Presentación de la Unidad Marítima de la Policía Local de Santa Pola.ELCHE. La juez titular del juzgado de instrucción número cuatro de Elche intenta indagar si existe supuesta prevaricación administrativa en la adjudicación de los contratos del Ayuntamiento de Santa Pola a tres empresas, con lazos familiares entre sí, para la gestión del balizamiento de las playas, así como el suministro y reparación de dos embarcaciones de la Unidad Marítima de la Policía Local entre los años 2003 y 2015. Los acusados, como ha adelantado Alicante Plaza, son los tres representantes de las empresas Scuba Elx, Scuba Tec, Scuba Nautic (Javier Boix Morell, Jerónimo Antonio Boix Sempere y Josefa Morell Martínez); el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza y el agente Iván Vizcaíno. Se da la circunstancia de que uno de ellos, Iván Vizcaíno, está en estos momentos en excedencia de la Policía Local, reside en Nicaragua, donde se instaló para desarrollar la actividad de la ONG Icnelia, cuya gestión también está denunciada ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional por la justificación de las ayudas recibidas y los sobreprecios pagados por determinados materiales.
Tras la declaración de Zaragoza, esta semana está previsto que preste declaración Iván Vizcaíno desde Nicaragua, a través de videoconferencia, desde la Embajada de España en el país centroamericano. A Vizcaíno, como responsable de la Unidad Marítima de la Policía Local, se le responsabiliza de solicitar materiales para las embarcaciones de esa unidad marítima a las empresas bajo sospecha (Scuba Elx, Scuba Tec, Scuba Nautic), que ya eran adjudicatarias de contratos menores del balizamiento de las playas. Y lo que se investiga es si esas peticiones materiales estaban justificadas, y avaladas por los concejales competentes, y si se tiene certeza de su existencia en la actualidad en las instalaciones municipales de Santa Pola. Según ha podido saber Alicante Plaza, los técnicos que han declarado no han cuestionado el proceso de contratación de los servicios de balizamiento, a través de contratos menores, pero no han sabido precisar que quién controlaba el proceso de adquisición y si estaba justificado. A muchos de ellos les han sorprendido que hubiera lazos familiares entre las empresas que prestaban el servicio de balizamiento y el mantenimiento de las embarcaciones.
El modus operandi de los contratos del balizamiento de las playas de Santa Pola es muy parecido al investigado en el caso de los uniformes. No sólo por la contratación, también en contratos menores y por lo tanto sin licitación; por la relación de las empresas que pujaban, relacionadas entre ellas, con varios miembros de la familia, sino también porque la petición de los materiales y suministros correspondía a los acusados, sin que ningún concejal competente tuviera ningún control de lo que se pedía y dónde se depositaba. De la investigación se desprende, en los dos casos, que podría existir una especie de connivencia entre los solicitantes de material y las empresas. Y eso es lo que trata de averiguar la juez instructora. Hay que recordar que en el sumario del caso uniformes se recogen correos electrónicos en los que los responsable de las empresas sospechosas y los acusados se entrecruzan frases como: "Te he subido los precios para cuadrar las diferencias que se debían" o "Cariñín, te he puesto los artículos... después ya lo apañamos".
Y por último, hay dudas de si las empresas bajo sospecha prestaban todos los servicios contratados o pagados, o los hacían los propios agentes de la Policía Local, pese a estar recogidos en los encargos. Por ejemplo, según ha podido saber Alicante Plaza, a algunos testigos se les ha preguntado por eso control después de trascender -al parecer existen fotos- que a veces eran los propios agentes quienes limpiaban boyas y además ese material se almacenaba en la Jefatura de la Policía Local. La instrucción sigue su curso. Tras la declaración de los dos agentes de la Policía Local, será el turno de los responsables de las empresas.
