La medicina 'Yeray-Borja' como recurso para no 'comerse' el presupuesto de la 2023/24 con las bajas

ALICANTE. El Hércules 2023/24 ya está en marcha. A diferencia de años anteriores, empezando por el pasado, cuando todo se paró como consecuencia de la negociación con Mariano Rodríguez Barutell 'Nanín' y sus socios, esta vez Enrique Ortiz ha dado instrucciones claras a Francisco Peña de que siga adelante con la planificación deportiva, con independencia de lo que suceda con la presidencia. Buena prueba de ello son las reuniones con agentes de principios de semana (momento en el que el constructor y Luis Castillo todavía no se habían dado un tiempo en su incipiente relación) que terminaron con el secretario técnico y (el presidente) Carlos Parodi en el despacho firmando la rescisión anticipada de los contratos de Sergio Marcos primero y de Mario Gómez después.

Teniendo en cuenta que contando con los contratos del mediocentro y el central eran más de 900.000 los euros del presupuesto para plantilla deportiva de la temporada 2023/24 comprometidos por jugadores con contrato y, especialmente, el pobre rendimiento del equipo (en Segunda Federación no ha sido capaz ni de clasificarse para el 'play-off' de ascenso), estaba claro que los primeros pasos en materia de planificación pasarían por las bajas.

Por ahora estas llegan a través de rescisiones consensuadas por adelantado, es decir, gracias a que el Hércules se rasca el bolsillo con base a lo pactado por las partes en el momento de la contratación de acuerdo con el famoso Real Decreto 1006/1985 por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales (así ha sucedido con Mario Gómez) o consensuadas a posteriori, merced a que el futbolista afectado ha terminado renunciado a percibir parte de lo que le corresponde (así ha pasado con Sergio Marcos). Como cuesta creer que esto último vaya a ser siempre así, pues hay jugadores blanquiazules que en la temporada que ahora finaliza, a las primeras de cambio, se han agarrado a su contrato y lo que en este se recogía, cual personaje de la Tierra Media en una obra de J. R. R. Tolkien. Un buen ejemplo de esto es lo que sucedió en el mercado de invierno con Ander Vitoria, uno de los mejor pagados de la plantilla, que también cuenta con contrato en vigor para la 2023/24 y que sigue sin entrar en los planes de Peña y del técnico 'Lolo' Escobar.

Descartada la vía del expediente de regulación de empleo (las bajas de Sergio Marcos y Mario Gómez son prueba de ello) y teniendo en cuenta que aún es pronto para jugar a quién aguanta más sobre la vía cuando el tren se acerca, algo que por ejemplo hizo el Hércules en 2019 con Juli y que le sirvió al club para alcanzar un acuerdo de rescisión por el que se ahorró parte de la suma a desembolsar inicialmente, el Hércules tiene dos opciones para deshacerse de jugadores con los que no cuenta y tienen contrato para la próxima campaña: rescindir unilateralmente pagando lo que corresponde con base a lo que consta en el contrato o despedir. En el caso de recurrir a esa segunda opción, se trataría de despidos que difícilmente no serían declarados el día de mañana por un juez como improcedentes (en el caso de Vitoria, por ejemplo, el club dejó pasar la oportunidad de expedientarle -no ocurrió así con Cedrés, quien sí acaba contrato- cuando el propio técnico puso en tela de juicio su compromiso no ya con el equipo, también con su profesión), pero al menos se pospondría un tiempo el desembolso de dinero (se podría hacer uso de 'su' parte de la masa salarial para fichar). 

A la vía de los despidos improcedentes ya ha recurrido el Hércules en las últimas campañas, que se lo digan a Yeray González y Borja Martínez. Es verdad que el club ha recurrido las sentencias por las que se calificaban así sus despidos en 2021 (sigue defendiendo la procedencia de los mismos), pero la realidad es que aquellos aún no han cobrado los 194.000 euros que el Juzgado de lo Social numero 7 de Alicante falló hace 11 meses que les correspondían, que el Hércules no ha pagado. Esto dependerá de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana también le dé la razón a los jugadores, entienda que el primer equipo blanquiazul no descendió en 2021, como sostenía el club para rescindirles unilateralmente contrato (pagando una suma irrisoria comparada con la anterior) con base a una de las cláusulas del mismo.