Lo digo como mero observador, pero de lo sucedido esta semana, creo que la continuidad de Ribera Salud al frente del Hospital de Torrevieja está sentenciada. En política, todo es posible, y la situación de emergencia sanitaria podría provocar una prórroga más por necesidad, o por el contexto, pero el intento del Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP, de hacer una test de seroprevalencia a los profesores de la ciudad se ha visto como una deslealtad desde la Generalitat. Una deslealtad doble: porque en la Conselleria de Sanidad lo veían posible -aunque remoto- desde el punto de vista de la política, como un ejercicio de populismo epidemiológico, o desde la prestación de un servicio de una empresa privada a una institución, pero nunca, ni en el peor de los casos, desde los dos ámbitos; el político y el empresarial.
Los argumentos y los hechos son de sobra conocidos. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, quería apuntarse un tanto y para ello sondeó y convocó a todos los profesionales que deben comenzar el curso escolar este lunes: profesores, monitores, personal de cocina, transportistas, etc. Sanidad ya dijo a las primeras de cambio, que no se podía hacer, por varias razones: porque a nadie se le ha concedido; no es la estrategia de la propia conselleria; las competencias de Salud Públicas en el departamento de Torrevieja las tiene la Generalitat, y no Ribera Salud como gestor de la zona. La comunicación fue siempre verbal. La oficial nunca llegó a su destinatario. Quizás ese fue el error de Sanidad: no haber cortado de raíz el intento del test, si esa era su intención desde el principio. También es verdad que el alcalde de Torrevieja modificó su estrategia después de la primera advertencia, y siempre con la colaboración de Ribera Salud: mantuvo las pruebas, sin dependencia del departamento sanitario (es decir, de la conselleria), y con el patrocinio del gestor sanitario. El miércoles, el día previsto para los autos, todo saltó por los aires. Sanidad cortó de raíz el test, cuando todo estaba preparado, sopena de que las autoridades locales incurrieran en una posible desobediencia.
La principal conclusión, desde mi modesto punto de vista, es que la confianza entre la Conselleria de Sanidad y Ribera Salud, ya de por si muy deteriorada -sobre todo, después los test de Torrejón de Ardoz- está quebrada. No ha sentado muy bien que la empresa, prestataria de un servicio, utilizara una de sus empresas para coquetear con la estrategia del PP. Esto ya no es cuestión solo de Ana Barceló y la empresa. Esto lo han visto más ojos, que pueden presionar, si hay dudas, para la hipotética continuidad de Ribera Salud al frente del departamento sanitario. Los buenos números de ese hospital, que lo son, pueden quedar en un segundo plano. Ha fallado lo más importante: la confianza. Y si el PP, fundamentalmente, el de la Vega Baja, puede tener argumentos para defender lo contrario, pero también lo podría reclamar cualquier vecino de Guardamar o Pilar de la Horadada a la hora de exigir prueba serológicas para sus docentes. La pregunta es porqué se hizo sin consultar, si la idea era buena, y porqué no era para todos los usuarios del área sanitaria. Y si era una servicio sólo para el Ayuntamiento de Torrevieja por qué era gratis.
Y si no era posible, por las razones que fuera, también es achacable a la falta de determinación de Sanidad desde el primer día. Debió cortar de raíz con una comunicación directa con el ayuntamiento, no a través de comunicados. Ahora ya sobra toda. Me da la sensación de que si había algún de hilo de esperanza de que Ribera Salud continuara al frente del Hospital, ese hilo está roto. De nada puede valer que los dirigentes del PP sean aplaudidos cuando visiten las instalaciones. Ni siquiera las dudas expresadas por Puig creo que valgan. Me da que la sentencia de Ribera Salud está escrita, salvo sorpresa. Y no por su gestión, o el modelo, siempre discutibles, insisto; por desconfianza.