VALÈNCIA. La legislatura en la Comunitat Valenciana, con casi un año de recorrido, ha entrado una fase de cierto atasco donde los cruces de declaraciones y reproches marcan la agenda, con una preocupante parálisis o, al menos, aparente carencia de ideas poderosas de gestión en el ámbito autonómico que envíen a segundo plano las disputas ideológicas.
Tal y como informó este diario, una vez confirmado tras las elecciones generales de julio de 2023 que el socialista Pedro Sánchez volvería a gobernar, una de las principales estrategias del PPCV liderado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, era la de dirigir toda su artillería reivindicativa al Gobierno central. Motivos para ello siempre existen: la reforma del sistema de financiación, la exigencia de mayores inversiones en infraestructuras, la aceleración del Corredor Mediterráneo, la defensa del trasvase Tajo-Segura, la reclamación de los fondos de Dependencia, la petición de ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante, aprobación de la ampliación del Puerto... Unas reivindicaciones que, incluso en el caso de comprometerse, como en el caso de las dos últimas, no tiene por qué implicar una concesión discursiva, dado que siempre se puede exigir, por ejemplo, más celeridad en los trámites o más inversión para los proyectos.
En este sentido, la posición de los populares valencianos de Mazón podía calificarse de cómoda en este escenario. En una época de cierta dificultad económica, la posibilidad de exigir de forma ilimitada al Gobierno central de PSOE y Sumar y también de culpar al Ejecutivo del Botànic por la gestión anterior a la hora de resolver los problemas -la izquierda también lo hizo durante años cuando gobernó- eran dos pilares sólidos en este primer año de legislatura de Mazón. Si a eso, se le sumaban como ocurrió algunas iniciativas programáticas del presidente de la Generalitat, como la bajada de impuestos, se podía dar por apuntalado un inicio de mandato de cierta solvencia.
Ahora bien, en esta hoja de ruta se han ido percibiendo dos problemas para el PPCV -y también para el Gobierno valenciano- que pueden darle cierta intriga a la legislatura. El primero es que el inquilino en La Moncloa, el socialista Pedro Sánchez, no parece dispuesto a permitir un bombardeo constante sobre su gestión. Cabe recordar que el PP, tras las elecciones autonómicas del pasado año, pasó a liderar el gobierno en 11 comunidades: demasiadas para estar soportando la presión de cada una de ellas con constantes reivindicaciones, incluso aunque el afectado haya escrito un 'Manual de resistencia'.
El segundo problema consiste en que Mazón tiene a Vox como socio en el Consell. Y no es el único, sino que esto ocurre en otras cuatro regiones: Murcia, Extremadura, Aragón y Castilla y León, al margen de otros gobiernos conjuntos en grandes ciudades como València, sin hablar de la dependencia existente para el PP de los votos del partido de Santiago Abascal en diversos parlamentos autonómicos.
Así, el presidente del Gobierno de España se ha decidido a mantener una estrategia de contraataque con el objetivo de evitar convertirse en saco de boxeo inanimado de las comunidades autónomas. Y para esa estrategia, al margen de amagos de dimisión, el eslabón más débil donde golpear -al menos así lo consideran en La Moncloa a la vista de los hechos- son las regiones donde el PP gobierna con Vox, dado que es donde se producen mayor número de iniciativas que facilitan una reacción y movilización del electorado de izquierdas, así como la agitación de la opinión pública.
En estas últimas semanas se ha podido apreciar con las denominadas leyes de Concordia impulsadas en tres de las autonomías donde gobiernan PP y Vox y que, en el caso de la Comunitat Valenciana, viene a derogar la de Memoria Democrática. Un texto todavía en trámites de aprobación en Les Corts que la oposición ha calificado de "infamia" al considerar que está dirigida a "blanquear el franquismo".
Es aquí donde el Gobierno de España ha visto una oportunidad de contraatacar con fuerza, ya no sólo avisando de que articulará comisiones bilaterales sobre estas leyes sin descartar llevarlas al Constitucional cuando entren en vigor, sino también remitiendo los textos a la Unión Europea y a la Organización de Naciones Unidas (ONU). De hecho, estos últimos, a través de tres relatores, emitieron un dictamen en el que expresaban claras reticencias sobre las citadas iniciativas al considerar que estas podrían"invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".
Una respuesta que desde el Gobierno de España se han encargado de difundir por tierra, mar y aire. Este martes, el ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, remitía a la presidenta de Les Corts una carta para pedir que traslade a los grupos de la cámara el citado informe de tres relatores de la ONU contrario a las leyes autonómicas de concordia.
De esta manera, los esfuerzos del Ejecutivo central se han situado por imponer en primera línea de la agenda política esta cuestión, además de por el genuino interés ideológico existente de oponerse a la iniciativa, también por la importancia del momento en el calendario: con las elecciones catalanas y europeas en ciernes.
Una tesitura compleja para el Gobierno valenciano, especialmente cuando esta iniciativa partió de Vox y ahora el PP se ve obligado a defenderla. Así, el propio Mazón se encargó en primer lugar este fin de semana de matizar que el dictamen de los tres relatores no consistía en una resolución de la ONU. "Parece que ni es una resolución ni es de la ONU", aseguró.
No obstante, este martes redirigía el tiro para tratar de cambiar el orden de las prioridades informativas en la agenda. Así, tras ser preguntado por la carta del ministro Torres, el jefe del Consell instó al Gobierno central a "dedicarse a las cosas de verdad, en vez de estar buscando cartas, relatos y montando patines para ver si nos llama a fachas a los demás todos los días".
En esta línea, Mazón resaltó: "Yo la ley que espero que cumpla el Gobierno de España es la de la dependencia, por ejemplo, porque hemos incorporado a 2.100 más y en estos momentos hay 154.896 personas dependientes a la Comunitat Valenciana que están clamando por que el Gobierno cumpla y por fin fije los fondos que tiene que fijar, que lleva años sin fijarlos".
Sobre este particular también fue inquirida la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, quien calificó de "estrategia" la misiva enviada por la Administración central. "La estrategia del Gobierno de España es hacer oposición a las comunidades autónomas en vez de dedicarse a lo importante. Les viene muy bien despistar y hablar de este tema en vez de preocuparse de los problemas que tenemos todas las comunidades autónomas, en este caso esta comunidad autónoma, que la necesidad de que se nos dé la financiación que se nos debe desde hace mucho tiempo o que se nos deben 3.000 millones de euros de la atención a la dependencia", sentenció, para instar al Gobierno a "hacer su labor" como "aprobar los Presupuestos Generales del Estado o trabajar en los problemas de vivienda, de seguridad o de empleo".
Una réplica que deja entrever el deseo del Consell, al menos en lo que se refiere al PP, de centrar el debate en las reivindicaciones valencianas frente a la insistencia del Gobierno central de mantener en la parte superior de la agenda las mencionadas leyes de concordia. Una pugna donde, probablemente, Vox se encuentra más cómodo pero en la que Mazón, no parece estar, ni mucho menos, tan interesado. El motivo es obvio: este tipo de debates 'tapan' los logros de gestión que pueda conseguir y, además, también oscurecen las reivindicaciones -muchas de ellas justificadas- al Gobierno de España que pueda poner sobre la mesa. Especialmente, porque la potencia de fuego mediática cuando un asunto como el de las leyes de concordia alcanza el ámbito nacional es mucho mayor al que se tiene desde el autonómico en ese reto por controlar la polarizada agenda.