LA VILA JOIOSA. El Ayuntamiento de la Vila Joiosa sigue tratando de desbloquear el sector de la Cala, mas concretamente, el Plan Parcial 1, 'Cales i Atalaies'. Con ello, el Consistorio trata de desbloquear esta zona que lleva años paralizada y que volvió a poner sobre la mesa la mercantil Ikasa Gestión Renta reiniciando el procedimiento en 2020. Para ello, el Consistorio ha sometido a información pública la resolución de Alcaldía firmada el pasado 11 de julio por la cual se aprueba de manera inicial la modificación puntual del Plan general de la Vila ordenación pormenorizada.
Como viene explicando este diario, en el año 2006 la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló el acuerdo plenario en el que se aprobaba por una mayoría insuficiente este plan urbanístico. Desde entonces, no se ha podido continuar con la construcción de nuevas promociones. Algo con lo que se pretende acabar ahora. Una vez aprobado este planteamiento, le darán marco legal a las edificaciones existentes y permitirá seguir desarrollando la zona.
Aunque para ello hay varias cuestiones en trámite, como es la modificación estructural, que está pendiente de resolución por parte de la Generalitat, al tiempo que el Consistorio tendrá que aprobar de manera definitiva la pormenorizada que se ha sometido ahora a información pública.
Dentro de los acuerdos adoptados, continúa el aprobado hace un año que suspendía la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición que no sean compatibles con la ordenación vigente ni con la propuesta en este Plan Parcial. Esto tiene un plazo de dos años que se inició en agosto de 2023 o antes con la aprobación de manera definitiva.
Como pasa en muchas de las historias enrevesadas del urbanismo del litoral alicantino, los hechos se remontan a principios de los años 2000 y bajo el contexto del boom del ladrillo. En aquel entonces, el gobierno local presidido por el popular José Miguel Llorca aprobó por mayoría simple el Plan Parcial de Mejora 2 del sector PP-1 Cales i Atalaies. Pero era contrario a derecho puesto que se necesitaba mayoría absoluta de la Corporación.
En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia lo anuló en 2006 y posteriormente, en 2016, lo ratificó el Tribunal Supremo. Durante los años en los que estuvo el Plan sin sentencia, el gobierno local otorgó licencias, llegando a construirse alrededor de 5.000 viviendas que luego se quedaron fuera de ordenamiento.
