José Miguel Zaragoza, actual jefe de la Policía Local de Santa Pola. Foto EFE/MorellELCHE. El juzgado número cuatro de Elche mantiene abierta una investigación judicial por las supuestas irregularidades cometidas en el seno del Ayuntamiento de Santa Pola, entre 2003 y 2015, por las adjudicación de los servicios de balizamiento de las playas. En la causa, aparecen como investigados el actual jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza -hermano del ex alcalde-; el agente Iván Vizcaíno y las empresas Scuba Elx, Scuba Tec, Scuba Nautic, y sus responsables, Javier Boix Morell, Jerónimo Antonio Boix Sempere y Josefa Morell Martínez, todos ellos con lazos familiares. Lo que se investiga es si el consistorio santapolero adjudicó diferentes servicios del balizamiento a estas dos mercantiles y a sus responsables a través de contratos menores, sin proceso de licitación y con conceptos reiterativos, que además no tenían el visto bueno de los técnicos encargados de la supervisión del servicio o no hay pruebas de que se certificara el fin del contrato.
De acuerdo con un informe policial de la Udef remitido al juzgado número cuatro de Elche, el total de lo facturado por la empresa Scuba Elx, propiedad de Jerónimo Antonio Boix Sempere, y de Scuba Tec, propiedad de Javier Boix Morell, asciende a 206.000 euros en concepto de trabajos para el mantenimiento y reparaciones de dos embarcaciones de la Unidad Marítima de la Policía Local de Santa Pola, cuyos responsables eran José Miguel Zaragoza e Iván Vizcaíno. A ello hay que sumar los contratos menores de balizamiento, unos 125.000 euros, y los servicios prestados dentro del Plan de Competitividad de Santa Pola, otros 3.000 euros. En total, más de 363.000 euros los que han facturado las empresas Scuba y la familia Boix.
Según la Udef, "para dar cobertura a estos servicios se recurre al contrato menor de servicios y suministros, de adjudicación directa, con menos exigencia y requisitos legales, con la no exigencia de otros licitadores, que no son servicios puntuales sino en cierto modo previsibles, y reiterados en el tiempo".
Se da la circunstancia de que el modus operandi utilizado en este tipo de contratos es muy parecido al de los casos de los uniformes de Santa Pola, en la que también figura como imputado José Miguel Zaragoza y otros agentes de la Policía. En la actualidad, hay dos causas abiertas sobre los uniformes, una de ellas, a las puertas del juicio oral. En este caso, se investiga si se presentaban a los contratos menores para suministrar uniformes a la Policía Local tres empresas relacionadas entre sí, algo que pasó con el grupo de empresa Uniformes Riera y Gil de los Ríos, y si había concertación previa.
La causa sobre las supuestas anomalías en los contratos del balizamiento de playas ha llevado a varios testigos a prestar declaración, la semana pasada, entre el 9 y el 11 de diciembre. Entre ellos, se encuentra el ex concejal de Hacienda, Ignacio Soler Martínez, que es el denunciante; la actual alcaldesa, Loreto Serrano, que era concejala de Playas entre 2011 y 2015; y varios ex secretarios del Ayuntamiento de Santa Pola. La actual alcaldesa vino a decir que desconoce los detalles de esos contratos, ni que los representantes de las empresa suministradoras era familia. Defendió la fórmula del contrato menor y que en la actualidad, el servicio se ofrece en licitación y que es un desastre. En su intervención tanto la acusación como el Ministerio Fiscal quisieron indagar si las propuestas de contratación venían de la mano del agente Iván Vizcaíno, algo que dijo desconocer. Reiteró que si fórmula era legal y no tenía reparos de técnicos, las hubiera firmado igualmente.
Ignacio Soler, por su parte, declaró que detectó las anomalías durante su etapa como concejal de Hacienda y que por eso lo denunció. Que sobre la mesa tenía tres presupuestos de empresas familiares relacionadas entre sí. Y que fue la secretaría fue quién la advirtió de que se tenían que presentar tres presupuestos y que no tuvieran relación entre sí.
Por su parte, la que fuera secretaria desde 2010 hasta 2014 y vicesecretaria hasta julio de 2020, sí que admitió de que haber sabido que entre las empresas había relación, sí que habría manifestado. Dice que no detectó nada ni tenía mecanismos para controlar eso. Y añadió que le dio la sensación de que el jefe de la Policía Local era reticente a sacar a licitación este contrato y le comentó que la ley prevé mecanismos para solucionar posibles irregularidades.
Este lunes siguen las declaraciones, justamente con la testifical actual jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza.
