año electoral, que han de tener buena venta para los sectores sociales clave.
Hacienda no ha detallado cuánto sería un crecimiento aceptable en estas circunstancias, pero ha de tener en cuenta varios factores que harán aumentar el presupuesto sí o sí. Uno, la subida de sueldo a los funcionarios hasta un 3,5% aprobada por el Gobierno central, lo que repercutirá en el capítulo 1 de gastos de personal en todas las consellerias. Otro, la inflación, la subida de tipos y el aumento de los precios de la energía, que afectará al capítulo 2 de gastos corrientes de las cuentas.
Y, al margen de todo ello, cualquier anuncio que Ximo Puig se dedique a realizar durante estas semanas y tenga que ser incorporado aunque se traduzca en cifras menores en comparación con el global de los presupuestos. Un ejemplo son los 50 millones de euros del Fondo de Cooperación Forestal a través del cual se pretenden dar ayudas a cultivos en zonas estratégicas para la prevención de incendios. La iniciativa genera dudas en Compromís, que ostenta la Conselleria de Agricultura, debido a lo que consideran un trato diferenciado y piden que se negocie en la comisión política de las cuentas para debatir, entre otros detalles, dónde recaerían esos millones, puesto que la dirección general de Prevención de Incendios la gestiona la coalición valencianista y no están dispuestos a aceptar que recaiga en el departamento de Emergencias que gestionan los socialistas con Gabriela Bravo al frente.
A esto se añade la incógnita de los millones ficticios concretos que se incluirán esta vez. Cabe recordar que la fórmula del Consell para cuadrar el presupuesto de 2022 y mantener el incremento del gasto fue la inclusión de dos partidas llamadas "reivindicativas". De un lado, 1.000 millones de euros en ingresos no garantizados basados en los fondos extraordinarios del Estado para paliar la crisis de la covid y con los que la Generalitat iba a dejar de contar. De otro, los ya tradicionales 1.336 millones que el Consell mete año tras año para compensar la infrafinanciación por el retraso en la reforma del sistema. En total, 2.336 millones que no están respaldados con transferencias reales del Estado y que para 2023 habrá que comprobar de qué manera figuran.
En términos porcentuales, según fuentes del Consell, el departamento que más incremento ha reclamado para el próximo año es Política Territorial, encabezado por Rebeca Torró (PSPV). Un crecimiento que sus socios de gobierno miran de reojo por diferentes razones. La primera, por el bajo grado de ejecución de esta cartera. Y la segunda, por la lluvia de 300 millones de euros 'extra' con los que contaba el citado departamento para gastar libremente en infraestructuras en 2023 y que diez meses después sigue sin concretar en qué se invertirán.
De hecho, puesto que este regalo que el Gobierno central incluyó en los pasados Presupuestos Generales del Estado de 2022 siguen sin 'dueño', el president de la Generalitat, Ximo Puig, aprovechó la semana pasada para venderlos como la tabla de salvación para Alicante después de que el Gobierno de Pedro Sánchez castigara a esta provincia con unas inversiones de apenas 80 millones de euros. Según el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), esta provincia se convierte en la última de España en inversión por habitante, con 85 euros.
Tras esta conselleria, el segundo departamento que más incremento en términos porcentuales habría planteado en sus cuentas sería Agricultura y Transición Ecológica. La consellera del ramo, Mireia Mollà (Compromís), ya advirtió tras los incendios forestales de este verano en Bejís y Vall d'Ebo de que este año pelearía por ver aumentar de forma considerable sus partidas.
Ahora bien, si se atiende a los términos absolutos, la conselleria que más aumento habría reclamado sería Sanidad. La cartera que ostenta el PSPV y que dirige Miguel Mínguez buscaba en su día reflejar un presupuesto que se acercara más al gasto que realmente tiene año tras año, dado que cada ejercicio proyecta unas cuentas que posteriormente, cuando se ejecutan, se quedan cortas y Hacienda debe acudir a modificaciones presupuestarias para dotarla de fondos y hacer frente a los servicios esenciales. Es decir, lo presupuestado siempre es inferior al gasto real que tiene Sanidad. Este año, la intención era que los fondos se acercaran lo máximo posible a lo que a final de año gasta el departamento. Razón por la que el incremento que proponen es el mayor de todos, ya que también comparativamente es la cartera que más presupuesto absorbe de la Generalitat.
Una conselleria que ha también presentado un aumento presupuestario importante en términos porcentuales como han hecho Política Territorial y Agricultura es Economía, controlada por Compromís, que ha reclamado 713 millones de euros de cara al próximo ejercicio. Supone un 24,8% respecto a este año e incluye los gastos de personal, el Capítulo 1. En esta cifra entrarían, eso sí, transferencias a Labora y al Ivace, que absorberían más de la mitad del presupuesto con 475 millones de euros. La estrategia respondería, además, a una apuesta por ver mejoradas políticas como la jornada laboral de 4 días, para la que el Botànic diseñó por primera vez subvenciones a empresas que la implantaran en este ejercicio. Ahora, la intención es poder contar con una partida mayor este año.
De la misma manera, la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez busca engordar sus fondos y por ello ha reclamado un aumento de un 21%, sin incluir en este porcentaje los gastos de personal. La pretensión es impulsar proyectos que se encuentran lo suficientemente avanzados como para que puedan ponerse en marcha antes de que termine la legislatura. Entre ellos, el Instituto de Memoria Democrático, cuya ley de creación fue aprobada en 2017 cuando las competencias recaían en la actual consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que no llegó a ponerlo en marcha. Dos años y dos meses después de validar la ley, continaba sin constituirse: acabó la legislatura sin personal, ni estructura, a pesar de que cada año se le reservaba una partida en los Presupuestos de la Generalitat.
Ahora, en manos de Pérez, Participación quiere terminar de armar el órgano que se ubicará en el puerto de Alicante. El aumento de la partida en 2023, por tanto, respondería a la creación de una línea para las obras de rehabilitación de la sede y para su puesta en funcionamiento. En la misma línea, además, la Conselleria quiere sumar los fondos destinados a cooperación al desarrollo, que actualmente suponen un 0,25% del Presupuesto de la Generalitat y el objetivo es que este aumente hasta alcanzar el 0,7%. Y, finalmente, buscan incrementar también la partida destinada a luchar contra la brecha digital y atención a la ciudadanía con la mejora y ampliación de la atención en oficinas PROP, de manera que estas sean más accesibles y en ellas se pueda realizar "cualquier gestión". Asimismo, un nuevo decreto haría gratuita la atención al 012.
Educación, por su parte, también es una cartera que aspira a ver crecer sus fondos para seguir desarrollando programas como el Bono Infantil. La incorporación de esta partida en el presupuesto de 2022, permitió la gratuidad de las aulas de 2 a 3 años entre los meses de septiembre a diciembre de este año -pues el curso anterior ya estaba iniciado-. Por lo que, este año será la primera vez que presupuesten un año entero, 2023. La idea, además, sería que esta gratuidad pudiera comenzar a aplicarse a las aulas de 1 a 2 años, al menos, en algunas mensualidades, por lo que el deseo es que la partida del Bono Infantil aumente al menos en torno a un 15%.
Aunque en esta ocasión en el Botànic auguraban un debate más sosegado, como aseguran que está siendo hasta el momento, nada escapa de los choques que puedan surgir por el camino en toda negociación presupuestaria por el crecimiento, o no, de determinadas partidas. Más aún en año electoral, donde las expectativas fijadas son altas porque estos serán los últimos presupuestos a los que tendrán que dar luz verde de la legislatura. La confección y ejecución de las cuentas hasta los comicios resulta de importancia para la venta de gestión en una precampaña que arrancará en un contexto de incertidumbre sobre cómo afectará la situación económica al Consell.
