El Ayuntamiento de Orihuela exige la retirada del PAT Vega Baja alegando que "asfixiaría" a la ciudad y la comarca

ORIHUELA. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, acompañado por el asesor jurídico del Ayuntamiento, Federico Ros, ha anunciado este miércoles la batería que como Ayuntamiento va a presentar contra el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja. La suma de todas ellas desembocan en un contundente posicionamiento: exigir la retirada en su totalidad del PAT. Entre los distintos factores para fijar esta postura, el primer edil ha insistido en tres elementos determinantes. Insiste en que este plan se ha elaborado sin ningún proceso participativo, de espaldas a la administración y recalca el grave perjuicio económico que ocasionaría para la ciudad de la comarca. Señala que el planteamiento del PAT “asfixia a Orihuela y la Vega Baja” e impide su crecimiento y desarrollo.

El PAT Vega Baja, elaborado por el Consell y cuya finalidad se ha propuesto establecer “un desarrollo territorial y urbanístico racional y sostenible” para una comarca que describe como de “gran fragilidad ambiental” fija una serie de medidas de carácter supramunicipal en cuanto a la ordenación del territorio. Divide la comarca en seis zonas, y cada una de ellas tiene asociada una serie de condiciones o limitaciones del uso del suelo. Además estipula una serie de actuaciones para la modificación de la clasificación en determinados suelos.

Uno de los más controvertidos es la desclasificación de 8,1 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable para infraestructura verde. Esa superficie se ha fijado en 23 sectores urbanísticos repartidos en doce municipios. En el caso de Orihuela, la extinción de suelo urbanizable afectaría a 3,6 millones de m2, lo que supone más de un tercio del total de la comarca, la misma proporción de superficie que tiene el término municipal de Orihuela en la Vega Baja. Este suelo a extinguir se ubica en el PAU-5, PAU-9 sector 2 y PAU 15 La Aparecida de uso residencial y el PAU 16 y 14 de uso industrial. El primer edil ha criticado que el plan “desclasifica suelo, pero en cambio no clasifica el suelo industrial que tanto necesitamos, cuando debería proponer soluciones a nuestras necesidades”.

Por esta razón, Bascuñana, atendiendo a las estimaciones del equipo de técnicos municipales que han elaborado las alegaciones, sitúan el perjuicio económico en más de 1.300 millones de euros. Por un lado las indemnizaciones a los promotores urbanísticos con una cifra aproximada de unos 400 millones de euros, y por otro lado el perjuicio de la no construcción de unas 7.500 viviendas y la repercusión en el sector servicios, turístico y agroalimentario. “Es necesario hacer un estudio serio y riguroso, porque esto [el PAT] no va a en dirección del desarrollo”.

El primer edil también ha criticado que no se contemplen las infraestructuras hidráulicas necesarias y barajadas por el organismo competente y que además de evitar o minimizar las inundaciones, añade, permitiría que los sectores con alto peligro de inundabilidad dejaran de clasificarse como tal y fueran propicios para contar con un desarrollo que ahora no tienen. Recalca que de este modo, el PAT supone “una absoluta desigualdad con el resto de territorio de la Comunidad Valenciana y nos convierte en valencianos de segunda, porque nos limita actividades que no se podrán desarrollar en Orihuela y en la Vega Baja pero que sí se podrán realizar en otros puntos de la Comunidad Valenciana”.

Siete principios base en las alegaciones

El posicionamiento del Ayuntamiento de Orihuela sobre el PAT Vega Baja se conjuga en siete factores. El primero que señala es la falta de consenso, coordinación y cooperación en la elaboración por no incluir sugerencias municipales. El segundo es lo que  han descrito como quebranto en el principio de igualdad territorial, donde resalta la supuesta “infracción del principio de autonomía local” y la “gobernanza del principio de gobernanza territorial”.

Denuncia en su punto tercero que el PAT se centra en el suelo rural y sus limitaciones partiendo este posicionamiento de que “utiliza el medio ambiente como instrumento obstaculizador del progreso, exacerbadas y restrictivas limitaciones en el suelo rural, protege falsamente la huerta y propone el cese de cientos de actividades en suelo rural”. En su cuarto eje recalca que con la ausencia de planificación de infraestructuras necesarias “no incluye propuestas para paliar la inundabilidad ni la mejora de las comunicaciones”.

Sobre el quinto punto es en el que más ha incidido el alcalde, donde se muestra “el frontal desacuerdo con los sectores que se pretenden desclasificar”. En él recalca que el PAT no cuantifica las partidas indemnizatorias, como la repercusión sobre las pérdidas para la Hacienda Local por dejar de percibir ingresos del IBI, ICIO o plusvalía, y en materia de empleo.

En el sexto argumento se centran en “una carencia de asignación de recursos económicos para el desarrollo del PAT” y en el último en “los graves perjuicios económicos en general”. Los datos que ofrece el Ayuntamiento estiman un perjuicio de 180 millones en la actividad turística, 400 millones por la pérdida del valor de los suelos desclasificados, 900 millones en la actividad constructiva, 300 millones en patrimonio municipal de suelo de Orihuela y 22 millones que no ingresarían las arcas municipales en concepto de impuestos.

No obstante, el asesor jurídico, ha concluido la exposición señalando que “consideramos que el PAT es necesario para dar seguridad a la Vega Baja, pero no en estos términos en los que se plantea en este momento”.

Hoja de ruta

Primero el Ayuntamiento presentará el documento de 185 páginas donde se recogen todas las alegaciones. Si finalmente se aprueba sin atender las reclamaciones, Bascuñana ha adelantado que usarán todos “los instrumentos a nuestro alcance para evitar que este plan se imponga“. Y entre ellas ha admitido que se encuentra recurrir a la vía judicial.

También ha alentado a que la ciudadanía de Orihuela y la comarca se movilice para evitar este PAT. De momento no ha invitado a salir a la calle a manifestarse, “pero no lo descarto”, ha apostillado. No obstante, en la tarde de este miércoles se han presentado con más detalle las alegaciones en el Auditorio de la Lonja en una mesa redonda en la que estaban los diferentes agentes sociales y sectores que se ven directamente afectados por el Plan de Acción Territorial.