El coordinador local de EU en Alicante, Manolo Copé, junto al secretario de Organización, Darío Fernández, y el portavoz municipal de Unides Podem, Xavier López, el día de la presentación de la denuncia. ALICANTE. La Fiscalía de Alicante ha acordado el archivo de las diligencias de investigación sobre los contratos menores concertados por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante al no encontrar indicios de un supuesto delito de prevaricación que pudiese haberse cometido por el fraccionamiento en la concertación de siete contratos distintos, aunque hasta cierto punto interconectados entre sí, que se encomendaron de manera directa (sin necesidad de concurso).
Las pesquisas preprocesales se iniciaron a instancias del escrito de denuncia registrado por la agrupación local de Esquerra Unida (EU), el pasado mes de julio. En concreto, EU puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de siete encargos relacionados con los proyectos de transformación del frente litoral y con la rehabilitación del edificio de titularidad municipal de Las Cigarreras. Con ese escrito, solicitó que se dispusiese "la realización de las diligencias pertinentes para la averiguación de las causas, circunstancias y, en su caso, responsables de los hechos denunciados para el esclarecimiento de eventuales responsabilidades penales".
Como informó este diario, de acuerdo con la denuncia de EU, los encargos que solicitaba revisar se dividían en los dos citados bloques (uno sobre el paseo del litoral y otro sobre Las Cigarreras) del siguiente modo. En el primero, se incluía la redacción del proyecto "Estudio y diseño paisaje frente litoral, tramo Sangueta-Plaza de Galicia", con un importe de 14.520 euros, adjudicado a Evo6 Plan Dirección de Proyectos SL; el contrato para el estudio topográfico de la redacción del proyecto de urbanización en Avenida de los Mártires de la Libertad y avenida Julio Guillén Tato, adjudicado por 1.936 euros a Cartografía del Mediterráneo; el contrato adjudicado a Cytem para la realización de estudio geotécnico en Paseo Mártires de la Libertad por 16.607,25 euros; y otro proyecto adjudicado al arquitecto Emilio Vicedo para la redacción del proyecto de ejecución del Paseo de los Mártires de la Libertad, por 17.545 euros.
El segundo bloque, según EU, quedaba conformado por un primer contrato sobre la redacción del plan director de intervención y usos del ámbito Edusi, desarrollo OI4, estudio previo del conjunto arquitectónico Las Cigarreras y redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la Fase 1 de la Antigua Casa de la Misericordia, adjudicado una UTE liderada por el gabinete de arquitectura de Ramón Esteve por un importe de 559.746 euros.
Además, figuraría un segundo contrato relacionado con los servicios de documentación por técnicas láser terrestre 3D del conjunto de edificaciones de Las Cigarreras, adjudicado por 16.940 euros a Natxo Segura. Y el tercero y último sería el contrato para la realización de ensayos estructurales para acometer la redacción del proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de la Fase 1 de la antigua Casa de Misericordia adjudicado por 13.429 euros a Laboratorio de Ingeniería y Medio Ambiente.
A juicio de EU, esos dos bloques de contratos podían estar relacionados hasta el punto de perseguir una misma finalidad, de modo que constituirían una unidad funcional sin que los trabajos encomendados pudiesen abordarse por separado a través de varios contratos individuales (cuatro y tres, respectivamente, en cada bloque).
La Fiscalía asumió la denuncia y tomó declaración al coordinador local de EU, Manolo Copé, con la intención de conocer de primera mano los pormenores de la denuncia. En su comparecencia, Copé ratificó el contenido del escrito y aseguró que el único propósito de su formación era que se dilucidase si pudo haberse cometido alguna irregularidad susceptible de ser depurada desde el punto de vista penal, sin llegar a señalar a ningún presunto responsable concreto. Además, semanas después, aportó documentación adicional -reclamada por el fiscal- sobre los vínculos y las relaciones que EU aseguraba haber detectado en su denuncia entre los distintos gabinetes de arquitectura que habían resultado adjudicatarios de esos encargos directos.
Después, el fiscal requirió documentación a la propia Concejalía de Urbanismo relacionada con los expedientes de contratación de los siete encargos objeto de la denuncia. Y, a la vista de toda la documentación recabada, habría concluido ahora que los siete encargos se ajustaron al procedimiento debido, puesto que algunos de esos trabajos se correspondían con fases posteriores de otros adjudicados con carácter previo, sin que pudiese considerarse que constituyesen una unidad funcional en sentido estricto desde el origen de cada expediente.
Se trata, de algún modo, de la tesis que defendió el equipo de gobierno a través de su edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), quien defendió el procedimiento seguido por los técnicos de su departamento y aseguró que la denuncia formulada por EU solo trataba de buscar notoriedad pública.
