La consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez. Foto: KIKE TABERNER
VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ya está ultimando los últimos flecos de su propio registro de 'lobbies'. La Conselleria de Transparencia, que dirige Rosa Pérez, se encuentra en los últimos estadios del proceso de diseño de esta herramienta que permitirá conocer la actividad de los grupos de presión y de interés en relación con la administración valenciana.
Los plazos con los que trabaja la Conselleria ya son muy cortos, tal como ha podido saber este diario de fuentes internas del departamento, según las cuales se trabaja en vistas a tener listo el registro la próxima semana para poder presentarlo tras más de tres años desde que Les Corts aprobaran la ley valenciana reguladora de la actividad de los grupos de interés.
El decreto que la regula, aprobado el pasado mes de octubre en sesión plenaria del Consell, salió adelante con considerable retraso ya que hasta 2021 no hubo una partida presupuestaria para costear el nuevo personal funcionario que trabajará en este registro, motivo por el cual la Conselleria de Hacienda, que encabeza Vicent Soler, había estado bloqueando la norma hasta ese momento.
Ahora, casi cuatro meses después, el departamento de Pérez Garijo se prepara para tener acabada la plataforma de lobbies, que será según el decreto "de carácter público, abierto, gratuito" y funcionará exclusivamente de manera electrónica. Su objetivo, a la postre, es "aplicar los principios de transparencia y publicidad a la actividad de los cargos públicos no electos o personal de la Generalitat que "mantenga reuniones o entrevistas de trabajo" con personas o entidades que sean consideradas "grupo de interés".
En ese sentido, será obligatorio inscribirse para aquellos grupos interés que "ejerzan la actividad de influencia" en el ámbito de la Generalitat, tanto personas como entidades u organizaciones. Además de datos básicos -nombres, tipos de entidades, datos de contacto, finalidad-, también deberán registrar también información financiera. "Sin esta inscripción no pueden reunirse, entrevistarse o participar de las agendas de trabajo de los cargos públicos, ni del personal empleado público", asegura el decreto sobre esto.
A partir de la inscripción inicial, los cargos públicos que se reúnan con estas organizaciones o personas deberán registrar los encuentros en esta plataforma, incluyendo "los asuntos tratados, las comunicaciones, los informes y todos los otros documentos que se produzcan a consecuencia de la actividad de influencia, incluyendo sus contribuciones y participación voluntarias en consultas oficiales sobre propuestas normativas, actos jurídicos y otros procesos participativos".
Asimismo, a este registro podrán adherirse otras administraciones públicas valencianas, como los ayuntamientos que lo deseen. Por ello, el decreto explicita que con el fin de facilitar sus funciones o la incorporación o el acceso al registro, se "impulsará la suscripción de convenios y otros mecanismos de colaboración con otras administraciones públicas, instituciones o cualesquiera otro tipo de entidades".
Por ejemplo, el Ayuntamiento de València se encuentra a la espera de que la Generalitat Valenciana finalice las labores de diseño de la plataforma. Sin ir más lejos, el consistorio aprobó a mediados de 2020 un nuevo reglamento de Buen Gobierno en el que ya se vislumbraba una regulación de los grupos de presión y su relación con el consistorio del 'Cap i Casal', así como un registro de los mismos, tal como publicó Valencia Plaza.
En esta norma impulsada por la concejalía de Transparencia, dirigida por Elisa Valía, se contemplaba ya una disposición según la cual el consistorio regularía "la transparencia de la actividad de los lobbies en el ámbito del Ayuntamiento de València" y se crearía, "en su caso", un registro de estos grupos. Pero una de las opciones con las que contaba la ciudad era adherirse a la herramienta que estaba desarrollando la Generalitat Valenciana, que es la actual intención.
Sobre ello, preguntada la edil del ramo por este diario, aseguró que el consistorio de la capital del Túria es "el primero que quiere adherirse" al registro autonómico, si bien se prefiere esperar a que se lance la plataforma para analizar la medida en que "responde a la realidad de la administración local". "Tomaremos una decisión en cuanto veamos cómo es la versión final del registro", explicó.
