ALICANTE. Todo listo para el estreno oficial de la temporada de baño en las playas de Alicante. O casi todo, a la espera de que se pueda formalizar la contratación de los llamados informadores turísticos promovidos por la Generalitat, aunque ahora derivados a los ayuntamientos. Por lo pronto, el equipo de gobierno (P y Cs) completó este jueves la información sobre el dispositivo de vigilancia y salvamento trazado para el segundo verano tras la pandemia de la covid, con tres novedades esenciales.
La primera, quizá la más novedosa respecto a 2020, es la renuncia a la instalación de balizas para delimitar las distancias entre grupos de bañistas. Se deberá seguir procurando una separación de 1,5 metros y también se tendrá que portar la mascarilla mientras se permanezca en la arena, en función de los protocolos mantenidos hasta ahora por la Conselleria de Sanidad. Eso sí, solo se situarán los postes de madera que se instalaron durante el pasado verano para marcar separaciones en la franja de unos cuatro metros junto a la orilla reservada como espacio de paseo y acceso al agua, en la que no se exige el uso de la mascarilla. El resto de la superficie de los arenales quedará libre, para no interferir las labores de limpieza y cribado de la arena y evitar las dificultades de interpretación que se detectaron durante 2020.
Como segundo elemento novedoso, se confirma la adhesión de todos los arenales de la ciudad a la campaña de espacios sin humo promovida por la Conselleria de Sanidad. Con la iniciativa, el Patronato de Turismo que coordina la edil Mari Carmen Sánchez (Cs) avanza en la experiencia piloto que se desarrolló en 2020 en Urbanova y La Almadraba, con el fin de extender la recomendación de no fumar para los usuarios que acudan a cualquiera de las playas, sin establecer sanciones, al margen de la prohibición expresa de hacerlo salvo que se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros de separación con terceros (cuyo incumplimiento sí será sancionable como en el resto de la vía pública).
La tercera diferencia respecto a la pasada campaña estival se dio a conocer el miércoles: se trata de la adquisición de dos drones específicos "para reforzar los medios aéreos en las playas y vigilar los aforos", según concretó el edil de Seguridad, José Ramón González (PP). En esta temporada, esos drones estarán a cargo de la Policía Local (el año pasado se recurrió a los drones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios) con el fin de evitar aglomeraciones y "controlar los zonas de mayor afluencia de personas", como también subrayó González.
A grandes rasgos, el resto de condiciones se mantienen, salvo por lo que respecta al refuerzo en el número de agentes de Policía Local, que se elevarán hasta 74. Así, también se establece que los accesos con doble pasarela quedarán reservados en sentido de entrada o de salida, mientras que en los accesos de pasarela única, solo podrá transitarse simultáneamente en un sentido, teniendo preferencia los usuarios que salgan sobre los que entren, que esperarán a que la pasarela esté libre de paso. Además, el tránsito por las pasarelas se hará con adecuado calzado.
De igual modo, el servicio de salvamento, a cargo de Ebone Servicios Educación Deporte SL y Embesur, permanecerá en activo hasta el 15 de septiembre con 46 socorristas entre 10:00 y las 20:00 horas (salvo en septiembre, de 11:00 a 19:00). Y también se mantendrá el sistema de control de aforos con cámaras inteligentes en la Playa de El Postiguet, en el marco del programa Ibeach, desarrollado junto a Aguas de Alicante, ya durante el pasado verano.
No obstante, al margen de ese paquete de medidas ya implantadas, existen dudas respecto a la incorporación de los informadores turísticos que deben prestar asesoramiento en el conjunto de municipios del litoral de la Comunitat. La Concejalía de Recursos Humanos que también coordina José Ramón González ya ha iniciado los trámites para su contratación, después de que la Generaliat haya delegado ese trámite en los ayuntamientos.
No obstante, todo parece indicar que no podrán estar operativos en la fecha prevista, ya que depende de los procesos de selección que debe abordar Labora y, además, sigue supeditado a que el departamento de Intervención municipal dé su visto bueno. Fuentes del equipo de gobierno incidieron en que podrían plantearse algún tipo de reparo ya que el sistema habilitado por la Generalitat supone una delegación de competencias similar a la del Plan Edificant que ya ha motivado informes en contra de ese área. Además, las mismas fuentes lamentaron que la Generalitat haya "improvisado" ese nuevo sistema de contratación "sin haber informado ni consultado previamente" a los ayuntamientos, ni haber evaluado las necesidades reales, cuando, además, supone unos gastos adicionales que no estaban contemplados. En el caso de Alicante, esos gastos se elevan a cerca de 90.000 euros, según las mismas fuentes.