ALICANTE. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes la resolución de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por la que se somete a exposición y participación pública la versión inicial del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (PAT). Una de las condiciones que fija esta resolución durante un periodo máximo de un año –prorrogable otro- es la suspensión de la tramitación de licencias o modificaciones urbanísticas en suelos rurales que contravengan la normativa propuesta en el PAT.
Los Ayuntamientos esperan con ganas la aprobación definitiva de esta herramienta. Algunos como figura conservacionista y elemento de protección de su territorio, y otros con cierto recelo y perjuicio para sus intenciones en el avance de sus planes urbanísticos. También se incluyó en las conclusiones de medidas prioritarias del Plan Vega Renhace. Esa espera se va a dilatar pues desde hoy se inicia el plazo de tres meses para que pueda consultarse y formular alegaciones y sugerencias.
Según recoge el texto, el PAT tiene como finalidad establecer un desarrollo territorial y urbanístico “racional y sostenible” en la Vega Baja para “atender las necesidades de su ciudadanía” pero teniendo en cuenta “la gran fragilidad ambiental de este territorio”. Califica de “disfunciones territoriales y urbanísticas” las cuestiones que esta herramienta se propone solventar. Este propósito tiene la intención de materializarse en base a cuatro ejes: infraestructura verde, sistema de asentamientos, movilidad y actividad económica.
La resolución de la exposición pública fija tres supuestos en los que durante un año se suspende acciones sobre suelo calificado como situación básica rural. En el primer caso se suspende la aprobación de programas de actuaciones incompatibles con la normativa que recoge el documento inicial del PAT. También se suspenden las declaraciones de interés comunitario (DIC) que sean incompatibles con esta norma, salvo las que ya hayan sido sometidas a información pública con anterioridad a esta resolución y que tengan por finalidad la implantación de actividades terciarias o de servicios. Además afecta a la regularización de actividades industriales o productivas que impliquen transformación. El tercer escenario suspende las licencias solicitadas a partir de hoy que sean incompatibles con la ordenanza que contempla el PAT, salvo que estén amparadas por una DIC.
El PAT analiza el planeamiento municipal desde la escala supramunicipal, y desarrolla un conjunto de estrategias en función del grado de compatibilidad con los criterios ambientales y territoriales que garantizan la calidad y sostenibilidad de los tejidos urbanos.
Estas estrategias pasan por la incorporación de algunos suelos a la infraestructura verde del territorio, a un régimen transitorio, a una mejora de su ordenación y calidad urbana o a su reconversión en ámbitos estratégicos en los cuales se pueden llevar a cabo proyectos de calidad urbana que atraigan actividades económicas y de talento. Hasta 1.400 hectáreas de suelos urbanos o urbanizables pueden acogerse a esta figura que les permitirá intensificar los usos, incrementar las dotaciones y la actividad económica, desarrollando proyectos de mejora de la calidad urbana.
En el análisis sobre el asentamiento urbano, de los 27 municipios destaca que 12 han incrementado su suelo urbano desde el 2000 al 2020 por encima del 100 % -Algorfa, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y San Isidro. Además, de las 5.996 ha que en estos 20 años han pasado a suelo urbanizado, el 68 % se concentra en lo que se considera como subsistema litoral (Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela Costa, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Torrevieja, Formentera del Segura y Benijófar). De ese total destaca las 1.799 ha artificializadas en Orihuela Costa, 683 ha de San Fulgencio, 555 ha de Rojales y 487 ha de Torrevieja.
En cuanto a infraestructuras verdes, el PAT propone un diseño donde prima el valor ambiental y territorial como espacios protegidos. Propone medidas para la mitigación del riesgo de inundaciones y una zonificación a escala supramunicipal del suelo no urbanizable atendiendo tanto a sus potencialidades como a su fragilidad. Se han delimitado seis zonas: la Huerta de la Vega Baja, los suelos de protección ambiental, las piezas verdes de interés ambiental, los suelos del litoral, las zonas de nuevos regadíos y las zonas de secanos aterrazados.