El promotor Enrique Ortiz, a las puertas de la Audiencia. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La exjefa jurídica del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Isabel Campos, ha declarado este jueves, en el juicio sobre el supuesto amaño del PGOU investigado en el caso Brugal, que la empresa Aligestión, una de las sociedades vinculadas al promotor Enrique Ortiz, no disponía de la condición de agente urbanizador público por el hecho de haber presentado una propuesta de Plan de Reforma Interior (PRI) para ejecutar el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, con zonas terciarias. En su comparecencia, ha explicado, además, que finalmente Aligestión acabó desistiendo de ese PRI, a la vista de los informes técnicos desfavorables como el emitido por el arquitecto municipal Manuel Beltrá. Así, como ha explicado, esa propuesta decayó y nunca llegó a aprobarse si que se reconociese la condición de agente urbanizador a la empresa que lo había presentado.
El testimonio ofrecido por Campos contrasta, así, con las apreciaciones formuladas tanto por la exalcaldesa, Sonia Castedo, como por el arquitecto que asumió los trabajos de redacción del PGOU a partir de 2008. Ambos declararon ante el tribunal que era normal que se celebrasen reuniones con promotores y agentes urbanizadores para hablar sobre sus proyectos, como sucedió con el caso del PRI del estadio del Hércules.
Campos también ha señalado, además, que la comisión técnica mixta formada por el equipo redactor del PGOU y funcionarios de la Concejalía de Urbanismo se reunían prácticamente todas las semanas y ha señalado que el abogado del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez (uno de los nueve procesados en la causa), sí acudió a alguna de sus sesiones. Con todo, a preguntas del defensor de Gutiérrez, Campos no ha sabido precisar si el abogado formaba parte del equipo redactor o si ejercía como asesor externo, como él y Quesada sostuvieron en sus declaraciones.
La exjefa jurídica del área de Urbanismo también ha apuntado que en las reuniones de esa comisión "se planteaban muchas discrepancias". Sobre todo, por lo que respecta a la resolución de las alegaciones presentadas, toda vez que la elaboración del nuevo planeamiento de la ciudad se produjo en un periodo "a caballo" entre dos legislaciones urbanísticas diferentes. En cualquier caso, ha señalado que en la comisión se discutían las alegaciones y que, al final, el texto que se llevaba a aprobación del pleno era el que presentaba el equipo redactor. En los trabajos de esa comisión, según ha relatado, se atenían a cuestiones generales sin que interfiriese la identidad de los propietarios del suelo porque "no sabíamos quién eran los dueños", ha dicho. Por último, a preguntas del letrado de Castedo, Campos ha sostenido que nunca recibió presiones por parte de la exalcaldesa.
El empresario Ángel Fenoll asegura que "limpió" los vídeos que dieron origen a las investigaciones de 'Brugal'; la responsablede la agencia en la que se reservó una de las estancias en andorra dice que Castedo pagó su viaje
En la sesión del juicio de este jueves también ha comparecido la representante de una de las agencias de viajes a las que la familia de Ortiz y la propia Castedo acudieron para concertar una de sus estancias en Andorra, en las navidades de 2009: uno de los viajes que figuran entre las supuestas dádivas recibidas por la exalcaldesa a cambio de un trato preferente a Ortiz en el futuro planeamiento de la ciudad. Ante el tribunal, la testigo ha ratificado la versión de Castedo y ha sostenido que pagó el coste de la estancia.
También ha comparecido el empresario oriolano Ángel Fenoll, autor del vídeo sobre el supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela que dio origen a las investigaciones del caso Brugal. Fenoll ha declarado que él había "limpiado" las cintas con esas grabaciones, por lo que estaban editadas sin su contenido íntegro. No obstante, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha solicitado que se tuviese en cuenta la declaración original del empresario, cuando se iniciaron las diligencias, en 2006, en las que había señalado que se trataba de la grabación original. Esa petición ha motivado la protesta de las defensas, que será resuelta por el tribunal en las próximas sesiones del juicio.
Igualmente, en la sesión han declarado dos empresarios responsables de la sociedad Dreamview, vinculada a Ortiz. Ambos han asegurado que accedieron a representar al promotor, amigo suyo, en la compra de los terrenos de Aguamarga en los que se iba a desarrollar el proyecto de la Ciudad de la Economía para que la parte vendedora no encareciese el precio al saber que el comprador era una sociedad de Ortiz y de la extinta CAM.
Por último, también ha comparecido el empresario Bernando Campos, quien ha apuntado que, durante una estancia en Ibiza, coincidió con el exalcalde Luis Díaz Alperi y con Ortiz, en la que hablaron sobre los terrenos de Promociones González en el sector de Las Torres de la Huerta.
El juicio proseguirá el próximo martes 13 de octubre con la declaración de nuevos testigos. La causa se dirige contra Castedo, Díaz Alperi y Ortiz, además de otros seis acusados entre los que figuran los abogados del bufete Salveti, José Luis Castedo (hermano de la exregidora) y Gutiérrez. El tribunal debe dilucidar si los expolíticos concedieron un trato de favor al constructor en el futuro planeamiento de la ciudad durante su fase de redacción (entre 2007 y 2010) a cambio de supuestas prebendas.
