La Nucía admite que no cobra el IBI a la residencia de los Cotino desde 2003

LA NUCÍA. El Ayuntamiento de La Nucía, gobernado por el Partido Popular, ha reconocido que no cobra el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la residencia Savia, entre cuyos accionistas se encuentra la familia Cotino y el empresario alicantino Enrique Ortiz. El reconocimiento se produce después de que el grupo Compromís elevara una pregunta tras la información develada por Alicante Plaza, en la que se detallaban que la edificio, de 4.000 metros de superficie, no estaba dada de alta en el Castastro. 

El equipo de gobierno de La Nucía ha reconocido que se ha enterado por este medio de la situación de la residencia, pese a que fue inaugurado en 2003 y desde entonces siempre ha estado Bernabé Cano como alcalde. La alarma saltó cuando el Catastro ha iniciado el proceso de regularización del edificio, que ha tenido hasta el momento la calificación de rústica hasta ahora, pese a estar emplazada en una zona urbana. Y su situación ha sido la misma desde octubre de 2003, y, por lo tanto, no ha pagado el impuestos de bienes inmuebles. La residencia fue inaugurada en 2004 de la mano de la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel. Está ubicada en un parcela de 10.000 metros cuadrados, en la zona de El Planet, y cuenta con 4.000 metros cuadrados de construcción.

En sus alegaciones, el PP ha derivado la responsabilidad en el propiedad del edificio, que a su juicio es quien debía haber transmitido al Catastro que el edificio está en una zona calificada como urbana del PGOU, aunque nunca ha llegado a desarrollarse. El PP se ha comprometido a iniciar los trámites de la regularización, aunque los populares han aprovechado la pregunta para poner en marcha en ventilador y acusar a los concejales de la oposición, sobre todo de Ciudadanos, de otras irregularidades en sus propiedades. Ciudadanos considera, por su parte, que la situación de la residencia han generado un importante quebranto a las arcas municipales y ha contado con la connivencia del PP, que durante 13 años no ha hecho nada por regularizar el edificio ni por interesarse por él, mientras sí que ha perseguido a otros vecinos con anomalías muchos menores en sus propiedades.