LA VILA JOIOSA. El Ayuntamiento de la Vila Joiosa desestimará este jueves en pleno los dos recursos presentados al acuerdo plenario por el que se le quitó la condición de agente urbanizador a Edificaciones Calpe del PP-26 Casino. Los dos interesados, al parecer, propietarios de dos parcelas en estos terrenos, alegaban distintos motivos contra las condiciones en las que se produjo. Según explicó el concejal de Urbanismo, Jaime Ramis, desde el acuerdo del 20 de julio de 2017, la empresa salió de este plan parcial y aún quedaba pendiente estos dos recursos en el proceso.
En primer lugar, una interesada en dicha urbanización reclamaba que junto a la desaparición de la mercantil, también se anulara el proyecto de reparcelación así como e de urbanización. Pero según dijo el edil del área, se le ha rechazado con motivos jurídicos.
En segundo lugar, otro de los propietarios habría pedido que se le resarciera después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar determinara que no era viable la canalización y allanamiento de una parte del barranco de Hércules que afectaba a su parcela. Al parecer, lo contemplaba el proyecto pero al no poder realizarlo, se le había reducido la edificabilidad un 1,36% por este motivo.
Según explicó Ramis, precisamente la importancia de que haya un nuevo agente urbanizador radica en este tipo de circunstancias, ya que de este modo, éste se encargaría de resolver incidencias como ésta. Asimismo, el concejal afirmó que el interesado no había aportado las pruebas suficientes para sostener dicho argumento de alegación.
A día de hoy, este sector no va ni para adelante ni para atrás. Tiene aprobado tanto el proyecto de reparcelación y el de urbanización, pero la salida de Edificaciones Calpe lo ha dejado estancado, más de lo que lo estaba tras la quiebra de la empresa.
Hay que recordar que en el citado pleno, se alegó como uno de los motivos para quitarle la condición de agente urbanizador que la mercantil entró en concurso de acreedores y está en fase de liquidación. El Ayuntamiento buscaba de esta manera poner fin a un largo periplo jurídico y administrativo que se remonta a la aceptación como agente urbanizador de esta mercantil en el pleno de abril de 2003 y al convenio urbanístico firmado en 2004.
Con la última decisión de 2017, el Ayuntamiento incautó la garantía que ascendía a 1,9 millones de euros “por el incumplimiento contractual culpable del contratista”. Así, se entró en una fase de alegaciones en la cual los interesados podían reclamar responsabilidad patrimonial debido a la inactividad en el sector. Estos supuestos perjuicios económicos se están resolviendo en estos momentos, según explicó el regidor de Urbanismo.
En principio, la idea del gobierno local es que se urbanice esta zona y ejecutar el bulevar comarcal. Para ello, no descartan que se hagan modificaciones sobre los proyectos ya aprobados.
