Veladores instalados en la calle Castaños. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante se mete de lleno en el debate sobre las molestias asociadas esencialmente a la actividad de los sectores de la hostelería y el ocio. Los grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) dieron por inaugurada, este miércoles en comisión de Urbanismo, la fase de negociación sobre la nueva ordenanza del ruido que debe suplir a la norma en vigor, aprobada en 1991.
La nueva propuesta todavía es sólo un borrador, elaborado a iniciativa de la exconcejal de Urbanismo por el PSOE, Eva Montesinos. Pero ya permite atisbar cuáles van a ser sus pilares fundamentales. En primer término, ese borrador -que se inspira en ordenanzas de municipios vecinos y que se caracteriza por un contenido profundamente técnico- recoge todas las novedades legislativas contempladas en textos de rango superior e incorpora las nuevas realidades y fuentes de ruido generadas al calor de la evolución social de los últimos 27 años: el periodo que ha transcurrido desde la redacción de la regulación actual. El mejor resumen de ese desfase es que el nuevo texto sustituye ahora la peseta por el euro como moneda de pago para las sanciones a las que se da cabida.
Otra de las principales novedades de la propuesta afecta precisamente a esas multas, en las que se contempla su actualización y un considerable aumento en busca de un efecto disuasorio. Así, las infracciones leves pasan de 10.000 o 30.000 pesetas (en función del tipo de actividad a sancionar) que rigen ahora a un máximo de 600 euros; las graves, se incrementan desde la horquilla de 30.001-250.000 pesetas hasta una graduación entre 601 y 12.000 euros; y las muy graves, desde la franja de 250.001-500.000 pesetas hasta la de 12.001 a 300.000 euros.
En segundo lugar, la nueva regulación (cuyo articulado y sus anexos se extienden a lo largo de 63 páginas frente a las 17 del texto en vigor) confiere capacidad al Ayuntamiento para declarar Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en aquellos ámbitos "en los que se producen unos elevados niveles sonoros debido a la existencia de numerosas actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos, a la actividad de las personas que los utilizan, al ruido del tráfico en dichas zonas, así como a cualquier otra actividad que incida en la saturación del nivel sonoro de la zona".
Se trata de la primera vez en la que se reconoce explícitamente esa posibilidad (la norma de 1991 no la contemplaba), pese a que sí quedaba permitida a través de la regulación autonómica sobre la materia. De hecho, en Alicante ya existe una declaración de ZAS para las calles que configuraron la conocida como Ruta de la Madera, a espaldas del Mercado Central. Ahora, además, el borrador de la ordenanza determina los supuestos en los que se daría cabida a esa declaración: "Serán declaradas Zonas Acústicamente Saturadas aquellas en las que aun cuando cada actividad individualmente considerada cumpla con los niveles establecidos en la presente orenanza, se sobrepasen dos veces por semana durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un plazo de 35 días naturales, y en más de 20 dB, los niveles de evaluación por ruidos en el ambiente exterior establecidos. El parámetro a considerar será LAeq, 1 durante cualquier hora del periodo nocturno y LAeq, 14 para todo el periodo diurno".
El texto detalla las implicaciones que conlleva esa declaración, al precisar que se faculta al Ayuntamiento a introducir medidas correctoras frente a ese problema de contaminación acústica constatado y medido con dispositivos técnicos objetivos. Entre ellas, la posibilidad de cortar el tráfico durante determinados periodos, el establecimiento de vigilancia por parte de agentes de la autoridad, la suspensión de la concesión de licencias o la obligación de instalación de limitadores de potencia acústica. Se trata, en parte, de las medidas que vienen reivindicando los colectivos vecinales de las zonas afectadas, que incluso han llegado a acudir a la vía legal, con el registro de un contencioso por vulneración del derecho fundamental a la salud, para forzar la declaración de una ZAS en el Centro Tradicional.
La propuesta de ordenanza, sujeta a la negociación política, faculta al Ayuntamiento a suspender licencias y a revisar las concedidas en las áreas declaradas ZAS
La propuesta de nueva regulación detalla de forma exhaustiva el proceso para aprobar esa declaración de ZAS y llega a establecer que el Ayuntamiento podrá revisar las licencias concedidas en sus ámbitos de influencia de manera que, incluso, se podrá ordenar cierres de locales. Igualmente, la propuesta también regula las condiciones acústicas que se deben cumplir para la instalación de terrazas en los locales hosteleros: los llamados veladores. Así, se contempla la posibilidad de que, en sus autorizaciones, se establezcan "limitaciones horarias" para su instalación. Además, se prevé que los mismos permisos incluyan los niveles máximos de potencia sonora a los que deben atenerse.
Todas las determinaciones de la nueva propuesta de ordenanza están sujetas a revisión y modificación en la fase de negociación política que arranca ahora. De hecho, la voluntad compartida por el equipo de Gobierno, del PP, y por los grupos de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) es que el texto definitivo se consensúe y se apruebe en paralelo a las modificación de los planes especiales del Centro Tradicional y Casco Antiguo impulsadas desde la etapa de gobierno del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) para limitar las molestias por ruido asociadas a la actividad hostelera. Tanto la edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, como el alcalde, Luis Barcala, reiteraron este miércoles, durante el desarrollo de la comisión de Urbanismo, su compromiso de acelerar la resolución de las alegaciones presentadas a esas propuestas de modificación, expuestas al público durante la etapa en la que el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, asumía las competencias sobre la materia.
Ante las preguntas y la presión ejercida por los grupos de la oposición, tanto De España como Barcala precisaron que también se estaba tratando de dar una salida al fin de la suspensión de licencias de obra decretada para ambos barrios mientras se conseguía aprobar esas dos modificaciones urbanísticas. En concreto, De España señaló que se había solicitado ya al Consell que se prorrogase esa suspensión de licencias de modo excepcional, en función del acuerdo alcanzado en el pleno de junio, aunque no llegó a confirmar si esa petición se había formulado por escrito, pese a la insistencia de las preguntas de PSOE, Guanyar y Compromís.
