Foto: EDUARDO BRIONES/EPVALÈNCIA (VP). El Pleno del Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias que garantiza el acceso de todas las realidades familiares a una serie de derechos en diferentes ámbitos y reconoce la diversidad de las familias como un espacio clave de socialización y convivencia.
El pasado 7 de octubre de 2022 el Pleno del Consell aprobó el anteproyecto de Ley y posteriormente se trasladó al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para recabar su dictamen. En este proceso, el proyecto de Ley ha incorporado algunas modificaciones vinculadas a las observaciones realizadas por este órgano consultivo, que no alteran de manera significativa el contenido del texto anterior. Ahora, una vez aprobado el texto, el Consell procederá a enviar el proyecto de ley a Les Corts, para su tramitación parlamentaria.
El nuevo proyecto legislativo, impulsado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, proporciona un marco propio y unificado de los derechos de las familias y da cobertura, con rango de ley, a las políticas de apoyo a las familias desarrolladas los últimos años.
Se trata de una norma que, con carácter transversal, reconoce la importancia de las familias en nuestra sociedad, impulsa políticas de redistribución de la riqueza en su dimensión más amplia (económica, relacional y de usos del tiempo), reconoce derechos e impulsa políticas de representatividad y codecisión en la política general de la Generalitat en materia familiar.
El contenido de la ley se estructura en cuatro títulos que pretenden dar respuesta a las diferentes necesidades de las familias y establecer medidas de apoyo a las personas que las compongan como medio de mejora de su bienestar social, calidad de vida y acceso a los recursos existentes.
La norma se encuentra orientada en cuatro puntos clave: el reconocimiento de la diversidad familiar; la corresponsabilidad, protección a la maternidad y la paternidad y tiempo para las familias; familias en situación de vulnerabilidad o especial protección; y derechos en el ámbito de la educación, la sanidad, la vivienda o el consumo.
La nueva ley asume el cambio social producido en las últimas décadas en las realidades familiares y establece el apoyo a las familias desde una perspectiva integral, con medidas y derechos que dan seguridad a las familias y protección a aquellas que más lo necesitan.
En cuanto a sus objetivos, además de reconocer la diversidad familiar, garantiza los derechos de las familias en diferentes ámbitos y pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la protección, promoción y apoyo a las familias como principal agente de desarrollo de nuestra sociedad.
En este sentido, apuesta por favorecer que las personas puedan elegir el proyecto de familia deseado, proteger a la maternidad y paternidad libre y responsable, y avanzar en la corresponsabilidad y en la disposición de tiempo para su dedicación a la crianza y a los cuidados en el ámbito familiar.
Con el objetivo de prevenir la exclusión social de las familias y de las personas que las integran, se establece una serie de medidas para proteger a aquellas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad.
Asimismo, la norma eleva a rango de ley el reconocimiento de las familias monoparentales y actualiza su normativa.
La necesidad del desarrollo de esta norma responde a la falta de un marco propio de reconocimiento con rango de ley sobre las familias, atendiendo la realidad actual respecto a su composición y a sus dinámicas de cambio.
Continúan existiendo serias dificultades para la conciliación profesional, personal y familiar que dificultan la conformación de familias y la toma de decisiones relativas a hacer pasos hacia la independencia. Respecto a la corresponsabilidad, sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad, donde las mujeres continúan sosteniendo la mayor parte de las tareas de crianza y cuidados.
Además, la situación de vulnerabilidad económica y exclusión social en la que viven muchas familias, así como la dificultad de acceso a ciertos derechos, como la educación, la sanidad o especialmente la vivienda, hace necesaria la puesta en marcha de medidas que ayuden al bienestar social y a una vida digna de todas las familias.
