La Torre Sarrió, uno de los baluartes que conforman el BIC de las Torres de la Huerta.ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante validó este miércoles el catálogo de protecciones de la ciudad: un documento que regula las condiciones de conservación de edificios y elementos paisajísticos que se ha confeccionado y tramitado durante los últimos cinco años. La propuesta prosperó con un amplio respaldo (23 votos de 29 posibles) gracias a la suma de PP, Cs, PSOE y Compromís (con la ausencia de dos ediles que también ejercen como diputados provinciales), después de las negociaciones emprendidas por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), para pactar su aprobación, en representación del equipo de Gobierno (PP y Cs).
Tanto PSOE como Compromís defendieron su apoyo al documento con el argumento de la responsabilidad. La alternativa era dejar que Alicante perdiese otra oportunidad para planificar la protección de su patrimonio, como sucedió en 2017, con la propuesta impulsada por el extinto tripartito, bajo las directrices del exconcejal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, como concejal de Urbanismo. Con el apoyo de socialistas y nacionalistas, se garantizaba la mayoría más que necesaria para que la propuesta prosperase, lo que permitió que al menos Unides Podem se decantase por ocupar el espacio crítico y que pusiese el foco en las carencias y ausencias de las que, a su juicio, adolece el documento. Sea como fuere, lo cierto es que con la aprobación inicial del documento, las determinaciones del catálogo ya surten efectos. Cualquier iniciativa que se pretenda desarrollar sobre alguno de los inmuebles catalogados debe ceñirse a lo que delimiten sus respectivas fichas, pese a que el catálogo todavía no haya sido avalado por la Generalitat.
En principio, la Conselleria de Política Territorial deberá evaluar ahora si la propuesta adolece de algún defecto que deba ser subsanado, lo que implicaría devolverla al Ayuntamiento para que corrigiese esas observaciones y la elevase a aprobación definitiva. En caso de no haber subsanaciones, el catálogo quedaría aprobado de forma definitiva en su estado actual.
Eso sí, la fumata blanca que ha supuesto su aprobación tras cinco años de trabajo técnico y administrativo no ha evitado el derribo de varios edificios para los que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo habían planteado algún grado de protección. Así, desde que se produjo el vencimiento de la suspensión de licencias acordada con motivo del inicio de la tramitación del catálogo, en el año 2015, han desaparecido al menos ocho inmuebles distintos, después de que la propuesta de catálogo impulsada por el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) quedase rechazada por PP, Cs y los dos ediles no adscritos (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) en mayo de 2017.
El primero de esos edificios fue un inmueble situado en la confluencia entre Benito Pérez Galdós y José María Py: un inmueble de planta baja y dos alturas, construido en 1948, para el que se proponía el grado de conservación parcial. La construcción original fue demolida y, en su solar, se está terminando de edificar un inmueble de carácter residencial, de nueva planta.
El edificio original, entre Pérez Galdós y José María Py.
El solar, tras el derribo.
El edificio actual.En la misma avenida, Pérez Galdós, también se ha demolido un segundo edificio residencial; otro en el número 18 de la calle Calderón de la Barca (ahora también se descataloga el número 20, contiguo, al romperse la unidad arquitectónica que representaban ambos); lo mismo ha sucedido con otro inmueble situado en la calle del Pozo, en el barrio de San Antón; y la situación se ha reproducido por lo que respecta a un quinto edificio situado en la finca Marimón, junto a las Lomas del Garbinet, que también se proponía catalogar con el grado de protección parcial.
El desenlace se repite para los edificios de los números 15 y 17 de la calle General Lacy, que también se pretendía proteger con ese mismo grado de conservación en la propuesta de catálogo de 2017 y con el número 17 de la calle Virgen de Belén, del que solo permanece en pie el basamento de su fachada. Ahora, la nueva versión catálogo llega tarde para todos ellos y ninguno volverá a recuperarse. Es lo que ocurrió con el silo de San Blas o con los tinglados ferroviarios durante la construcción del nuevo trazado soterrado del ferrocarril, como subrayó este miércoles la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, durante su intervención en el pleno de aprobación del catálogo, pese a que, en su momento, se suscribieron compromisos de conservación, bajo el mandato de la popular Sonia Castedo.
El catálogo, que ya tiene eficacia, admite la posibilidad de que se construya obra nueva con condiciones en determinados perímetros de las Torres de la Huerta, a la espera de que todo el sector se ordene a través de un Plan Especial
Pero, además, el catálogo deja por resolver una cuestión a futuro, en la medida en que no se trata de un instrumento capacitado para establecer una ordenación urbanística concreta: la planificación del suelo en el que se asientan las llamadas Torres de la Huerta, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC). Esa definición queda postergada a la redacción de un Plan Especial específico, que debería comenzar a elaborarse en un plazo de tres meses, en función del acuerdo suscrito por el edil de Urbanismo con los representantes de Compromís. Hasta entonces, la mayoría del suelo urbanizable y no urbanizable de ese ámbito, en el que se incluye el sector de La Condomina, seguirá expuesto a que pueda plantearse cualquier proyecto de desarrollo residencial, que debería someterse a tramitación y, en su caso, aprobación.
Por ahora, el catálogo modula las distancias del entorno de protección de cada una de esas torres defensivas con la intención de no dejar fuera de ordenación a los edificios preexistentes que se han construido en sus proximidades a lo largo de las últimas décadas. Y, además, se contemplan varios perímetros delimitados con distintos grados de protección en los que sí se daría cabida a determinadas edificaciones.
Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de La Torre Sarrió, o para la Torre de Ansaldo. En sus dos fichas, se delimita un entorno de grado A, en el que no se permiten nuevas construcciones ni la ampliación de las obras existentes, además de un grado B, en el que se reconocen las edificaciones preexistentes y se permiten obras de mantenimiento y conservación, "así como las obras de nueva planta y ampliación en aquellas parcelas cuyo aprovechamiento no haya sido agotado". Eso sí, se establece que para las obras de nueva planta y ampliación, la altura máxima de edificación será de dos plantas y siete metros y se añade que "estas obras se ubicarán lo más alejadas de la torre que las condiciones de la parcela permita".
