Los comités ejecutivos de las tres asociaciones, a las puertas de la Subdelegación.ALICANTE. Los colectivos FEHPA, ARA y Alroa, junto a Hostelería de España, han registrado esta jueves un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Alicante dirigido al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, con el objetivo de solicitar un plan de apoyo con medidas reales que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de la hostelería del país.
El acto de entrega ha contado con representantes de los comités ejecutivos de las tres asociaciones, que han reivindicado propuestas de carácter nacional. Además, de manera simultánea. Fuentes de las tres asociaciones han destacado que los datos que arroja la crisis provocada por la pandemia "han supuesto, hasta el mes de octubre, el cierre 65.000 negocios hosteleros, la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y la facturación ya ha caído más del 50% respecto a 2019".
"La extensión en el tiempo de la pandemia y el debilitamiento de las empresas hace que las medidas habilitadas, como los ERTEs y préstamos ICO ya no sean suficientes, y se cifre en 8.500 millones de euros el presupuesto necesario para generar ayudas directas al sector", añade los tres colectivos, a través de un comunicado.
Por eso, en el escrito dirigido al Gobierno, el sector hostelero reclama "una coordinación con las comunidades Autónomas, y la administración local para la aplicación de medidas económicas paliativas de los efectos económicos de la pandemia y de la declaración del estado de alarma. Dicha coordinación deberá ejercerse al más alto nivel, con vinculación directa con el Consejo Interterritorial.
En concreto, las propuestas presentadas por la hostelería son las siguientes:
1.- Aplicación de ayudas directas, a fondo perdido, para la supervivencia de las empresas y los autónomos durante los periodos de estado de alarma/pandemia.
2.- Aplicación de fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de las empresas y los autónomos durante los periodos de estado de alarma/pandemia.
3.- La moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales de los créditos, durante todo el tiempo que perduren el estado de alarma o la declaración de pandemia. La complicada situación que están viviendo las empresas y los autónomos, con actividades restringidas o directamente prohibidas por el estado de alarma o los decretos autonómicos, hace de imposible cumplimiento de devolución de ningún tipo de préstamo.
4.- Modificación de la regulación de alquileres, que contemple las circunstancias de estado de alarma, toque de queda o regulación asimilada, y pandemia, como circunstancias que permitan:
La eliminación total del pago de los alquileres durante los periodos de cierre total de los establecimientos, y este coste sea aplicado con cargo al plan de apoyo y reconstrucción.
La reducción proporcional del pago de los alquileres, durante los periodos de cierre de franjas horarias o limitación de usos y de la actividad de los establecimientos, con cargo a plan de apoyo y reconstrucción.
5.- Derogar la cláusula de los ERTES con relación al mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad. Así como la prórroga automática y unida a los estados de alarma y/o pandemia, que deje sin efecto el límite del 31 de enero de 2021.
Mantenimiento de los ERTES y los Ceses de Actividad de Autónomos hasta la recuperación de la actividad sectorial en niveles superiores al 75% de los registrados en 2019, con EXONERACIÓN al 100% de las cuotas de la Seguridad Social para el conjunto de establecimientos hosteleros de los trabajadores desafectados de la actividad.
6.- Impulsar acciones de reactivación de la demanda:
Compromiso de bajar impuestos al consumo, IVA al 5%.
No subir impuestos directos o indirectos que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad internacional de nuestra industria.
Invertir recursos en bonos y ayudas directos a familias y empresas, aplicables al consumo directo en hostelería (bares, restaurantes, hoteles…) que promuevan el consumo y la actividad económica para el sector.
Definición de un Plan Estratégico de la Gastronomía de España, contemplando toda la cadena de valor, que sea el referente orientador de las acciones y aplicaciones de fondos, evitando las duplicidades y asegurando eficiencias en la aplicación de recursos, en los niveles estatal, autonómico y local. Dicho plan servirá para enmarcar las acciones específicas de impulso en materia de crecimiento y transformación digital y transición hacia la economía circular y el incremento de la sostenibilidad.
Impulsar acciones de reactivación de cara a la vuelta a la normalidad:
Impulso de un Plan de Formación específico para la mejora de la gestión económica y la profesionalización del sector hostelero y turístico. Dicho plan ha de incluir la implantación de la tarjeta profesional de hostelería y turismo, promovida por los agentes sociales en el marco del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, como elemento de mejora de la competitividad y la digitalización de las empresas y los autónomos, que debe ser el marco para incorporar acciones de apoyo directo a las empresas y los autónomos del sector.
"Los datos muestran que el sector hostelero y la actividad turística son elementos centrales y motores de la actividad económica, el empleo y la identidad de Europa. Con anterioridad a la crisis, el sector de la hostelería estaba compuesto por cerca de 316.000 establecimientos, entre restaurantes, cafeterías, bares, locales de ocio nocturno y alojamientos turísticos, que en conjunto empleaban a 1,7 millones de trabajadores y trabajadoras, y tenía una facturación superior a los 123.612 millones de euros, lo que generaba una aportación del 6,2% a la economía española", apunta el comunicado. "Un sector en el que el 99,3% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores y del que depende una importantísima cadena de valor, desde el mar, el campo, la industria agroalimentaria, los servicios financieros, de seguros, reformas, etc".
Por todo esto, los tres colectivos consideran que "es necesario un plan estructural y valiente que revierta la tendencia a la que nos dirigimos. El 31 de diciembre, si no se toman medidas de apoyo necesarias para el sector, esta crisis podría suponer el cierre de un tercio de los establecimientos, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, según las previsiones en el peor de los escenarios".
