María Jesús Montero. Foto: Alberto Ortega (EP)VALÈNCIA. La respuesta de las Comunidades Autónomas al "esqueleto" del Ministerio de Hacienda para la reforma del modelo de financiación apenas esconde sorpresas. Con mayor o menor rigor técnico, todas han plasmado en sus alegaciones a esa propuesta todas sus reivindicaciones de los últimos meses, hasta el punto de que en algunos casos da la impresión de que esas alegaciones serían las mismas independientemente de lo que el departamento de María Jesús Montero hubiera puesto sobre la mesa.
Lo que sí ha vuelto a quedar claro son las enormes diferencias que existen entre los dos grandes frentes autonómicos que se han configurado, así como que la propuesta de Hacienda no satisface plenamente a ningún territorio y, por supuesto, que ninguna comunidad quiere empeorar su posición respecto a la actual.
Ante la evidencia de que poner de acuerdo a todas las regiones en un pacto de mínimos para un asunto en el que el interés territorial se entremezcla con el partidista va a resultar extremadamente complicado, el Ministerio de Hacienda elude concretar los plazos y los pasos a dar a partir de ahora: "Primero hay que analizar las aportaciones de las CCAA. Luego se verá la mejor forma, pero lo importante es la intención del Gobierno de seguir avanzando y buscar el máximo consenso".
Las CCAA han plasmado en sus respuestas al Ministerio de Hacienda intereses contrapuestos que perfilan dos grandes frentes autonómicos, lo que pone en bandeja a la ministra de Hacienda continuar dilatando los plazos de una reforma que ella misma ha ido demorando en el pasado y que el Gobierno ni siquiera prevé impulsar en 2022. Hacienda se limita a decir ahora que responderá a las CCAA "lo más pronto posible".
Las CCAA tenían hasta este lunes para formalizar su respuesta a la metodología planteada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de la población ajustada como criterio básico de asignación de recursos en el futuro modelo de financiación de las CCAA. A la vista de lo planteado por las demás regiones, la respuesta de la Comunitat Valenciana es una de las técnicamente más desarrolladas, sino la que más. El extremo opuesto lo representa Cataluña, que directamente rechaza alegar como el resto de CCAA y traslada una "opinión" en diez folios donde expresa que a lo que aspira es a la soberanía fiscal plena.
Como ya había avanzado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, las alegaciones preparadas por el Comité de Expertos de la Comunitat Valenciana están pensadas para que puedan ser asumidas por las demás CCAA porque se sustentan en documentos y argumentos técnicos.
Un hecho diferencial en la propuesta de la Comunitat Valencia, que solamente se reproduce en Aragón pero con un contenido diametralmente opuesto a la valenciano, es el consenso territorial que suscita, incluido el del PP valenciano.
La Comunitat rebate punto a punto la metodología de cálculo propuesta por el Ministerio de Hacienda con afán de afinarla, y propone que se eliminen las variables correctoras de carácter geográfico porque el Ministerio no ha podido demostrar técnicamente que impliquen mayores necesidades de gasto para regiones como Cantabria, Galicia o Asturias, que reclaman que se mantengan e, incluso, que se amplíen.
Pero también urge a Montero a concretar si van a eliminarse el resto de fondos secundarios del actual sistema que, más allá de la población ajustada, introducen transferencias horizontales entre CCAA encaminadas a mantener el statu quo. Insiste, además, en una solución a la deuda histórica acumulada por la infrafinanciación y reclama un fondo transitorio para compensar a las CCAA más castigadas con el sistema actual.
Andalucía y Murcia coinciden en la petición de ese fondo transitorio de nivelación. El Gobierno del popular Juanma Moreno prácticamente hace suya la propuesta de la Comunitat Valenciana en sus grandes peticiones, mientras que Murcia, también gobernada por el PP, considera "positivo" que la población ajustada sea el criterio básico de reparto, pero lo considera "impreciso, parcial, incompleto e insuficiente".
La región que más se desmarca del proceso abierto por el Ministerio de Hacienda es Cataluña. Tanto que, en realidad, no ha presentado alegaciones, sino un documento de observaciones en el que Jaume Giró recuerda que Cataluña aspira a la "soberanía fiscal plena", pero mientras tanto no renuncia a opinar sobre la propuesta de Montero.
Lo hace criticando que solo aborda la parte relativa a los gastos del futuro modelo, pero no es adecuada, ya que introduce variables correctivas "poco robustas técnicamente" y "deja fuera otras que pueden tener una relación directa con las necesidades".
El Govern de Catalunya argumenta que el criterio de población ajustada no se adecua a su realidad y defiende tomar en consideración elementos como el coste de la vida.
La cuestión del nivel de vida también figura en la respuesta enviada por Islas Baleares, que defiende que se tengan en cuenta en el reparto las diferencias de precios entre CCAA por el coste de los servicios públicos.
Según informó este lunes el Gobierno de Francina Armengol, insiste en que se tengan en cuenta las necesidades de gasto que genera la población flotante por el turismo, los trabajadores de temporada y residentes, ya que actualmente sólo se tiene en cuenta la población empadronada. También reclama más peso para la variable de insularidad, uno de los factores geográficos que pesan en el cálculo de la población ajustada.
El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que envió el documento al Ministerio tras presentarlo a PP y Cs y a los agentes sociales, también quiere un fondo adicional, pero en su caso para compensar la despoblación. Propone, además, que el territorio sea un elemento estructural para calcular el coste efectivo en la prestación de servicios y no solo un elemento corrector.
La propuesta castellanomanchega no sorprende por cuanto forma parte del bloque de comunidades que se reunieron en noviembre en Santiago de Compostela para consensuar una posición común en la reforma del modelo de financiación. Es el frente que defiende los intereses de la España despoblada y que integran otras siete CCAA de distinto signo político: Galicia, Castilla y León; Cantabria, Extremadura, La Rioja, Aragón y Asturias.
Cantabria fue otra de las comunidades que informaron este lunes –no todas lo hicieron– de los ejes de la contrapropuesta enviada al Ministerio. Tras compartirlas con los agentes sociales, su Consejería de Economía y Hacienda presentó un texto elaborado en colaboración con el grupo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria (UC) donde pide que se tengan en cuenta sus singularidades geográficas como la orografía y la dispersión porque inciden en las inversiones y el coste de los servicios.
La región apuesta, además, por mantener la cláusula del statu quo, algo que rechazan frontalmente otras como la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía. Muy similar a la de Cantabria es la posición de Asturias, que no detalló sus peticiones y solo avisó este lunes de que no consentirá un cálculo que empeore su financiación actual.
Galicia, por su parte, urge a debatir las alegaciones autonómicas en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y denuncia que, en su caso, la dispersión le genera una infrafinanciación de más de 802 millones con el modelo actual.
Galicia, como la Comunitat, también ha recabado la opinión de un comité de expertos, que rechaza el aumento de tramos de edad para calcular el coste sanitario de la población protegida porque penaliza el envejecimiento y propone una alternativa de cálculo del coste educativo basada en el número de matrículas en la enseñanza pública y concertada ponderadas por coste.
Si Cantabria ha puesto sobre la mesa la que a priori parece la propuesta contraria a los intereses valencianos más solvente desde el punto de vista académico, la planteada por Aragón ha suscitado un consenso como mínimo a la altura del logrado en la Comunitat Valenciana.
El Ejecutivo del socialista Javier Lambán, firmante también de la declaración de Santiago, ha incorporado propuestas de los partidos de la oposición en la propuesta que ha enviado al Ministerio de Hacienda, que cuenta con el consenso de todas las formaciones excepto Vox. La propuesta como tal tampoco esconde sorpresas respecto a lo esperado, pues si pide las variables territoriales, como la orografía y la despoblación, ganen más peso en el cálculo de las necesidades de gasto de las CCAA.
Más crítico con el Ministerio de Hacienda fue el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que calificó de "parcial y arbitraria" su propuesta sobre el cálculo de la población ajustada porque no supone un avance para la futura reforma del sistema al dejar fuera del análisis "aspectos fundamentales del actual modelo como la transparencia, el principio de ordinalidad o la eficacia de los fondos que componen el sistema".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
