Paula Dellarroza, Arturo Jiménez, Irene Bajo y Emma Verdú, durante la mesa redonda. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. "Hay licitaciones en las que el precio ofertado supone solo el 10% de la puntuación; la responsabilidad social puede ser una vía para que las pymes se doten de competitividad en estos concursos". Es una de las conclusiones de la mesa de análisis que se celebró este jueves en el salón de actos de la Agencia Local de Desarrollo (Aldes) de Alicante, en Puerta Ferrisa, tras la presentación de la futura ley de Responsabilidad Social a cargo del director general del ramo, Josep Ochoa.
Tras la exposición de las líneas maestras del futuro texto ante medio centenar de empresas, sindicatos y asociaciones, tomaron la palabra los responsables de tres consultoras especializadas en la materia, para analizar cómo las empresas pueden convertir la responsabilidad social (RS) en un elemento que no solo beneficie a la sociedad o a sus empleados, sino a ellas mismas. Especialmente, como factor diferencial una vez que entre en vigor la citada ley, de forma que la responsabilidad social puntúe en las ofertas. Así, Emma Verdú, de Cuatrecasas; Arturo Jiménez, de Atama; y Paula Dellarroza, de Ingeniería Social, intercambiaron impresiones sobre cómo aprovechar y por qué las acciones de responsabilidad social, con la profesora de la UA Irene Bajo como moderadora.
Comprar a centros especiales de empleo, reducir el uso de papel o la formación interna son responsabilidad social
La responsable de Cuatrecasas expuso algunos ejemplos prácticos de responsabilidad social al alcance de cualquier empresa, más allá de su tamaño o facturación, que cualquier pyme puede aplicar y convertir en cláusulas susceptibles de ser puntuadas en una licitación. Sin ir más lejos, realizar parte de las compras a centros especiales de empleo (cuyos trabajadores son discapacitados), luchar contra el consumo de papel con las comunicaciones electrónicas, prestar un porcentaje de servicios gratuitos a aquellas personas que no pueden sufragarlos, organizar o participar en acciones solidarias para recaudar fondos, fomentar la igualdad de la mujer en la promoción interna, apoyar la conciliación laboral y familiar, o simplemente la formación interna.
"Las pymes tienen una participación en los procesos de adjudicaciones públicas muy inferior a su presencia real en el tejido empresarial", lamentó Emma Verdú, porque no pueden competir con las grandes empresas en la oferta económica. Sin embargo, "la responsabilidad social puede ser una vía para dotarse de competitividad", especialmente cuando entre en vigor la futura ley autonómica, ya que "hay licitaciones en las que el precio solo supone el 10%".
En cuanto a Arturo Jiménez, representante de la consultora especializada en responsabilidad social Atama (y exresponsable de la materia en la patronal alicantina, Coepa), señaló que ésta no debe consistir en acciones aisladas, sino en un "modelo de gestión que se alinee con las preocupaciones de la sociedad". El experto consideró que "muchas pymes hacen responsabilidad social sin darse cuenta" y que "no es algo solo al alcance de las grandes empresas, aunque éstas tengan más recursos". Eso sí, señaló que "no se trata de hacer lo que se nos antoje, sino que hay que contar con los grupos de interés" para decidir en qué dirección se actúa, "integrarla en nuestra estrategia y ser constantes y coherentes".
La edil Sonia Tirado y el director general Josep Ochoa durante el debate. Foto: PEPE OLIVARESAsí, destacó que este modelo de gestión mejora la competitividad (al haber consumidores que adoptan su decisión de compra por motivos éticos) y la eficiencia, reduce el riesgo reputacional, sirve para atraer talento a la firma que lo practica y mejora la relación con las administraciones públicas. En este sentido, Jiménez destacó que según la encuesta Cone Communications Millennial CSR Study, "el 91% de los 'milenials' cambiaría de marca por criterios éticos".
Un 91% de los 'milenials' estaría dispuesto a cambiar de marca solo por criterios éticos
Por último tomó la palabra la representante de Ingeniería Social, una joven consultora especializada en implementar y verificar sistemas de gestión en RSC, con oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia. Paula Dellarroza destacó que "tener un plan de igualdad es una herramienta para retener el talento; sin embargo, el 92% de las empresas que están obligadas por ley no lo tienen, mientras el 40% de ellas teme perder a sus empleados". Dellarroza también destacó que "la transparencia y la proximidad con el público de interés contribuye a combatir la percepción de corrupción".
La representante de Ingeniería Social desgranó algunas herramientas informáticas que las pymes pueden emplear para diseñar su RS, como el SGE-21, "una herramienta muy sencilla, cuyos usuarios son en un 54% pymes". Para Dellarroza, no obstante, "la comunicación es el 50% de la responsabilidad social, hay que poner en valor nuestras prácticas". Algo que puede conseguirse a través de la interacción con los públicos de interés, o la obtención de sellos y distintivos que acrediten la RS, de forma que "no es que lo diga la empresa, sino que alguien externo lo certifica". Otro elemento de comunicación, a juicio de esta experta, es la memoria de sostenibilidad, que debe favorecer la proximidad con los públicos de interés y la transparencia. "La responsabilidad social no puede ser un área o un departamento, sino un modelo de gestión", concluyó.
El debate se desarrolló ante medio centenar de asistentes, entre los que se contaban la concejal de Empleo, Sonia Tirado, el propio director general de Responsabilidad Social, Josep Ochoa, el portavoz del gobierno municipal, Natxo Bellido, las líderes de CC.OO. y UGT en Alicante, Consuelo Navarro y Yaissel Sánchez, y numerosos miembros de diferentes entidades y colectivos empresariales, como Fempa, IFA, Mercalicante, Hidraqua, la Fundación CAM, la Mesa de Igualdad, APSA, Upapsa y Cocemfe, entre otras.
