ORIHUELA. La Fiscalía de Elche abre diligencias contra el Ayuntamiento de Orihuela para investigar presuntos sobrecostes en las obras del centro cívico en la pedanía de La Aparecia. A tenor de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Cambiemos Orihuela, la fiscalía ha iniciado esta investigación ante un posible delito de malversación.
Las obras de este centro cívico se iniciaron en 2009 con el gobierno del PP encabezado por Mónica Lorente. Poco después de iniciarse las actuaciones, la empresa abandonó las obras al declararse en concurso de acreedores. En varias ocasiones, el Ayuntamiento intentó reunir el crédito suficiente para reanudar las obras pero no lo hizo finalmente hasta nueve años después, cuando en mayo de 2018 adjudicó a la mercantil Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU por 915.253 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de siete meses. El Ayuntamiento ya desembolsó en su día 400.000 euros para los primeros trabajos del edificio, aunque incautó la fianza que depositó la empresa que abandonó los trabajos.
Según recoge el decreto de la fiscalía, el 11 de enero de 2019 entró en el registro municipal una instancia de la mercantil que retomó y concluyó las obras, en la que informaba sobre la modificación del proyecto pero sin que eso supusiera ningún incremento presupuestario. El 27 de junio de ese mismo año se remite por parte de la empresa la certificación uno y final de esos 915.000 euros y fue aprobado por la Junta de Gobierno local más de seis meses después, el 14 de febrero de 2020. Sin embargo, pese a haber cerrado la liquidación final, haber trasladado que la modificación del proyecto no supondría ningún incremento presupuestario y haber finalizado las obras, el 30 de octubre de 2020 la mercantil registra una certificación 02 y final por importe de 73.542 euros. El pago de esa certificación la aprobó la Junta de Gobierno el 3 de agosto de 2021.
Por esta razón, ante un posible delito de malversación por este sobrecoste, el juzgado ha abierto la investigación. De este modo, el 3 de diciembre llegó al Ayuntamiento el decreto de fiscalía en el que le comunicaba la apertura de las diligencias y le instaba a que presente la documentación pertinente sobre este contrato. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha remitido ninguna documentación. Según asegura la edil de Contratación, Sabina Goretti Galindo, en los próximos días se atenderá el requerimiento y se remitirá toda la información relativa a este contrato.
“Si la empresa se comprometió por escrito a modificar el proyecto con mejoras sin que hubiera incremento presupuestario, ¿cómo es posible que se termine abonando un sobrecoste de más de 70.000 euros? Y, es más, dicho sobrecoste, se abona dos años después de la terminación del centro cívico y un año después de que la empresa presentara esa última certificación en noviembre de 2020, cuando se supone que las obras habían acabado en septiembre de 2019. Todo esto es lo que no nos cuadraba y se ve que a la fiscalía tampoco. Por eso ha abierto diligencias de investigación penales y, esperamos que el Ayuntamiento, atienda el requerimiento que dicha fiscalía, para que se aclare este tema” ha señalado el edil de Cambiemos, Javier Gracia.
La edil de Contratación argumenta que esa factura corresponde a un exceso de medición sobre los materiales, y según asegura lo permite la legislación al no superar el 20% del precio de adjudicación, ya que en este caso no llega al 10%. En cuanto al retraso por atender ese último certificado, Goretti Galindo, lo asocia a que por ese expediente han pasado distintos arquitectos municipales que han estado al frente.