La fiscalidad y el despoblamiento

El riesgo de despoblamiento en las zonas rurales y de interior hace tiempo que se ha colado en la agenda pública. Incluso, podríamos decir que la postpandemia le vino muy bien al mundo rural porque atrajo a mucha gente que quería huir de las ciudades y reencontrarse con la naturaleza. Desde antes de las restricciones y después, hemos visto un sinfín de esfuerzos institucionales que apenas ha logado revertir la situación. Los municipios con riesgo de despoblamiento ganan habitantes, pero tampoco acaban de revertir la situación, aunque siempre hay excepciones, como el del municipio de Cervera del Maestre (Castellón), que ha subido un 25% en los últimos años, o Aras de los Olmos (Valencia), que ha hecho una apuesta por el emprendimiento rural. 

Como he dicho, la asignatura de la despoblación está en la agenda pública. Por ejemplo, Generalitat Valenciana y Diputación de Alicante mantienen un arduo pulso para ver qué institución inyecta más dinero a los municipios. El Gobierno valenciano defiende su estrategia a través del Fondo de Cooperación Municipal, que trata de concederles dinero de manera incondicionada: pueden destinarlo al fin que quieran (emplear a gente, pagar facturas, promover obras, etc). La Diputación tiene una fórmula mixta. Además del asesoramiento que presta en servicios como el urbanístico, financiación, recaudación de impuestos o de funcionarios de alto grado (porque está en su razón de existir), reparte dinero a través de planes de obras y, además, también tiene otro plan para gastos.

Que un pueblo en riesgo de despoblación mantenga o atraiga nuevos vecinos depende de dos cosas: que el municipio o área de influencia tenga servicios (colegio, consultorio sanitario, residencia...) y que se genere economía, bien por sus atributos medioambientales, patrimoniales y turísticos, bien por alguna actividad muy enraizada. La primera cuestión la pueden solventar (y la solventan) las instituciones siempre con asignaturas pendientes. Es posible que a algún pueblo le falten más días de médico, alguna farmacia rural o el colegio quede muy lejos, pero tiene solución. 

Más complicado es el tema económico. Si la localidad en cuestión no tiene un atractivo especial, más allá de estar rodeado de la propia naturaleza, lo tiene más complicado. Entonces, es cuando se deben plantear los incentivos. Los que más conocemos son las ayudas públicas, que las hay, y muchas. Pero en este objetivo, ya sabemos que el solicitante se topa con la burocracia y un sistema como el español muy garantista, lo cual puede postergar, y mucho, la llegada de ese dinero necesario para poner en marcha un negocio o la compra de un inmueble. Pasa algo parecido como el denominado Plan Renhata para hacer las viviendas más eficientes: primero debes hacer la inversión y después justificarla para recibir la ayuda. Es decir, mucha paciencia.

Hay otro elemento, como es la fiscalidad, que desgraciadamente tiene poco impacto en el predicamento del político de turno. Solo aparece en los grandes discursos y después ya nadie se acuerda. Es un buen instrumento para hacer atractivo el mundo rural, ubicado a una distancia más o menos corta de los grandes núcleos. Primero, porque puede atraer nuevos residentes. Después, porque puede atraer a autónomos o empresas que quizás no necesitan una gran infraestructura. Con una buena conexión de fibra puede operar donde quiera y también puede generar movimiento de trabajadores y quién sabe si de residentes, siempre que haya una ciudad mediana cercana que ofrezca otras alternativas, como el ocio o la práctica de deportes.

Esto de la fiscalidad apenas suena y se lo escuché el otro día al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que posiblemente a veces ha realizado propuestas más descabelladas, como aquello del verano fiscal, pero quizás en esto sí que tenga más fundamento. Que paguen menos impuestos los autónomos y pymes -y no solo las cooperativas- sería un elemento en el que los municipios en riesgo de despoblación podrían competir frente a las grandes capitales o ciudades medias. También para los interesados en adquirir una vivienda que sea para residir o una nave industrial. Para tenerlo en cuenta. A veces las ayudas no lo son todo, y si llegan tarde, mucho menos. No es mala idea esa de crear un Estatuto del Municipio con Riesgo de Despoblación y que todos sus integrantes tengan un trato fiscal diferente. De momento, en la Comunitat Valenciana, lo que hay son deducciones fiscales, y quizás no sea suficiente.

Finalmente, hay un tercer elemento, que ahora también es atrativo. Las comunidades energéticas locales. Tanto Cervera del Maestre como Aras de los Olmos tienen proyectos para ofrecer energía más barata a sus ciudadanos y empresas. Y conforme está el precio de esa energía, también puede ser un factor diferencial.

Lo ideal será un equilibrio entre todas las políticas: las de apoyo público, las fiscales y las energéticas/digitales. Pero de todas ellas, quizás la fiscal sea la menos atractiva y menos diferencial de todas, al menos, en la Comunitat Valenciana, para hacer frente al reto del despoblamiento.