Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El sector de la acuicultura, enfocado fundamentalmente a la gran distribución alimentaria y el canal Horeca, también ha sufrido los rigores de la crisis del coronavirus, aunque de forma menos mediática que otros. A pesar de que los supermercados y tiendas de alimentación han mantenido la actividad con relativa normalidad e incluso en algunos casos han incrementado sus ventas, la caída de las ventas minoristas y el cierre de la hostelería ha dejado tambien un 'bocado' en el sector del cultivo de peces.
En este contexto, la asociación nacional de acuicultores, Apromar, se ha dirigido al Gobierno central para apremiarlo a asumir la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y activar ya la llegada de recursos a las empresas del sector. Aunque esta es una competencia autonómica, las piscifactorías agrupadas en Apromar, de la que forman parte varias firmas de la Comunitat Valenciana, consideran que los gobiernos autonómicos no están mostrando la suficiente diligencia y piden que el Ejecutivo central tome cartas en el asunto.
La entrada de estos fondos de compensación se antoja clave para poder competir en el mercado europeo, donde las piscifactorías de Grecia ya disfrutan de una inyección económica que les permite rebajar precios, y Turquía cuenta con condiciones preferentes para introducir su producción, según Apromar. Así, la asamblea general de la organización acordó instar al Gobierno central a que marque las condiciones generales del FEMP para impulsar su ejecución por parte de las diferentes autonomías, según fuentes del sector.
En este sentido, en la Comunitat Valenciana operan varias firmas locales de acuicultura que aportan el 21% de la producción de lubina y nada menos que el 52% de la dorada de piscifactoría producida en España, que se comercializa a través de los Mercas y grandes cadenas. Culmarex tiene producción en Altea, Sagunto y Guardamar; Cudomar cuenta con instalaciones en El Campello; Andrómeda tiene granjas de peces en La Vila y Calp; y Culmar, del Grupo Marjal, opera también en Guardamar.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión aprobaron el pasado 23 de abril un reglamento con medidas específicas para atenuar el impacto del coronavirus en el sector de la pesca y la acuicultura, que ofrece la posibilidad de conceder capital circulante y compensación a los acuicultores de la Unión Europea, pero es necesario ahora que cada Estado miembro lo articule a nivel nacional. Si bien son los respectivos gobiernos autonómicos los competentes en acuicultura y en la gestión del FEMP en su territorio, "su capacidad de actuación es limitada en estos momentos", indican las mismas fuentes, por lo que piden la intervención del Gobierno central.
En este sentido, Apromar considera que el Ejecutivo de Sánchez debería dar un paso adelante y establecer criterios comunes de elegibilidad del FEMP, para sus nuevas medidas, para todo el territorio nacional. "La mayor parte de las autonomías son incapaces de establecerlos por su cuenta en estos momentos", argumentan. También piden, dada la situación excepcional que atravesamos, "flexibilizar y agilizar al máximo los trámites administrativos para la concesión de estas ayudas, incluyendo la materialización de los pagos pendientes de resoluciones del FEMP previas".
Las firmas de acuicultura advierten de que algunos estados miembro de la UE, como Grecia, principal competidor de las empresas españolas de acuicultura de dorada y de lubina, han puesto ya al servicio de su sector de la acuicultura una batería de medidas de apoyo. Y en el caso de Turquía, el otro gran competidor, denuncian que "está favoreciendo mediante subsidios desleales la exportación a España de cantidades ingentes de estos pescados a precios de dumping, como se pueden constatar en los centros de la red de Mercas españoles".
