Los gatos auditados son de la etapa de César Sánchez como presidente de la Diputación y de José Císcar como presidente del PP provincial de Alicante.ALICANTE. Tras toda la polémica generada durante este mandato y el anterior sobre la justificaciones de las aportaciones que reciben los grupos políticos, la Diputación de Alicante acordó en el pleno del pasado marzo auditar las ayudas publicas que reciben PP y PSPV, al tratarse de las dos formaciones que derivan parte de esas aportaciones a la estructura del partido. Las conclusiones ya se conocen. Las ha desvelado este jueves Compromís: el PP debe devolver 46.000 euros al no poder justificar esas cantidad; y el PSPV, según ha informado el PP, debe reintegrar unos 14.400 euros.
Pese a conocer el desenlace de ambas auditorías, sólo han trascendido los detalles del estudio de fiscalización de las cuentas del PP, a través del diputado Gerard Fullana después de que se aprobara, en un intenso debate, el miércoles, en la comisión de Hacienda. Esa auditoría analiza las aportaciones recibidas por el grupo político del PP entre 2015 y 2018, con César Sánchez como presidente de la Diputación de Alicante, y con José Císcar como presidente provincial. Según ha venido sosteniendo Compromís en sus reiteradas denuncias, el grupo popular recibió durante esos cuatro años cantidades cercanas a los 460.000 euros, cuya justificación siempre se ha cuestionado, hasta el punto de que el PP aceptó encargar la auditoría.
La auditoría ha sido elaborada por el despacho Faura-Casas. La primera conclusión que extrae el estudio que el PP no ha podido justificar la cantidad de 45.399 euros, de los que 16.615 euros corresponden a fondos no dispuestos en la misma anualidad en la que se otorgaron: 15.982 a desplazamientos (viajes) y 12.800 euros a comidas de trabajo.
En el caso del PSPV, los 14.400 euros que debe reintegrar corresponden a lo siguiente: 10.000 euros a fondos no dispuestos en la misma anualidad en la que se otorgaron; 2.000 euros a honorarios, y 2.476 euros a un curso de formación.
También acredita el informe que el PP ingresó desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2018 más de 460.000 euros, distribuidos de la siguiente manera: 57.719 euros en 2015; 155.718 euros en 2016; 127.659 euros en 2017, y 123.964 euros en 2018.
Para justificar todas esas aportaciones realizadas por la Diputación -como reciben todos los grupos en función de su representación- el PP presentó memorias justificativas anuales con facturas de alquileres; electricidad, agua, teléfono, material de oficina, gastos de mantenimiento de sedes; desplazamientos y comidas de trabajo.
Con los fondos de la diputación, el PP de Alicante financió el 27% de los gastos de su estructura en 2015; el 99,5% en 2016; el 85,68% en 2017 y el 84,68% en 2018. Es decir, según esta auditorio, hubo años en los que con la aportaciones públicas de la diputación, el PP mantenía la estructura de la organización provincial, a raíz de las justificaciones presentadas.
El auditor da validez a la justificación de los gastos: "Los gastos están vinculados a las sedes y locales de las Juntas locales de la Provincia de Alicante y se identifican con el concepto de gastos comunes e indivisibles de los que hace uso el Grupo Popular de la Diputación de Alicante, por lo que se consideran que son gastos elegibles en la justificación de los fondos asignados por la Diputación de Alicante", indica la auditoría.
Más dudas parece tener el auditor con el gasto de los teléfonos. Alega el fiscalizador que " hay que diferenciar los siguientes conceptos": " Son gastos elegibles (justificables) aquellos costes que las compañías de teléfono que atiendan a gastos comunes indivisibles: líneas fijas, ADSL-internet, línea fax, etc." "No lo son gastos elegibles los costes de teléfono de líneas particulares de los miembros del Partido Popular de Alicante que no tengan relación directa o indirectamente con el Grupo Popular de Diputación de Alicante". Por ello, advierte de que "la información facilitada no permite identificar los gastos que corresponden a uno u otro concepto, por lo que no podemos identificar los gastos que deben considerarse como elegibles de este concepto", afirma.
Respecto a los gastos de desplazamiento, la información facilitada no permite identificar la vinculación del Grupo Popular de Alicante con los gastos de desplazamiento y comidas de trabajo, por lo que la falta de justificación de que los gastos tienen que ser soportados por el Partido Popular de Alicante, y según lo indicado en el párrafo anterior, "la totalidad de los gastos por los conceptos de desplazamientos y comidas de trabajo se consideran como no elegible", de ahí que el auditor obligue al PP a devolver los 28.000 euros en gastos de viajes y comidas de trabajo.
Una de las cosas más curiosas es que el propio grupo popular de la Diputación de Alicante alegó contra las conclusiones de la auditoría. Y rebatió muchas de las salvedades que hizo el bufete de Faura-Casas.. A grades rasgos, el PP vino a decir que los gastos del grupo popular son "siempre conjuntos, indivisibles, perfectamente elegibles (justificables) y que no existe ninguna norma que establezca el censo de gastos que son justificables y los que no.
Faura-Casas replicó que las alegaciones no modifican el informe provisional por ser meras explicaciones sobre lo que se recoge en dicho informe o no aportan nuevos argumentos e información diferentes a los esgrimidos durante el trabajo de campo y valorados en la realización del informe provisional. Como consecuencia, las conclusiones quedan elevadas a definitiva.
Después de que Compromís aireara la auditoría, el grupo popular emitió un comunicado para anunciar que reintegraría los 46.000 euros y, al mismo tiempo, para arremeter contra el diputado Gerard Fullana. “Seremos el primer grupo el hacer el reintegro, pero no estamos de acuerdo con los resultados porque el PP ha justificado y demostrado cada céntimo gastado”, ha indicado la diputada de Hacienda, María Gómez. La formación valencianista, por su parte, ha anunciado que ampliará su denuncia ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.
