Imagen de archivo en Benidorm. Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. La asociación de 'Las Kellys Benidorm-Marina Baixa' ve con preocupación tanto su presente, como su futuro más cercano debido a las consecuencias que tiene para el turismo la pandemia del coronavirus covid-19. Así se lo han mostrado a la Generalitat Valenciana, a través de su reunión con el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau.
Una de las reivindicaciones del colectivo desde hace años es que se pueda establecer una carga de trabajo adecuada para las empleadas del sector, ya que consideran que el número de habitaciones es superior al que son capaces de atender a ritmo normal. Hasta ahora, parece haber quedado en una declaración de intenciones.
Ahora, sabiendo las diferentes medidas que tendrán que tomar para mantener los alojamientos seguros en materia sanitaria, prevén que sus tareas se multipliquen con la desinfección de numerosas partes de la habitación que antes no se tocaban. Es por esto que la portavoz de la asociación comarcal, Yolanda García, señala que se tiene que incluir en los protocolos nacionales la carga de trabajo factible.
Una medida a nivel nacional para asegurarse que se cumple y que no haya distinción entre regiones, teniendo en cuenta –dice García– que el poder de los sindicatos no es igual en según qué sitios. No obstante, entiende que tiene que establecerse unos máximos acorde a las características de cada hotel, porque por ejemplo, unos tendrán más espejos que otros, o simplemente hay habitaciones más grandes y otras con menos muebles. Con todo, pidieron además que se les formara en el uso de productos para limpiar y evitar intoxicaciones y errores.
La asociación también solicitó que se estudiara la idoneidad de conceder la jubilación anticipada de las camareras de piso a partir de los 59 o 60 años. Explican que si ya de por sí tienen problemas de salud por le trabajo que desempeñan, ahora se suma la exposición al virus siendo personas de riesgo por las diversas patologías y la propia edad a la que hacen referencia. Todo ello pidiendo que se considere como trabajo penoso, que es la figura que admite la jubilación.
La Generalitat Valenciana obliga a las empresas a que las fijas discontinuas entren en los Expedientes de Regulación Temporal de Empresas (ERTE), tanto las que habían sido llamadas antes de que se iniciara el ERTE, como las que no. En este caso, se usa de base la fecha de 2019. Sin embargo, García señala que ya han constatado que una cadena hotelera de Benidorm no está cumpliendo con esta norma, apelando al convenio o incluso a prestaciones que pueden pedir.
El escenario que se le plantea a las empleadas está plagado de incertidumbre. Algo que se agrava para las que echaron con despido improcedente cuando se inició la crisis, así como las eventuales y externalizadas. García explica que hay algunas de ellas que ya no cobran el paro, y están tirando de la ayuda familiar, que se queda en 430 euros al mes. Insuficiente para los hogares sin más ingresos. Un panorama difícil sabiendo que además, puede que no haya trabajo este verano porque está previsto que los hoteles no abrirán con toda su capacidad.
García informa que a nivel nacional, se han unido 11 asociaciones en la Plataforma Estatal de Camareras de Pisos para presentar una queja en el Defensor del Pueblo. Intentan así que se ampare a las eventuales y trabajadoras para empresas externas, que se han quedado fuera de los ERTE, con la desprotección económica que eso conlleva.
