Ayuntamiento de Redován. Foto: AP ALICANTE. El Ayuntamiento de Redován (PP) ha presentado una batería de alegaciones en las que reclama la anulación del Plan de Acción de Territorial de la Vega Baja. De esta forma sigue la línea del Ayuntamiento de Orihuela Y el Partido Popular comarcal. En sus alegaciones, el Ayuntamiento de Redován ha previsto que de aprobarse de forma definitiva el PAT supondría una pérdida de inversión en el municipio de 195 millones.
En el documento presentado en el marco de información pública se quejan de que se impediría el desarrollo de dos sectores residenciales y uno industrial que suman 232.500 metros cuadrados recalificándose en infraestructura verde. El edil de Urbanismo, José Nájar ha cifrado la pérdida de inversión en más de 195 millones “teniendo en cuenta que, según el Instituto Valenciano de la Edificación, el coste medio de construcción es de 720 euros el metro cuadrado y de 120 euros el metro cuadrado el coste de urbanización”.
También señala que “el PAT no prevé el impacto socioeconómico que supondrá para los municipios, por lo que consideramos que, solamente esto, es motivo suficiente para su anulación”. Ha especificado en un comunicado que la merma de ingresos por los impuestos de “de IBI, IAE, IVTM, ICIO, IVTNU y las tasas sumarían 1.145 euros por habitante y año, de manera que, si se dejan de construir las 1.931 viviendas previstas en los dos sectores residenciales, y teniendo en cuenta una media de 2,5 personas por vivienda, las arcas municipales no ingresarán 5,2 millones de euros cada año”. Recalca el edil de Urbanismo que el gobierno de Redován quiere que se tenga en cuenta las particularidades de la Vega Baja y las del municipio. A juicio de Nájar, “es necesario planificar el futuro, pero hace falta articular el crecimiento de cada municipio unido al del resto de la comarca, para conseguir un territorio vertebrado a través de las infraestructuras que necesitamos (hidráulicas y viarias) y que tampoco vienen reflejadas en el PAT”.
En la misma línea se expresó el PP comarcal la semana pasada, que pidió a través de la coordinadora comarcal, la alcaldesa de Almoradí, María Gómez la paralización del PAT “por constreñir el crecimiento de la comarca”. El Ayuntamiento de Orihuela también se posicionó del mismo modo. Su alcalde, Emilio Bascuñana presentó la semana pasada la batería de alegaciones pidiendo desde el primer instante la retirada de la totalidad de este plan. Según recoge este documento elaborado por el Consell, su finalidad es la de establecer “un desarrollo territorial y urbanístico racional y sostenible” para una comarca que describe como de “gran fragilidad ambiental”.
El Ayuntamiento de Guardamar del Segura (PSOE) también ha presentado una batería de alegaciones a aspectos concretos que influyen al municipio. En esas alegaciones reivindica el principio de autonomía local en cuanto a la ordenación del planeamiento urbanístico. También esgrime el documento presentado que hay una falta de motivación suficiente para la protección del suelo urbanizable que el PAT Vega Baja fija para su desclasificación a suelo no urbanizable.
La normativa del PAT especifica, en el caso de Guardamar, que el sector ZSO-3 (19,57 ha) destinado a suelo industrial (sin urbanizar) y el ZO-8 El Campo-Los Estaños (101,96 ha) clasificado como residencial y también sin urbanizar se extinga para pasar a suelo no urbanizable. También determina una serie de suelo tratados en régimen transitorio. Les da un plazo para su urbanización y finalización o pasarían a infraestructura verde. En el caso de Guardamar se fija el sector ZO-2 La Rinconada (36,27 ha), ZO-6 El Oliverón (58,02 ha) y el sector ZO-9 (71,32 ha). Todos ellos están catalogados en el PGOU como suelo urbanizable residencial. En este último aspecto pide la eliminación o en su caso la ampliación de los plazos.
Coincide con el PP, en que el PAT carece de un estudio económico de partidas indemnizatorias y análisis del impacto socioeconómico y una descompensación de infraestructuras y responsabilidad patrimonial.
