ORIHUELA. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad publicó ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución por la que prorroga la suspensión de la tramitación de licencias o modificaciones urbanísticas en suelos rurales que contravengan la normativa propuesta en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja. Actualmente se ha elaborado la primera versión inicial del PAT, así como de la documentación ambiental pertinente, el estudio de paisaje y otros informes y estudios. Mientras llega la versión definitiva, se ha optado por prorrogar esta prohibición, como se hizo en diciembre de 2021.
Estas estrategias pasan por la incorporación de algunos suelos a la infraestructura verde del territorio, a un régimen transitorio, a una mejora de su ordenación y calidad urbana o a su reconversión en ámbitos estratégicos en los cuales se pueden llevar a cabo proyectos de calidad urbana que atraigan actividades económicas y de talento. Hasta 1.400 hectáreas de suelos urbanos o urbanizables pueden acogerse a esta figura que les permitirá intensificar los usos, incrementar las dotaciones y la actividad económica, desarrollando proyectos de mejora de la calidad urbana.
En el análisis sobre el asentamiento urbano, de los 27 municipios destaca que 12 han incrementado su suelo urbano desde el 2000 al 2020 por encima del 100 % -Algorfa, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada y San Isidro. Además, de las 5.996 ha que en estos 20 años han pasado a suelo urbanizado, el 68 % se concentra en lo que se considera como subsistema litoral (Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela Costa, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Torrevieja, Formentera del Segura y Benijófar). De ese total destaca las 1.799 ha artificializadas en Orihuela Costa, 683 ha de San Fulgencio, 555 ha de Rojales y 487 ha de Torrevieja.
En cuanto a infraestructuras verdes, el PAT propone un diseño donde prima el valor ambiental y territorial como espacios protegidos. Propone medidas para la mitigación del riesgo de inundaciones y una zonificación a escala supramunicipal del suelo no urbanizable atendiendo tanto a sus potencialidades como a su fragilidad. Se han delimitado seis zonas: la Huerta de la Vega Baja, los suelos de protección ambiental, las piezas verdes de interés ambiental, los suelos del litoral, las zonas de nuevos regadíos y las zonas de secanos aterrazados.
