ALICANTE (EFE).- La Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante han vuelto a rivalizar por su apoyo a los municipios. Ambas instituciones, con gobiernos de diferente signo político, han reivindicado su labor y los acuerdos alcanzados: así, César Sánchez (PP), ha puesto en valor el acuerdo alcanzado con PSPV y Compromís para repartir 15 millones de euros entre 90 municipios de Alicante; Ximo Puig, por su parte, ha ensalzado que la Generalitat y la Unión Europea repartan 8,2 millones de euros en Fondos Feder para 27 municipio. El gran debate sigue siendo el Fondo de Cooperación Municipal: Sánchez dice que la institución provincial ha puesto los 14 millones de euros que le corresponden; Puig dice que no ha habido negociación alguna y exige al PP que los ponga para que los ayuntamientos de Alicante estén en las mismas condiciones que los de Valencia y Castellón.
Los grupos mayoritarios de la Diputación de Alicante, PP, PSPV y Compromís, han aprobado este lunes en un pleno extraordinario una moción conjunta que "establece el reparto de más de 15 millones de euros entre más de 90 municipios de la provincia para inversiones financieramente sostenibles". La portavoz de EU, Raquel Pérez, que no ha respaldado el acuerdo, ha sido muy crítica con el pacto a tres bandas; PSPV y Compromís han destacado su voluntad de acuerdo; el presidente de la institución lo ha calificado de gran acuerdo, y el portavoz del PP, Carlos Castillo, sólo ha agradecido el respaldo de los socialistas -no ha citado a Compromís- y ha lamentado los 5 meses que se han perdido desde el primer acuerdo, en febrero, hasta ahora, con su aprobación final.
Según la Diputación de Alicante, "estos 15 millones de euros se suman a los más de 25 millones aprobados recientemente, también con el apoyo de los grupos mayoritarios, para dotar el Fondo de Cooperación Municipal y compensar a las localidades que se vieron afectadas por los temporales de lluvias de finales de 2016 y principios de 2017". "Hoy hemos alcanzado un nuevo pacto en la Diputación de Alicante para repartir en los municipios de la provincia más de 15 millones de euros. En total, en los últimos meses, y gracias a los acuerdos alcanzados con la oposición, la institución provincial distribuirá 40 millones de euros entre todos los ayuntamientos de nuestra provincia", ha indicado el presidente, César Sánchez.
Ha afirmado que "la Diputación alicantina es la institución provincial que más pactos y acuerdos ha alcanzado en España durante esta legislatura para poner en marcha políticas de inversión en los municipios". De esta forma, gracias a este acuerdo, se destinarán, por un lado, 1.800.000 euros a todos los municipios de menos de 5.000 habitantes que quedaron fuera de la Convocatoria de Zonas Verdes por insuficiencia presupuestaria.
Por otra parte, se han fijado otras 40 actuaciones financieramente sostenibles, de carácter prioritario y pactadas en Junta de Portavoces por todos los grupos, que se sufragarán gracias al remanente de tesorería de la Diputación de Alicante, según el comunicado. En este apartado se han incluido, entre otros, todos los ayuntamientos que quedaron fuera del Plan de Obras y Servicios (POS) de esta anualidad por falta de presupuesto.
El porcentaje de la subvención provincial vendrá determinado por el número de habitantes del municipio, aunque en ningún caso la misma será superior a 950.000 euros. Además, se establecen, entre otros criterios para la concesión de la ayuda nominativa, que esta solo podrá superar los 100.000 euros para aquellas localidades que no hayan participado u obtenido subvención en el POS 2018-2019.
El plazo límite para la presentación del proyecto y de los informes técnicos, jurídicos y económicos necesarios finaliza el próximo 30 de octubre, de acuerdo con el último cambio introducido.
Por otra parte, según el comunicado, "César Sánchez ha recordado que la Diputación de Alicante se ha sumado este año al Fondo de Cooperación Municipal con 14 millones de euros gracias a los remanentes de tesorería de la institución, tal y como se comprometió en su momento con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig". Asimismo, ha señalado que esta aportación impulsada por el Gobierno Provincial ha sido respaldada en pleno por el PSOE y por Compromís", dice la nota de prensa.
. El president de la Generalitat, Ximo Puig (centro), posa con con los representantes de los cerca de 30 ayuntamientos de la provincia de Alicante que han optado a las ayudas del plan de subvenciones de Fondos FEDER para proyectos de actuación en los municipios de la provincia. Foto EFE/Pep MorellPero la versión de la institución que preside Sánchez no coincide con lo que reclama Ximo Puig. El presidente de la Generalitat ha vuelto a instar a la Diputación de Alicante a que se sume al Fondo de Cooperación Municipal, una iniciativa que distribuye fondos Feder para financiar el 50 % de proyectos locales elegidos por los ayuntamientos y que ha calificado como "no finalista" y "apartidista".
Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas después de participar en un acto en el que ha firmado los convenios entre la Generalitat y los alcaldes o concejales de los 27 municipios que recibirán financiación para un total de 36 proyectos, que suman una inversión de 8,2 millones de euros. Puig ha manifestado que, con esta rúbrica, "se demuestra que con la suma entre ayuntamientos y Generalitat se avanza mucho" y ha incidido en que si se uniese la corporación provincial alicantina, se avanzaría "más rápidamente".
El jefe del Consell ha recordado que las diputaciones de Valencia y Castellón se sumaron "desde el principio" a esta iniciativa impulsada por su gobierno, si bien ha negado que haya habido ningún tipo de negociación con el presidente de la corporación provincial alicantina, César Sánchez (PP). "Es una decisión que tiene que tomar la Diputación. Nosotros siempre estamos abiertos a habla, lo hemos hecho durante todo este tiempo", ha afirmado.
Puig ha incidido en que este Fondo de Cooperación significa "creer en los ayuntamientos", puesto que pueden decidir a qué proyectos quieren destinar la financiación europea, sin "ningún tipo de discriminación ni arbitrariedad", puesto que son "los mismos recursos en función de sus habitantes". "Que es lo que nosotros también pediríamos al Gobierno de España, en general, y al sistema de financiamiento", que sea justo "y no haya discriminación por ningún tipo de razón, sin otro tipo de consideración que no sea la consolidación de la objetividad", ha apostillado.
