ALICANTE. El polémico empresario Enrique Ortiz, procesado junto a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi en el Caso Brugal, podría quedarse sin la última gran contrata con la Administración que le queda en Alicante. Según ha podido saber Alicante Plaza, el constructor está cerca de verse desbancado de la limpieza de las instalaciones de la Diputación y sus organismos dependientes, merced a la oferta técnica. Si bien el constructor presentó la mejor oferta económica para revalidar el servicio, tal como desveló este periódico en julio, todo indica que las condiciones técnicas lo situarán en desventaja respecto a otros licitadores.
La clave está en que, en esta ocasión, la Diputación de Alicante exigía presentar por escrito las características de la maquinaria nueva que cada licitador se compromete a incorporar a la contrata en caso de ser adjudicatario, algo que hasta ahora no había sucedido. De esta manera, otras tres empresas mejoran en este apartado la propuesta del constructor (que concurrió con una UTE de dos de sus empresas, Hormigones Tizor y Enrique Ortiz e Hijos). Así, FCC, OHL y la UTE entre Clece y Fissa estarían por delante de la oferta de Ortiz. Cabe recordar que se presentaron doce ofertas, de las que solo quedan en concurso siete tras descartarse varias por defectos de forma.
El jefe de servicio está a punto de entregar el informe que propone a la empresa adjudicataria, según ha podido saber este diario. La intención del presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, es llevar la contrata de la limpieza de edificios al pleno de noviembre. Salvo sorpresa, será una de las tres empresas citadas la que encabece la propuesta de los técnicos, que llevan desde finales del pasado mes de julio evaluando las distintas ofertas presentadas.
La institución provincial licitó el servicio para los dos próximos años por 9,14 millones de euros. Sin embargo, Ortiz presentó la mejor oferta económica al ofrecerse a hacerlo por solo 7,87 millones. La segunda mejor oferta económica fue la de OHL, 'repescada' por la Diputación tras subsanar los defectos de forma detectados en su primera documentación. La empresa de los Villar-Mir ofertó 8,07 millones de euros. Y en tercera posición en la oferta económica quedó la propuesta de FCC, propiedad del magnate mejicano Carlos Slim. La empresa que en su día impulsaron las hermanas Koplowitz, curiosamente socia de Ortiz en la UTE de la recogida de residuos municipal, rebajó el precio de partida de la licitación hasta los 8,2 millones de euros. Por detrás de estos tres quedan las ofertas de UTE Fissa Finalidad Social y Clece (8,21 millones), Eulen (8,5 millones), Valoriza (8,66) y Soldene (8,75).
Ortiz se adjudicó el servicio en 2010, aún con José Joaquín Ripoll (también procesado en el Caso Brugal, en este caso en la pieza relativa al amaño de la adjudicación del vertedero de la Vega Baja) como presidente de la institución provincial. A ese concurso se presentó prácticamente en solitario. En 2014, tras los cuatro primeros años, el constructor logró revalidar la contrata, en una licitación a la que ya concurrió una decena de empresas. Tras agotar la prórroga que se decretó en mayo de 2016, la Diputación tiene que adjudicar ahora el servicio para otros dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales.
Según el anuncio de la Diputación, la contrata comprende la limpieza de "los centros y dependencias pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Alicante, Fundación de la Comunidad Valenciana Marq, Fundación de la Comunidad Valenciana Adda, y Organismo Autónomo Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Esta es la última gran contrata que le queda a Ortiz en la provincia, después de perder la limpieza de edificios de la Universidad de Alicante (UA) en beneficio de Ferroser, que había prestado durante más de una década, y retirarse de la contrata de limpieza de colegios y edificios públicos del Ayuntamiento de Alicante, que ha sido adjudicada a la UTE formada por Clece (filial de ACS) y Fissa, una de las que también aspira a la limpieza de la institución provincial.