CASTELLÓ (EFE/Javier Herrero).- Tras año y medio de cierres a cal y canto o de eventos con asiento obligatorio y distancias de seguridad, la música en vivo vuelve a disfrutarse de pie en salas pequeñas y grandes recintos como el Wizink Center, que esta misma noche celebra con Rayden su primer concierto pospandémico bajo este formato. Serán unas 10.000 personas (el viejo aforo completo era de unas 16.000), con la pista libre de sillas, aunque con mascarillas aún. ¿La respuesta del público? "Está todo vendido, aunque noto a un sector con cierto respeto todavía", explica a Efe el artista, que abrió por si acaso un proceso de devolución de entradas "por las molestias ocasionadas con tanto cambio".
De esos vaivenes saben bien en el San San de Benicàssim, que la semana pasada se convirtió en "el primer gran festival de la nueva normalidad", con capacidad para bailar y moverse en libertad por un recinto al aire libre siempre que se presentara el llamado pasaporte COVID (con al menos 14 días de antigüedad) o un test reciente de antígenos o PCR negativos.
"Lo complicado fue la espera, porque hasta octubre no tuvimos regulación para hacer los eventos, 20 días antes del festival", cuenta Roberto Recuero, coordinador de la cita, aplazada varias veces desde su malograda edición de marzo de 2020, hasta que se plantaron.
El pasado mes de julio volvieron a presentar el proyecto para las que han sido sus fechas definitivas contando con que el público estaría de pie, casi como un acto de fe. "Fue una apuesta que hicimos pensando en los índices de vacunación", reconoce sobre una jugada que les salió bien. "La respuesta fue espectacular. El viernes llovió durante 5 horas seguidas y no se movió nadie del recinto, la gente bailando como antaño, sin conflictos, sin intervenciones. Ha sido una inyección de vida, de ilusión y de todo. Leiva hasta paró el concierto para decir que lo que estaba viviendo era único", rememora sobre este evento que reunió a más de 60.000 personas en tres jornadas, con 22.000 personas de aforo legal por día, incluido el personal.
Todo esto hace que los promotores vean "con cierto optimismo" el futuro. "Hay que mirarlo con distancia, porque todo es muy complejo desde hace mucho tiempo, la situación está cambiando y es muy diferente a la de hace solo unos pocos meses, con incertidumbres que aún planean, pero parece que 2022 será de vuelta a la normalidad", señala Albert Salmerón, presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM).
Además de la situación sanitaria general, la crisis económica que planea a raíz de la misma y problemas derivados de nuevas circunstancias como el bréxit, otra de esas incógnitas es la respuesta del público a reencontrarse de pie, sobre todo en espacios cerrados.
"Está costando vender entradas en general, más allá de los que son muy claros. El ritmo de ventas no es muy alegre en general, porque venimos de una situación extraña, pero esperemos que el nivel de confianza suba poco a poco", indica Salmerón.
El de retirar sillas y recuperar aforos es, en cualquier caso, un paso necesario para esta industria. "Las cuentas han estado saliendo a duras penas y en algunos casos no salían. Los márgenes se redujeron muchísimo. Hay giras que solo tienen sentido en ese formato", subraya.
Tras 20 meses de inactividad, las pequeñas y medianas salas del circuito tradicional son probablemente las que más han sufrido la situación. Según cálculos de ACCES (Asociación Estatal de Salas de Conciertos), unas 23 han cerrado durante la pandemia.
Se enfrentan por un lado al agravio comparativo con la hostelería, "donde se siguen los protocolos, pero relajados", protesta Armando Ruah, coordinador ACCESS, que ante la prohibición en algunas comunidades autónomas del consumo de bebidas recuerda que "las salas necesitan venderlas o no son sostenibles ni viables".
Ensalza en ese sentido casos como el de Cataluña, donde ya es posible su consumo con "un aforo reducido, pero razonable, del 70% de pie, que no es lo mismo que sentados", en contraposición con lugares como Galicia, que mantiene aún "muchas limitaciones".
"La asimetría entre comunidades es un problemón. Además son normativas muy confusas. En algunas de ellas se dice que se intentará mantener la distancia de seguridad, pero una vez con la sala llena, aunque sea al 75%, es muy complejo ejercer de policía o llamar la atención para que se suban la mascarilla cuando no se está bebiendo", apunta.
En regiones como Cataluña se requiere certificado COVID para el acceso, como sucede en la Comunidad Valenciana o en Murcia, que es en opinión de Ruah la forma de conciliar el consumo de bebidas y estar de pie en un espacio seguro. "Esa, o la PCR, es la solución si uno quiere estar tranquilo en un espacio cerrado y con público de pie mientras siga la amenaza de pandemia. Y el que no quiera, con todo respeto, igual no puede asistir", opina.