LA NUCÍA. La Sindicatura de Comptes ha emitido un nuevo informe sobre la fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de La Nucía. Un documento que estudia los ejercicios de 2019 a 2020 y que "ha puesto de manifiesto determinados incumplimientos, así como una serie de recomendaciones para mejorar la gestión económico-financiera del Ayuntamiento", según relata el propio texto. Al respecto, el Consistorio no presentó ningún tipo de alegaciones ni ha querido hacer declaraciones a este diario.
Entre otras cuestiones, la Sindicatura apunta a que el Ayuntamiento tiene que realizar un estudio sobre la viabilidad de las demandas judiciales pendientes de sentencia y realizar las provisiones que correspondan o en su caso informar en la memoria. Todo ello de acuerdo con lo establecido en el apartado 17 de las normas de reconocimiento y valoración del PGCPAL.
El informe se estructura en varias áreas de gestión. Para empezar, menciona el control formal de la rendición de cuentas y de la revisión financiera. El organismo señala algunos plazos incumplidos, al tiempo que llama la atención sobre la falta de la remisión de cuentas por el presidente de la entidad local.
Una de las reprimendas que ocupan gran parte del documento está en la organización del área económica y que según explica la Sindicatura, arrastran desde los últimos años sin que hayan tomado medidas, al menos, que les conste. Para ello, mencionan que el puesto de Intervención no está desempeñado por un funcionario con habilitación de carácter nacional, "estando vacante desde el 31 de marzo de 2014". Además, aseguran que "las funciones están siendo desempeñadas por una funcionaria del grupo C2 que, hasta la fecha de redacción de este informe, ocupa el puesto de forma accidental".
Al mismo tiempo, recuerdan que ya en el informe sobre los ejercicio 2017-19 alertaron que "la interventora accidental solo ejerce como interventora en la firma de los documentos e informes, pues realiza diariamente las funciones de registro y atención al público. Es un asesor externo, contratado a través de un contrato de servicios, el que efectúa la totalidad de los informes de intervención, aunque los firma la interventora".
Algo parecido ocurre con Tesorería. El departamento está formado por dos funcionarios, uno de ellos el propio tesorero. No obstante, dicen que "las funciones de tesorería no son desarrolladas por un funcionario habilitado de carácter nacional. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 3 de octubre de 2019, acordó crear la bolsa de trabajo para la cobertura interina del puesto de tesorero y el 9 de octubre de 2019 acuerda su nombramiento, incumpliendo lo establecido en los artículos 52 y 53 del RDRJFHN, que establecen que el nombramiento se efectuará por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva".
Otro de los aspectos analizados por la Sindicatura de Comptes está en el contenido de la memoria de las cuentas anuales que, afirman, "resulta incompleto". Entre otros asuntos, recogen que no informan sobre un pasivo contingente por una inspección de trabajo en el Ayuntamiento. Ésta consideró que la relación de los monitores deportivos que prestan sus servicios en dependencias municipales y el Ayuntamiento es laboral y no contractual. Por ello, resultó un acta de liquidación de la Tesorería de la Seguridad Social por importe total de 250.618 euros relativo al periodo de enero de 2015 a abril de 2019.
Otro de pasivo que echan en falta es el relacionado con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad financiera frente al acuerdo municipal que resolvía la condición de agente urbanizador del PAI La Serreta: "La cuantía del procedimiento se fijó en indeterminada, siendo uno de los actos objeto de recurso la incautación de aval por importe de 6.863.097 euros. Frente a la sentencia desestimatoria de las pretensiones de la actora, de fecha 26 de marzo de 2021, esta planteó recurso de apelación".
Durante el ejercicio 2020 el organismo considera que "se han puesto de manifiesto" diferentes "incumplimientos significativos" al no incluir en el perfil de contratante, que debe estar ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación, ni la adjudicación ni la formalización de diferentes expedientes de contratación. Así, mencionan el servicio de catering de la escuela infantil por 99.995 euros; obras de acondicionamiento del parking (89.400 euros); servicio de asistencia técnica y urbanística (46.800 euros); obras de ampliación de los jardines del Muixara (103.792 euros); la prestación de servicios de prevención y control integrado de plagas (32.500 euros). Todo ello importes sin IVA y que según asegura la Sindicatura, son causa de nulidad de pleno derecho de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la LCSP.
