La Generalitat y la CHS analizan la situación del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones en la Vega Baja
9/02/2023 -
MURCIA. El presidente de la CHS, Mario Urrea se ha reunido con el Secretario Autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Francisco Jose Candela Pina, para analizar conjuntamente el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones recientemente aprobado por el Gobierno de España, que implica una inversión histórica de 840 M€ para la cuenca del Segura.
El plan recoge un conjunto de actuaciones a tramitar tanto desde el punto de vista de la prevención, defensa y recuperación frente a inundaciones que fueron objeto de debate en los órganos de participación del organismo de cuenca.
La sensibilidad de la Vega Baja ante el riesgo de inundaciones, que tradicionalmente se materializa en dicho territorio, viene constatándose desde que el organismo de cuenca ha ido mostrando a las administraciones y a la sociedad civil las distintas alternativas que se vienen analizando.
En la actualidad, se encuentra en fase de licitación la redacción del anteproyecto y tramitación ambiental de las medidas para la disminución de riesgo de inundaciones en la Vega Baja del Segura, con un importe de 2.479.322,16 euros.
En el citado anteproyecto se analizarán distintas alternativas para la Renaturalización del río Segura entre Orihuela y Guardamar, del Azarbe del Hurchillo y de la Rambla Salada de Cox y recuperación del humedal de los Cabezos de Albatera, los distintos corredores verdes que proporcionan distintos grados de protección a la zona de Campaneta-Hondico, Formentera del Segura-Hondico, y por último la renaturalización de Hondico de Amorós y conexión con desembocadura del río Segura en Guardamar.
El presidente de la CHS le ha trasladado al representante de la Comunidad Valenciana, que no hay ninguna decisión tomada en cuanto a la solución última que resulte seleccionada para su construcción ya que es este estudio el que "posibilitará determinar las distintas alternativas", y que tal y como ha venido manifestándose por el presidente de la CHS, "la solución finalmente elegida deberá contar con el máximo consenso, no solo de las administraciones concernidas, Miterd, Generalitat Valenciana y Ayuntamientos afectados, sino también la propia sociedad civil".
