ALICANTE. La Diputación de Alicante ha decidido activar la prórroga de de una de sus principales contratas, las de limpieza y mantenimiento de edificios públicos. Lo hace tal y como contempla el actual contrato, pero sobre todo, a la espera de que a principios de 2021 se resuelva la licitación que lanzó el pasado mes de junio. La decisión se adoptó en la junta de gobierno del pasado 11 de noviembre. Como publicara Alicante Plaza, el contrato está dividido entre lotes: uno más grande, que incluye los centros no sanitarios (Palacio Provincial y adyacentes), y que actualmente presta FCC; y otros dos, el de los centros sanitarios (Hogar Provincial y Doctor Esquerdo), y el de las dependencias de organismos autónomos, como el ADDA, el Marq, la Agencia Provincial de la Energía; el Gil-Albert y el Instituto Pedro Herrero, que presta la firma Samsa, del grupo Vectalia.
A la nueva licitación se han presentado más de 10 empresas que optan a quedarse los tres lotes. El contrato también tiene una vigencia de tres años, pero comienza este mismo 2020 hasta 2022. El precio base de licitación es de 9.697.132,81 euros. Las previsiones del área de Contratación es que no si no se presentan recursos, la adjudicación puede resolverse en los dos primeros meses del año. La confección de estos lotes ya contempla una posibilidad que se puede dar en próximos ejercicios: y es que los edificios sanitarios se traspasen a la Generalitat, vienen negociando la Diputación y el Gobierno valenciano dentro de las competencias impropias. De ahí que, sea una única empresa la que gestiona ese lote (el sanitario) con vistas a que el servicio no se vea afectado en un hipotético traspaso.
Por otra parte, la Diputación de Alicante ha anunciado este jueves que incluirá criterios que favorezcan una contratación pública socialmente más responsable, dedicando para ello al menos un 7% de sus procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.
La Comisión de Contratación ha aprobado esta semana esta iniciativa con la que se favorecerá la empleabilidad de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, tal y como ha destacado el diputado responsable del área, Juan de Dios Navarro, quien ha señalado que desde la institución alicantina se ha superado en 3 puntos el porcentaje de reserva anual que la Ley de Contratos del Sector Público recomienda, ya que lo establece en un 4%. “Llevamos trabajando ya varios meses en esta iniciativa, manteniendo reuniones con las distintas asociaciones y colectivos de este sector para poner en marcha una medida que ayude a la inserción laboral de personas que sufren discapacidad o están en riesgo de exclusión”, ha indicado Navarro.
La provincia de Alicante cuenta actualmente con dos empresas de inserción social y 26 centros especiales de empleo, que se podrán ver especialmente beneficiadas de la reserva de los derechos de participación.
Así, el diputado ha resaltado que otra de las ventajas de la contratación responsable, más allá del aspecto social, es que “normalmente las empresas que concurren son del ámbito geográfico más próximo a la administración contratante, permitiendo en este caso un mayor impacto del contrato público en las localidades de nuestra provincia”.