ALICANTE. La economía de la provincia de Alicante coge velocidad de crucero y recobra dinamismo a medida que se acerca el final del año, aunque en muchos aspectos está lejos de volver a la normalidad prepandemia. Especialmente, en el PIB provincial, que sigue por debajo del nivel de actividad previo a la crisis y en el que la brecha entre 2019 y 2021 es mayor que la observada en el conjunto de la economía española. Fundamentalmente, la retirada de restricciones ha provocado un mayor dinamismo del consumo privado, especialmente en el castigado sector servicios, tirando de la recuperación.
Así lo recoge el informe sobre Indicadores de la Economía Alicantina del mes de noviembre, elaborado por el Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio de Alicante que dirige Mari Carmen Pastor. Algunos indicadores especialmente relevantes son el ISpA (que estima el comportamiento del PIB provincial), con un incremento del 26% hasta junio, el consumo de energía eléctrica, que crece un 3,5% hasta octubre, o las empresas inscritas a la Seguridad Social en la provincia, con un total de 59.682 en octubre, un 0,6% en el acumulado.
"La recuperación de la demanda interna y externa está impulsando la producción y la inversión empresarial", afirma el informe, aunque "la actividad manufacturera se está viendo limitada por la escasez de materias primas que está provocando graves retrasos en los plazos de entrega y presionando al alza los precios". Este escenario, junto al incremento de los precios energéticos y de los fletes, se está trasladando al precio de venta de los productos. La Cámara advierte que si estos factores se prolongan en el tiempo, repercutirán con mayor intensidad en los precios finales y darán lugar a mayores demandas salariales, "provocando un aumento de la inflación más intenso y duradero".
De hecho, el pasado mes de octubre "la inflación general subió hasta el 5,4%, alcanzado el nivel más alto desde septiembre de 1992". El aumento de la inflación refleja el incremento del coste de la energía, sobre todo electricidad (62,8%) y carburantes (28,1%). Como consecuencia, "los precios industriales muestran una intensa aceleración a lo largo del año, 23,6% en septiembre, y estas presiones inflacionistas acaban trasladándose a los precios de consumo".
El gasto de los hogares se ha concentrado en algunas partidas de servicios como ocio, restauración, alojamiento y viajes, señala el informe, y mantiene su tendencia al alza. "La existencia de una demanda embalsada, la disminución de la tasa de ahorro, una mayor propensión al gasto corriente y la sustitución del gasto realizado en el extranjero antes de la crisis por gasto en turismo interior son algunos factores que explican el repunte del consumo". Por contra, el consumo de bienes muestra un tono más contenido: las matriculaciones de vehículos siguen en niveles muy bajos y las ventas del comercio minorista "muestran un escaso dinamismo y permanecen por debajo de los registros de 2019".
Mientras, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 5.350 personas en octubre, situándose en 682.103, lo que supone 32.300 más que hace un año y 14.300 afiliados más que en el mismo mes de 2019. Los trabajadores acogidos a ERTE, por su parte, siguen reduciéndose, y al finalizar el mes de octubre sumaban 6.217, lo que deja la afiliación efectiva en 675.886 personas (los afectados por ERTE cotizan pero no trabajan). El aumento de ocupación, no obstante, no ha sido suficiente para absorber la incorporación de nuevos trabajadores al mercado, lo que se traduce en un ligero repunte de la tasa de paro hasta el 18,4% en el tercer trimestre (17,9% el trimestre anterior), cinco puntos más que el mismo periodo de 2019.