ALICANTE. La concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura de Alicante, una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica (del controvertido empresario Enrique Ortiz), responde sólo parcialmente a los requerimientos de información formulados por el nuevo concejal de Limpieza, Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza precisaron que la UTE sí atendió en plazo a dos de las tres solicitudes que se le detallaron por escrito: la relacionada con el control de la mano de obra diaria a cargo del servicio y la que permite llevar a cabo un seguimiento sobre las rutas de la flota de vehículos.
La gerencia de la UTE se dirigió hace una semana a la concejalía para que se le detallase la identidad de las personas a cargo de la supervisión del contrato a las que se tenía que autorizar para acceder a esas dos aplicaciones informáticas de control, recogidas en el propio pliego de condiciones del concurso. Ese trámite se cumplimentó la semana pasada en lo que suponía un primer paso para facilitar el control por parte del Ayuntamiento. De hecho, los técnicos municipales encargados de velar por la correcta prestación del servicio disponen de las claves de acceso necesarias para poder evaluarlo desde este martes. Esas aplicaciones permiten conocer cuántos operarios de los 575 que figuran en plantilla están realmente disponibles durante cada jornada, en qué turnos y en qué tareas concretas y comprobar qué recorridos y en qué momentos del día realiza diariamente la flota de vehículos de la concesionaria, a través del seguimiento de sus GPS.
No obstante, la UTE no habría atendido al tercer requerimiento de la concejalía: la entrega de una relación de las empresas subcontratadas para desempeñar determinadas tareas, en virtud de los supuestos que se amparan en el contrato. Según las mismas fuentes, la decisión de no facilitar esa información es consciente y voluntaria: la concesionaria habría comunicado que no iba a proporcionar esos datos al tratarse de información relacionada con contratos privados entre empresas y, por tanto, sujetos a confidencialidad.
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El rechazo a la entrega de esa parte de la información requerida se produce pese a la advertencia de que la falta de respuesta podía dar lugar a la comisión de una infracción grave o muy grave y de que, ese supuesto, podía ser motivo suficiente para instruir un expediente de resolución del contrato por causas atribuibles a la concesionaria. De hecho, los técnicos de la concejalía están evaluando la posibilidad de instruir un expediente en esa misma dirección (la resolución), después de que la auditoría del servicio correspondiente al ejercicio de 2016 haya constatado, por tercer año consecutivo, que la UTE superó el índice de absentismo laboral comprometido en su oferta. Según fuentes de Limpieza, esa auditoría prevista por contrato fue encargada por el anterior equipo de Gobierno, del PP, para los años 2015 y 2016 y se habría entregado a lo largo del último mes.
Según las mismas fuentes, la concejalía descarta ahora la contratación de una nueva auditoría sobre la eficacia del servicio que el anterior responsable del departamento, el edil Víctor Domínguez, había acordado con los grupos de la oposición. De hecho, había llegado a seleccionar a una consultora ambiental radicada en Barcelona, ENT, para encomendarle el trabajo. No obstante, las fuentes consultadas precisaron que ese encargo se materializó y, en realidad, no se llegará a materializar, ya que Limpieza habría constatado ahora que el ayuntamiento sólo puede auditar los flujos económicos del contrato. Además, se consideraría que para la evaluación del servicio ya se dispone de los inspectores municipales.