El alcalde, Gabriel Echávarri, y sus asesores, al acudir a declarar al juzgado. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (AP/ EFE). La titular del Juzgado de Instrucción número 9, responsable de las diligencias del llamado caso Comercio, ha acordado suspender el plazo que había concedido a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular, ejercida por el PP, para presentar sus escritos de acusación contra el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y dos asesores municipales en la causa sobre el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio.
La magistrada ha tomado esta decisión en una providencia después de que los tres investigados hayan presentado sendos recursos de apelación contra el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (el paso previo al auto de apertura de juicio) por los presuntos delitos de prevaricación y usurpación de funciones.
Como ha publicado este diario, el primer edil ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Alicante que revoque el auto de procesamiento dictado el pasado 7 de noviembre y archive las diligencias al considerar que no existe ningún indicio de delito en su proceder. Sus dos asesores también procesados, el jefe de gabinete de alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea, también han registrado su correspondiente recurso.
El alcalde, que debe declarar el próximo viernes como investigado (antes imputado) en otra causa por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, niega en su recurso haber incurrido en un fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.
La magistrada instructora sostiene en cambio que él y sus asesores fraccionaron 14 facturas por trabajos y servicios relacionados con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y la promoción de los mercados municipales, todo ello por un importe total de 144.160 euros.
Además de suspender el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y el PP formulen sus respectivos escritos de acusación, la jueza ha dictado otro auto en el que permite a las acusaciones incluir en sus conclusiones las 25 facturas inicialmente denunciadas. Como respuesta al fiscal, que había pedido una aclaración del auto del 7 de noviembre, la magistrada reitera que ha apreciado irregularidades en la tramitación de esos contratos, pero eso "no implica" que el ministerio público pueda referirse a los 25 en su acusación al tratarse de "delitos que tienen carácter continuado".
Por último, la jueza también ha desestimado el recurso presentado por la defensa de los dos asesores de Echávarri en el que solicitaban que se acordase una segunda declaración de dos técnicos de la Concejalía de Comercio. La instructora considera que los dos funcionarios ya aportaron sus testimonios y que las defensas pudieron cuestionarles sobre cualquier circunstancia.
