ALICANTE. Las alegaciones presentadas a la primera modificación de crédito sobre el presupuesto municipal de 2018, aprobada el pasado mes de junio, complican aún más los planes del equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), para cancelar el Plan de Ajuste al que el Ayuntamiento de Alicante se encuentra sometido desde el año 2012. Para poder adoptar ese acuerdo, el gabinete que coordina Luis Barcala no sólo tendrá que garantizarse más votos a favor que en contra entre los concejales de los grupos de la oposición. También tendrá que combatir el lógico retraso administrativo que conlleva la resolución de esas alegaciones.
Hasta ahora, al menos la delegación sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Alicante ha dado el paso de alegar frente al primer cambio presupuestario impulsado por el PP. En su escrito que trata de enmendar esa modificación de crédito, el sindicato solicita la ampliación de la plantilla de bomberos, la funcionarización de los trabajadores del Patronato de Vivienda o el desarrollo de la carrera profesional, entre otros puntos. En esa operación, los populares ya incluyeron un primer movimiento de partidas por la que se destinaba 10 millones a amortizar préstamos de manera anticipada. Ahora, deberá evaluar esa alegación -junta al resto de las que se puedan haber presentado- y elevar una propuesta de resolución (admitiéndolas o rechazándolas) a una próxima comisión de Hacienda, primero, y a pleno, después.
¿Qué supone eso en el terreno práctico? Trabajo adicional para los funcionarios de Hacienda y, en consecuencia, tiempo de tramitación. ¿Qué efectos tiene eso sobre la segunda propuesta de modificación de crédito que trata de poner fin a la intervención por parte del Ministerio de Hacienda? Que sin que la primera modificación esté aprobada de forma definitiva, los números propuestos para la segunda no cuadran: no sería suficiente destinar 30,5 millones para saldar los préstamos pendientes contratados con motivo del plan de pago a proveedores, ya que todavía faltaría por pagar los 10 millones previos.
En principio, la resolución de las alegaciones al primer cambio presupuestario podría plantearse la próxima semana, en la comisión de Hacienda previa al pleno extraordinario en el que se pretende aprobar la segunda modificación de crédito. Ese es el horizonte temporal que contempló el propio alcalde este lunes, en una comparecencia pública en la que dijo no contemplar que la oposición se oponga a cancelar el plan de ajuste. "Las sensaciones que tenemos es que, como mínimo, no van a votar en contra", señaló. La cuestión es que ese mismo escenario de alegaciones y obstáculos administrativos puede repetirse para esa segunda modificación de crédito, de modo que toda la concatenación de acuerdos posteriores también queda expuesta a retrasos.
Entre ellos, el más evidente es la confirmación del beneplácito del Ministerio de Hacienda a la retirada de ese plan de ajuste. Por el momento se sobrentiende que se concederá. Pero también figuraría la propia revisión de las ordenanzas fiscales, prevista para septiembre, con la que el PP pretende rebajar el IBI (un 5%) e introducir incentivos fiscales para favorecer la instalación de empresas en la ciudad (rebajas del ICIO, IBI y del IAE, como ya ha contado Alicante Plaza), ya que si el plan de ajuste continúa, el Ayuntamiento no podrá tocar sus impuestos.
¿Cuál sería el efecto final? Que el PP podría no llegar a tiempo de aprobar esa reforma fiscal con la antelación suficiente para que pudiesen aplicarse a partir de 2019. Y, por tanto, tampoco podría contar con libertad para proponer un presupuesto municipal nuevo en 2019, en el que se ampliase el techo de gasto de 10 millones que ahora sí está condicionado por el plan de ajuste.
Mientras, los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) siguen sin confirmar cuál va a ser su posición oficial cuando se tenga que votar sobre la segunda modificación de crédito. Por lo pronto, tanto PSOE como Cs insisten en señalar que no dejan de alimentarse sus dudas al respecto. En primer lugar, los socialistas insisten en su incredulidad sobre la obtención de recursos necesarios para afrontar la amortización anticipada de los préstamos y seguir asumiendo otras obligaciones económicas. Entre ellas, por ejemplo, la disposición de cerca de 700.000 euros para complementar la subvención concedida por la Unión Europea para ejecutar la rehabilitación del Castillo de San Fernando.
Cs, por su parte, abunda en sus reticencias sobre la conveniencia del momento político para impulsar la medida. Sus representantes insistieron en que, sin tener la garantía de que el Ministerio de Hacienda pueda conceder su visto bueno en tiempo, se estaría renunciando a que el Ayuntamiento planificase obras por valor de 30,5 millones.