Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Generalitat está más cerca de que todos sus contratos incluyan cláusulas sociales. Y es que la próxima semana se inicia el trámite de participación ciudadana en la comisión de Transparencia en Les Corts de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social.
La ley pretende implantar la regla general de que los contratos públicos no se adjudiquen tan solo teniendo en cuenta la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, entendida como aquella sólo tenga en cuenta el menor precio, sino a la oferta que suponga una mejor relación coste-eficacia, justamente valorando esas cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública.
Los contratos con estas cláusulas tendrán en cuenta aspectos sociales, éticos y medioambientales en los procedimientos de licitación además de incluir la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción.
Además se prevé la inclusión en los pliegos de contratación de cláusulas relacionadas con las oportunidades de empleo, el trabajo digno, el cumplimiento con los derechos sociales y laborales, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, el diseño de accesibilidad para todas las personas, criterios de sostenibilidad o con productos basados en el comercio justo.
También se prevé la aplicación del convenio colectivo que establezca mejores condiciones, así como medidas para garantizar la subrogación de trabajadores cuando exista esta obligación y la inclusión de una declaración responsable por la cual el licitador o contratista no podrá realizar operaciones financieras en paraísos fiscales que sean consideradas delictivas.
Con esta ley la Comunitat Valenciana se convierte en la segunda autonomía que dispondrá de una ley que regule una materia que el Gobierno considera clave para el cambio hacia un modelo social y económico más justo, sostenible e igualitario por el que apuesta el Govern del Botànic.
Se creará el distintivo “Entidad Valenciana Socialmente Responsable” para aquellas empresas, autónomos e instituciones que acrediten prácticas de responsabilidad social. Se otorgará después de presentar una memoria que será evaluada por auditores independientes y que supondrá beneficios en materia de contratación pública, concesión de subvenciones o posibles ventajas fiscales, además de visibilización a través de un distintivo proporcionado por la Generalitat.
La norma recogerá conceptos como son la auditoria social o la memoria de responsabilidad social, facilitando así a los operadores jurídicos la interpretación de una norma que aborda una materia relativamente nueva. Hasta la Generalitat estará obligada a rendir cuentas anualmente a través de una Memoria que deberá presentar ante Les Corts.
La responsabilidad social no solo se fomentará en el ámbito privado, también en el público. Se aplicarán fórmulas entre los trabajadores que, como el teletrabajo, permiten la flexibilidad y racionalización de horarios por facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, además de fomentar la implicación de su personal en acciones de voluntariado corporativo. Asimismo, se incidirá en la mejora continúa y modernización de los servicios. Además se creará una “Red de Municipios Socialmente Responsables”.
También se pondrá el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, órgano colegiado y de participación en esta materia y, al mismo tiempo, se constituye como Observatorio de la Responsabilidad Social en la Comunitat, actuando como órgano de información y consulta. Como instrumento de planificación y gestión, el Consell deberá aprobar un “Plan Valenciano de la Responsabilidad Social” que será de carácter plurianual.
