Las piscifactorías valencianas avisan de que la Ley de Cambio Climático compromete su futuro

ALICANTE. La nueva Ley de Cambio Climático protagonizó unos minutos de la sesión de control en el Congreso de los Diputados esta semana. El diputado popular Joaquín María García Díez interpeló a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para criticarle que, tras prometer "diálogo" en torno a la nueva ley, haya introducido de forma unilateral un nuevo artículo, el 18, que modifica sustancialmente la actual Ley de Costas (de 2013) en lo que se refiere a las concesiones del dominio marítimo-terrestre.

Ese artículo, según denuncian el PP y las empresas del sector marítimo alimentario, modifica de forma drástica la duración de las concesiones que han permitido a empresas como las piscifactorías que operan en la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana levantar sus instalaciones en el litoral mediterráneo. La clave radica en que el tiempo total de la concesión, que no puede superar los 50 años incluidas las prórrogas, se empieza a contar desde el primer día que se otorgó en base a la Ley de Costas de 1988, y no desde que se solicitó la prórroga. O lo que es lo mismo, muchas de esas concesiones verán recortada su duración hasta 30 años.

En el caso de las piscifactorías valencianas, las fuentes del sector consultadas por Alicante Plaza advierten de que esta modificación de la duración de las concesiones vía Ley de Cambio Climático genera una importante inseguridad al sector, y compromete inversiones futuras planteadas por las empresas que explotan las citadas instalaciones de acuicultura. "El verdadero destrozo lo provocará en Galicia", indican estas fuentes, "pero afecta a todos los que tenemos una concesión en el litoral español, y compromete inversiones futuras". Un acuicultor consultado por este periódico al respecto señala que "parece que quieran que volvamos a la caña de pescar".

En la Comunitat Valenciana operan varias firmas locales de acuicultura que aportan el 21% de la producción de lubina y nada menos que el 52% de la dorada de piscifactoría producida en España, que se comercializa a través de los Mercas y grandes cadenas. Culmarex tiene producción en Altea, Sagunto y Guardamar; Cudomar cuenta con instalaciones en El Campello; Andrómeda tiene granjas de peces en La Vila y Calp; y Culmar, del Grupo Marjal, opera también en Guardamar.

Estas piscifactorías están asociadas a la patronal Apromar, que se ha unido en una plataforma con otras cinco asociaciones empresariales relacionadas con el sector alimentario marítimo español, para organizar su oposición a la reforma legislativa: la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade); la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco); el Clúster de la Acuicultura, la Federación Galega de Cofradías de Pescadores; y la Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex).

Evitar un problema jurídico

Esta plataforma señala que "la aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, salvo que se suprima su actual artículo 18, supondría reducir en 30 años la posibilidad de duración de las concesiones que permite la actual normativa". Así, la lectura para estas empresas del sector marítimo alimentario "es muy clara: el Ministerio para la Transición Ecológica quiere zanjar el problema jurídico que sabe que tiene para sustentar una interpretación, que intenta implementar desde hace varios años, de que los plazos de las prórrogas extraordinarias se cuenten desde el día 1 de la concesión original, y no desde que se solicite la prórroga extraordinaria, tal como explícitamente establece la Ley de Costas en vigor".

La ministra, por su parte, replicó al diputado popular que la tramitación de la Ley de Cambio Climático se ha realizado con total transparencia, en contra de las críticas del PP y de las empresas del sector, y que ha estado un mes expuesto al público (el plazo de alegaciones en el Congreso finalizó el martes pasado), antes de comenzar ahora su debate en la Cámara Baja.