Obras de un residencial en el PAU-1 de Alicante, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La progresiva recuperación del sector inmobiliario tras el estallido de la burbuja de 2008 y la crisis financiera se había plasmado no solo en el progresivo incremento del número de viviendas iniciadas cada año en Alicante (lejos aún de máximos pero en línea ascendente), sino también en el tamaño medio de las nuevas promociones, cada vez mayor. Sin embargo, tras la crisis sanitaria de 2020 y la actual espiral inflacionista, la tendencia se ha revertido, como evidencia la estadística trimestral del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante (COAATIEA) correspondiente al primer trimestre de 2022.
La crisis de precios ha disparado el coste medio de la construcción residencial en la provincia, que según los datos de los aparejadores se ha situado en 512 euros por metro cuadrado, el más alto de los últimos veinte años. Una cifra que supone prácticamente el doble del coste de ejecución de 2002, cuando se situaba en 269 euros por metro cuadrado, según los mismos datos. La consecuencia inmediata es que los promotores han buscado reducir el tamaño de sus nuevos proyectos en la provincia, con una caída del número medio de viviendas hasta las 4,7 por promoción, lo que supone un 18,5% menos que hace un año.
Pero no solo se ha reducido el tamaño de las promociones en este primer trimestre, sino que en términos absolutos también cae de forma notable el número total de viviendas iniciadas en la provincia. Según el COAATIEA, de enero a marzo se comenzaron en Alicante un total de 1.325 nuevas viviendas, un dato que puede considerarse positivo en la medida en que mejora el del mismo periodo de 2021, pero que evidencia una brusca ruptura de la tendencia alcista de los últimos trimestres. Concretamente, supone un 15% menos de viviendas iniciadas que en el trimestre inmediatamente anterior, de octubre a diciembre de 2021 (cuando se comenzaron las obras de 1.564 nuevas viviendas).
El sector de la construcción en la provincia, en todo caso, mantiene el crecimiento a largo plazo, como destaca el presidente del Colegio, Carlos Casas, pues en el análisis de los últimos doce meses (es decir, abril de 2021 a marzo de 2022) se observa que se ha aumentado de las 5.615 viviendas iniciadas en el acumulado anterior (de enero a diciembre de 2021), a las 5.762 de este trimestre. Un dato que se explica, eso sí, por los malos datos relativos de comienzos de 2021, en plena tercera ola de la pandemia. Este incremento del 2,6% marca, sin embargo, una desaceleración comparada con el crecimiento acumulado al último trimestre de 2021, en el que el crecimiento respecto al anterior (octubre de 2020 a septiembre de 2021) fue del 9,6%.
"Si bien hemos empezado el año mejor que el de 2021, las 1.325 viviendas es peor dato que los de los tres siguientes trimestres del año pasado, e implica una caída de un 15% sobre las 1.564 del trimestre anterior (septiembre-diciembre), lo que pone una nota de incertidumbre sobre la continuidad de la recuperación de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19", señala Casas. "Debemos ser cautos, y aunque el trimestre ha sido bueno, las crisis que estamos viviendo actualmente afectan al sector y no podemos predecir cual será exactamente su comportamiento", argumenta el presidente del COAATIEA.
La crisis de costes, que comenzó por la energía hasta entrar en una espiral inflacionista con IPC mensuales que rondan ya los dos dígitos, ha provocado asimismo que muchos promotores posterguen el inicio de nuevos proyectos, como contó este diario, y que estén revisando al alza el precio de venta de las viviendas que ya tienen en marcha. La asociación de promotores de Alicante, Provia, estudiaba hace menos de un mes la posibilidad de plantear un cese temporal de actividad, al considerar que algunos incrementos no estaban justificados.
Un parón que, de llegar a producirse, supondría dejar de iniciar 1.525 viviendas, lo que supone una pérdida de inversión en la provincia de más de 326 millones de euros, un impacto directo en el empleo de 3.700 puestos de trabajo y una disminución en la recaudación impositiva, tanto fiscal como de cotizaciones sociales, de 142 millones de euros.
