La Plataforma vecinal rechaza la continuidad la planta de betún asfáltico de Ferrovial

ALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible también da la batalla frente a la continuidad de otra actividad empresarial en la terminal de mercancías: la planta de betún asfáltico gestionada por una filial de Ferrovial, Ditecpesa. El colectivo, en el que se agrupan asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y asociaciones de padres y madres ha presentado alegaciones contra la solicitud de ampliación de la concesión de la que dispone la planta, ya asentada en el Puerto desde 1990, como informó Alicante Plaza.

A juicio de la Plataforma, se trata de un nuevo ejemplo de la conversión de la zona sur del Puerto en un polígono industrial "con actividades peligrosas y contaminantes que pueden suponer un riesgo de accidente grave". Entre los motivos en los que se sustentan sus alegaciones, señalan que "esta actividad es de tipo comercial, ya que de acuerdo al proyecto técnico presentado por la empresa se trata de una fábrica de conversión de materia prima derivada del petróleo (betún base) en otros compuestos como el betún asfáltico y las emulsiones bituminosas, mediante procesos y maquinaria de carácter industrial, y utilizando como fuente de energía la quema de gasoil y gasóleo".

Además, consideran que la propuesta "no cumple con la normativa ambiental aplicable al no disponer de los instrumentos ambientales y las debidas autorizaciones necesarias para una actividad industrial que manipula sustancias peligrosas para la salud y para el medio ambiente a menos de 900 metros de un espacio marino protegido y de barrios densamente poblados". Dichas autorizaciones, añaden, "son la Licencia Ambiental, la Autorización de Emisiones a la Atmósfera, la Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Integración Paisajística, la Autorización para la Producción y Tratamiento de Residuos Peligrosos y la autorización específica exigible para una actividad muy contaminante que se desarrolla en las proximidades de un espacio protegido por la Comisión Europea (LIC marino de Tabarca) incluido en la Red europea Natura 2000".
 
En tercer lugar, apuntan que "esta actividad, que utiliza productos tan peligrosos para la seguridad y la  salud pública y ambiental, como derivados del petróleo (betún base, nafta de petróleo, e importantes cantidades de gasóleo y gasoil) y sustancias químicas como las aminas, el ácido clorhídrico, aceites fluxantes, goma vulcanizada, etc., no cuenta con los protocolos e informes de seguridad exigibles por la normativa que regula la gestión de los posibles riesgos de accidentes graves por el manejo de sustancias químicas peligrosas". 

A su juicio, "es especialmente preocupante el denominado por esta normativa el efecto dominó, que se produce por el aumento exponencial del riesgo debido a la concatenación de actividades que manejan sustancias peligrosas. Nos referimos a que en este mismo muelle 17 se lleva a cabo la actividad de carga y descarga de productos químicos y minerales (graneles pulverulentos), una fábrica de abonos químicos,  y estando prevista, a escasos 100 metros, la instalación de 6 macrodepósitos de almacenaje de alrededor de 100.000 toneladas de combustibles líquidos". 

Para el colectivo, "esto supone un alto riesgo de explosión e incendio en un puerto urbano al estar ubicado en el eje central de nuestra ciudad. La posibilidad de accidentes graves es real tal y como hemos comprobado con la reciente explosión ocurrida en Tarragona que ha provocado efectos destructivos hasta 10 kilómetros de distancia del foco, con víctimas mortales, daños materiales y alarma entre la población". "La PPS considera inaceptable la aceptación de estas actividades peligrosas y contaminantes en una ciudad turística y comercial, y con densos barrios poblados en sus inmediaciones", añade, a través de un comunicado.
 
Por ello, la plataforma solicita a la Autoridad Portuaria "el traslado de esta fábrica de betún asfáltico a un polígono industrial fuera del ámbito portuario debido a los condicionantes urbanísticos, económicos, medioambientales y de seguridad anteriormente expuestos". "Si la Autoridad Portuaria tramita de forma favorable esta concesión, está vulnerando la Ley de Puertos del Estado y la Orden del Ministerio de Fomento 911/19 por la que se aprueba la Modificación Sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Alicante, que considera este Puerto como comercial y permitiendo solo los usos comerciales, náutico-pesqueros y náutico-deportivos y los complementarios de los anteriores, e introduciendo un nuevo uso de interacción Puerto-ciudad", recalca. 

El colectivo plantea el traslado de la actividad a un polígono industrial fuera del ámbito portuario

Según la plataforma, "no están permitidos en ningún caso los usos industriales en el Puerto de Alicante. Valoramos que también se incumple la Ley de Puertos del Estado en sus artículos 71 y 72, donde se especifica que no se podrán otorgar concesiones a usos portuarios no compatibles con su objeto concesional y exige que las concesiones otorgadas no compatibles (como es el caso de esta instalación industrial) sean revocadas o anuladas".

Por último, el colectivo también alega que "este proyecto no es coherente con la situación de emergencia climática declarada en la Comunidad Valenciana, que el estudio geotécnico aportado se redactó hace casi 12 años y refiriéndose a un proyecto distinto al presentado en la actualidad, que el estudio acústico también fue redactado hace 10 años y basándose en una normativa ya obsoleta, que la evaluación del impacto olfatométrico y del impacto acústico se basa en un falso alejamiento de la actividad, ya que obvia que en su proximidad existen centros escolares y barrios densamente poblados; y finalmente que no se aporta ningún estudio del impacto del aumento del tráfico teniendo en cuenta la previsión de un considerable aumento de la producción por la ampliación de las instalaciones".
 
Por todo ello, la plataforma rechaza esta solicitud de concesión por ampliación de la fábrica petroquímica de betún asfáltico en el muelle 17, que, insiste, "se suma a las actividades ya existentes de carga y descarga de graneles tóxicos al aire libre y la planta de fabricación de abonos químicos, y al proyecto de instalación, almacenaje y distribución de alrededor de 100.000 toneladas de gasolinas y gasóleos". "El conjunto supone la consolidación de un polígono industrial en el Puerto urbano de Alicante que acarrea un grave riesgo para la salud pública y de seguridad de la población, para el medio ambiente y para el desarrollo económico y turístico de la ciudad", concluye.