La semana pasada el Defensor del Pueblo presentaba en el Congreso de los Diputados el informe de la institución del año 2017. El documento cuenta con abundantes datos y es demoledor en sus conclusiones. Señala que la “crisis económica cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España” que se ha traducido en un empobrecimiento de la sociedad española. Aconseja, que ya que se advierten ciertas dosis de recuperación, es el momento de actuar sobre políticas sociales para ayudar a todos aquellos colectivos que aún no tienen condiciones dignas de vida. España carece de un contrato social ambicioso que ponga el foco en factores olvidados como la productividad y el propio empleo, que redistribuya y que no fomente de nuevo el endeudamiento y sobre todo, que se ocupe de los más débiles, para que desde esa plataforma se pueda reducir la desigualdad y la pobreza. De esta manera se podrá volver a reconciliar economía de mercado, progreso social y democracia plural (página 56 del Informe).
Para afrontar la crisis, se recetó la reducción del gasto público, la reforma laboral y paradójicamente el recorte del Estado de Bienestar se produce justo en el momento en el que se hacía más necesario garantizar la adecuada cobertura de los derechos sociales. Sería aquello de que la crisis la han soportado las clases medias y ha destrozado a las clases más bajas. Las políticas de austeridad implantadas desde Europa han tenido su efecto en la economía, pero han olvidado a la gran mayoría de los ciudadanos.
Los datos de España respecto a la media europea son negativos:
| España | Europa |
| 21% paro | 9,1% |
| 48,3% paro juvenil | 20,3% |
| 38,6% jóvenes en exclusión | 29,1% |
Fuente; Observatorio Social Caixa, abril 2017
La Confederación Europea de Sindicatos señala también que España está entre los nueve países de la Unión Europea donde los salarios son peores que antes de la crisis por la pérdida de poder adquisitivo.
Por otra parte, hace unos días la OECD, Organización Intergubernamental, para la Economía, la Cooperación y el Desarrollo proponía reducir la presión fiscal sobre los trabajadores con bajos salarios y ampliar la formación de los desempleados.
También el último Informe social que presentó la Comisión Europea alertaba de los altos niveles de desigualdad y del riesgo de pobreza que aquejan a la economía española, que se sitúan entre los más altos de la Unión, donde hay menos redistribución que en el resto de los socios europeos.
La crisis económica que se inició hace diez años, las políticas de recortes y de austeridad marcadas por las instituciones europeas sólo han puesto el acento en el ámbito económico y han olvidado todo el entramado de políticas sociales que deberían haber sido impulsadas para contener el Estado Social, con la crisis económica, ha devenido la crisis social, la desigualdad y la pobreza.
Algunos expertos también sostienen que si el mercado ha pasado a ser verdaderamente global, entonces la corrección del mercado deberá ser cada vez más un asunto europeo. Sólo con la implementación de más políticas sociales puede recuperarse un espíritu europeo que fortalezca el sentimiento de identidad de los ciudadanos.
Sólo desde una mayor integración en el ámbito de la política social se puede avanzar en una Europa que pueda ser percibida con utilidad para la gran mayoría de los ciudadanos, ya que al fin y al cabo son éstos los últimos destinatarios de la estructura europea.