Obras de alcantarillado en Cabo Roig, en imagen de archivo. Foto: APORIHUELA. El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela avanza en las investigaciones, dentro de la causa compleja que declaró a finales de 2018, sobre la gestión del agua en Orihuela. La jueza estaría buscando pruebas para descartar o confirmar hechos constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación, malversación de caudales o de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Desde hace meses se están realizando estas averiguaciones tras estimar una denuncia de Cambiemos Orihuela, elevado por su grupo en 2017 a la Fiscalía Anticorrupción, en la que presentaban dudas sobre las prórrogas del contrato, los beneficios del mismo o la gestión de fondos de renovación. En este sentido, la recopilación de información se alargaría a 18 meses, en vez de los seis que se otorgan a una causa simple. Mientras, el juzgado remitió información a los denunciantes y también al Ayuntamiento de Orihuela y admite que los hechos investigación podrían ser constitutivos de un delito de contra la Administración Pública, entre otros más.
El juzgado, con el fin de determinar si los contratos y sus prórrogas son correctos, requirió al Ayuntamiento de Orihuela, entre otros datos, copias del expediente de contrato para la gestión de los servicios de agua potable, saneamiento y evacuación de aguas residuales municipales con el fin de comprobar si los plazos y duración coincidían con las del pliego de condiciones.
Además, quieren determinar si las prórrogas efectuadas se sometieron un procedimiento legal o si implicaron un cambio en las condiciones del contrato. En este sentido, también quieren conocer si los contratos pueden mantenerse, como está firmado hasta noviembre de 2038, o si se deben revisar de oficio esas prórrogas.
En otoño de 2018 se acordó librar de oficio a la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, para que informara de las posibles dudas con los contratos adjudicados en Orihuela a la gestora de la red.
Ante esta petición, los servicios jurídicos del Ayuntamiento oriolano han recurrido la petición. Argumentan que la Junta Superior de Contratación Administrativa no genera informes de carácter vinculante y también, que los expedientes investigados son antiguos y los posibles delitos habrían prescrito. Piden que se archive este requerimiento.
Se trata de documentos relacionados con, primero, la privatización del servicio, entre 1990 y 1997, y después a las dos prórrogas realizadas en 2001 y 2004. Estos contratos se realizaron bajo los mandatos de Luis Fernando Cartagena y, luego, de José Manuel Medina -imputado en el caso Brugal-, ambos alcaldes del Partido Popular.
Esta negativa a aportar información es, para Cambiemos Orihuela, una señal de que el equipo de gobierno está actuando para "entorpecer" las averiguaciones. Y agregan que "tenemos indicios preocupantes de que el Gobierno de Orihuela parece estar más cercano a entorpecer la investigación". El Ayuntamiento está personado, en principio, como denunciante y por ello les piden colaboración.
Desde la empresa, por su parte, mantienen que, desde la apertura de las diligencias previas, en las que se requirió al Ayuntamiento de Orihuela el expediente del contrato y para lo que, según aseguran desde la gestora, se entregaron 9.000 folios, no hay novedad sobre el tema.
Las averiguaciones se mantendrán por unos meses más hasta conocer sus conclusiones.
El suministro de agua fue privatizado en Orihuela desde hace casi 31 años. Para Cambiemos Orihuela, merece ser revisado. La gestión se realiza mediante una licitación privada que tuvo su origen en 1988.
Desde la formación política consideran que no hay información clara respecto a las subidas y regulación de precios o los beneficios de la empresa. También señalan a los fondos de renovación, así como las prórrogas del contrato, que también suscitaron las dudas de Cambiemos, quienes encontraron prolongaciones del contrato -en 2001 el contrato original, de 20 años a contar desde 1988, se prolongó 10 años más, hasta 2018; y en 2004, se volvió a prorrogar 20 años más hasta 2038-.
El proceso de denuncia comenzó en diciembre de 2017. Este fue el momento en el que Cambiemos Orihuela elevó ante la Fiscalía Anticorrupción su denuncia. El Juzgado de Instrucción nº 3 decidió abrir diligencias en abril de 2018, momento en el que se solicitó al Ayuntamiento la documentación.
