Resulta curioso e incomprensible que un Gobierno como el del Botànic se empeñe tercamente en imponer un peaje al turismo que no cuenta con un mínimo apoyo social. La llamada ‘tasa turística’ no para de recibir rechazo y contrariedad por parte de un sector que actúa como el principal motor económico de la Comunidad Valenciana. Tal es así que, hasta el propio secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, ha renegado públicamente de este tributo. Es esta una iniciativa guadianesca que lleva rondando por los despachos de la Generalitat Valenciana al menos desde 2016, apareciendo y desapareciendo de la agenda política autonómica a voluntad del equipo de Gobierno y según convenga la oportunidad de endosarnos una nueva carga fiscal a los ciudadanos.
Resultaría aún más curioso que una lucha interna entre formaciones del Consell (una más con simple cariz ideológico frente a la realidad de las cosas) fuera a suponer un triunfo de Podemos y Compromís frente a un PSPV-PSOE que hubiera preferido bajar la cabeza y ceder.
Lo que ya no es ninguna sorpresa es que partidos que forman parte del propio Gobierno de la Generalitat basen sus propuestas en presuntas soluciones a corto plazo a problemas que vienen ya de largo y que tienen un componente estructural evidente, como sucede con el turismo en la Comunidad Valenciana. Ya no resulta extraño que, ante la falta de una perspectiva realista sobre el presente y el futuro de un sector tan dañado por la pandemia, todo el diagnóstico de un ministro del Gobierno como Alberto Garzón sea tacharlo de “estacional, precario y de bajo valor añadido”. Un insulto a todos los profesionales y empresas turísticas y una escasa o nula esperanza en quien, desde la ciega ideología, ve únicamente recaudar todo lo posible.
En una comunidad autónoma como la valenciana y, concretamente, en una provincia como la de Alicante, donde el turismo es fuente de riqueza y bienestar, la imposición de nuevos impuestos al sector es cualquier cosa menos una solución. Y mucho menos lo es jugar peligrosamente a desincentivar al turista con anuncios de tasas, poniendo en riesgo una competitividad ya dañada por sucesos que han frustrado la posible generación de alternativas por una simple razón: la falta de clientes, materia prima de la actividad turística. Parece que algunos aún no se han dado cuenta de todo lo que ha pasado estos últimos años ni de que los que nos sacarán del hoyo son precisamente aquellos a quienes pretenden meterles la mano en el bolsillo.
Por todo ello, no solo resulta curioso, sino también absurdo e inaceptable que los socios del Botànic hayan optado por la huida hacia delante en sus pugnas internas y en sus intentos de hacer valer ideologías frente a realidades, acelerando la implantación de un impuesto más sobre el turista y sobre un beneficio inexistente. A falta de un año aproximadamente para las elecciones autonómicas y solo porque hay que reafirmarse en principios irrenunciables, aunque sea a costa del hambre del resto. Poco parece importarles la cartera de los autónomos o empresas turísticas cuando la meta es reducir el sector, atacar su enorme posibilidad de generar empleo y dificultar su más que demostrada capacidad de liderar la economía de la Comunidad Valenciana, de Alicante y por extensión, de toda España.
Nuestras costas siguen siendo las favoritas para millones de turistas que llegan desde cualquier lugar del mundo a disfrutar de sus vacaciones, como cantaban Los Rebeldes, “en Valencia, en Alicante, en Gandía y Benidorm”. Y, por todo ello, no merecen cargar con una tasa que, como cualquier impuesto con el que se quiera gravar a los turistas por el mero hecho de serlo, no aporta solución alguna. Es un problema más que añadir a una situación endémicamente atascada y que no está contando precisamente con la colaboración de un Botànic desorientado y a la deriva desde hace ya demasiado tiempo
