Que una administración, alcalde o presidente ponga en marcha un nuevo organigrama, además de la legalidad de éste, debe responder a una lógica: la lógica de la necesidad y si ésta no encuentra justificación en un primer momento -por las razones que fuere-, debe esperar a la madurez de los tiempos. Una persona interesada en la política y en el devenir de los actos administrativos que emanan de las decisiones políticas puede comprobar fácilmente cómo determinados nombramientos, creación de puestos específicos y retribuciones, por mayores o mejores que sean, por acertadas o no que sea o por la necesidad que requieran, son el tiempo, el contexto y la necesidad las que las apuntalan.
Hago esta reflexión a cuenta de lo acontecido esta semana en el Ayuntamiento de Alicante, con la decisión de su alcalde, Luis Barcala, de aprobar, con cierta premura -algo había dejado caer ya el primer edil en junio-, una nueva organización administrativa que supone la creación de dos áreas de coordinación general y de diez direcciones generales específicas para cada ámbito relacionado con la gestión municipal.
El primer edil viene a plantear un nuevo organigrama que ya disponen grandes ciudades -de hecho, la ley que lo ampara se llama así- como Madrid, Málaga o Córdoba. También tuvo que algún otro director general la València de Joan Ribó. Y lo justifica en la necesidad de "profesionalizar todavía más la gestión y textualmente, contar los mejores profesionales, sean de la casa o externos". De primeras, todo legal y legítimo. Además, el primer edil, para quien lo quiso escuchar, ya lo dejó entrever en junio tras su toma de posesión como alcalde. El decretó de la nueva organización se aprobó a finales de septiembre.
Y aunque en un principio estos cargos no iban -lo dejo en pasado- a tener filiación política, la caja de los truenos se abrió el jueves. Para el día siguiente estaba convocado el pleno que debía aprobar esa nueva organización municipal. Vox, cuyos votos son necesarios para la aprobación, se había abstenido el martes en el debate de la propuesta. Pero el jueves, Vox dijo basta. Tenía muchas dudas de cómo iba a ser el proceso y hipotéticos los beneficiarios (como suele ser habitual, circulan nombres). El final ya lo saben: el viernes, el PP se vio sin apoyos necesarios y retiró la propuesta. La tarde de antes, algunas fuentes, apuntan a que el propio Barcala y Ana Vega, síndica de Vox en las Cortes Valencianas y presidenta provincial de la formación de Abascal, habían mantenido una conversación elevada de tono que hizo recapacitar al edil.
De esta manera, se ponía punto y seguido al episodio frustrado de los directores generales, lo que deja varias conclusiones. Es evidente que el PP ha cometido un exceso de confianza y cálculo; Vox no se podía permitir otra cesión con muchos nubarrones: la ambición de querer aprobar todo el organigrama de golpe. Hubiera tenido más pedagogía, por ejemplo, haber nombrado un director general de coordinación de obras, visto lo vivido este verano -pese a que se han cumplido más o menos los plazos-. Y por último, ¿existía la madurez política suficiente para aprobar ese organigrama con necesidades evidentes en la gestión pero sin una justificación previa general? Quizás ese fue el error: hacerlo todo de una tacada, en una semana y sin la pedagogía necesaria de para qué era cada cosa (cada director general), máxime si, además, tienes al funcionariado de Alicante cabreado por no haber resuelto, previamente, sus demandas. Normalmente, de estos errores se aprende. El contexto hace mucho: hace ocho años, los asesores bien pagados eran unos privilegiados, un rara avis; ahora cunden mucho más. El relato, en política, hace mucho. Y si no que se lo pregunten a Pedro Sánchez, que hace de ese chicle su gran virtud paga ganarse los contrapesos. Quizás, en este caso, Luis Barcala creía que con 14 era suficiente y le han dicho, de momento, no. Lo que hace el contexto de cada cuatro años, y el relato.
