Franscisco Gómez, entre Carmen Robles (Fundación Manuel Peláez) y Carlos Aguilera (Bankia). Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Fue una de las grandes promesas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante la pasada campaña electoral: bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para las empresas familiares de la Comunitat Valenciana. El entonces candidato socialista lanzó el compromiso motu propio en uno de sus 'diálogos' de campaña, celebrado en Alicante con el presidente de la CEV en la provincia, Perfecto Palacio, y los empresarios reclaman que le de cumplimiento en los próximos presupuestos, que deberían aprobarse a finales de año.
Así lo recordó este miércoles el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Francisco Gómez, durante la presentación de la XXIV edición de los Premios Aefa, que reconocerán la trayectoria de Suavinex, Brico Aitana y TM Grupo Inmobiliario en una gala que se celebrará el próximo 3 de octubre en la localidad de Guardamar del Segura. Gómez, como siempre que tiene ocasión, puso sobre la mesa las tres grandes cuestiones que reclaman al Consell los empresarios familiares de la provincia (148 empresas forman el censo de la asociación que preside): la infrafinanciación de la provincia y de la Comunitat, la falta de inversiones y el "impuesto de la muerte", como lo definió.
En este sentido, Gómez recordó que fue el propio Puig quien prometió bonificar al 99% este impuesto en el tramo autonómico, lo que en la práctica supone suprimirlo, cuando el sujeto pasivo sea una empresa familiar que afronta el relevo generacional. "Es un impuesto dañino, que puede incluso hacer desaparecer una pequeña empresa", lamentó el empresario, que afronta sus últimos meses al frente de Aefa (cumple en octubre su segundo mandato de cuatro años). "El 91% de nuestro tejido son empresas familiares, y si les das un palo en un momento sensible como el relevo generacional, puede que las fuerces a cerrar y destruir empleo", advirtió.
La bonificación del impuesto debería plasmarse en los próximos presupuestos de la Generalitat, que en teoría se aprobarán en diciembre y serán los primeros que se elaboren desde las elecciones autonómicas en las que Puig lanzó su promesa. "Aquí, por fortuna, hay Gobierno", recordó Gómez en alusión a la parálisis del Ejecutivo central, en funciones al no lograr Pedro Sánchez un acuerdo de investidura. "Así que no hay excusa para no plasmarlo". "Madrid no lo tiene, y otras comunidades como Murcia y Canarias han seguido su ejemplo y lo han bonificado al 99%", enumeró el presidente de Aefa, "no puede ser que nosotros seamos siempre ciudadanos de tercera, necesitamos competir en igualdad".
El presidente de los empresarios familiares de la provincia de Alicante, respaldado en su reclamación tanto por la presidenta de la Fundación Manuel Peláez, Carmen Robles (su marido, fundador de Ecisa, fue el creador de Aefa hace 24 años) como por la directora territorial de Bankia en Murcia y Alicante, Olga García, criticó que Puig y su conseller de Hacienda, Vicent Soler, lancen acusaciones de dumping fiscal contra Madrid. "No se puede decir que Madrid es un paraíso fiscal", argumentó, "igual es que saben gestionar mejor, o que tienen una mayor financiación estatal; y si es así, es su trabajo pelear para conseguir mejorar la nuestra". Madrid, a su juicio, "no hace dumping, sino una política que beneficia a las pymes y que está siendo imitada por otras comunidades, y la Valenciana debería seguir sus pasos".
En la Comunitat Valenciana, la exención del valor de las participaciones de la empresa que se transmiten es actualmente del 95%, aunque una vez calculado el importe del tributo, el Consell solo bonifica el 50% de dicha cantidad (salvo en casos particulares como empresas con baja facturación o agrícolas) cuando en Madrid se hace hasta el 99%. La promesa de Puig pasa por elevar al 99% no la bonificación del tributo, sino la del valor de la empresa, de forma que el cálculo del impuesto de sucesiones y donaciones se realice sobre el 1% del valor real de dicha empresa. Una medida con la que los socialistas valencianos consideran que el tributo deja de ser un problema, al reducirse al mínimo la base sobre la que se calcula.
