ALICANTE. La semana pasada tanto el Consejo Superior de Deportes (CSD) como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dieron a conocer las resoluciones provisionales de la concesión de ayudas en la campaña 2020/21 para la Protección Social y el Fomento del Asociacionismo en el Fútbol Femenino y Aficionado en el caso del primero y de los Programas Impulso 23 y Cláusula IX Convenio de Coordinación en el caso del segundo.
El Hércules ha concurrido a las dos primeras convocatorias, que se han adelantado esta temporada para tratar de insuflar oxígeno a los clubes ahogados por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19), pero no a las del programa Cláusula IX Convenio de Coordinación pues no puede ser beneficiario al no participar en la presente edición de la Copa del Rey (tampoco ingresará nada por la comercialización de derechos audiovisuales del esta competición) lo que implica que se queda sin derecho a percibir algunas cantidades (no todas, porque varias están cubiertas alternativamente por el programa Impulso 23) como el mínimo de 29.750 euros que se perciben esta campaña por participar en el 'Torneo del KO'.
Protección social
Por lo que se refiere a las ayudas que sí ha solicitado, el CSD le ha denegado las contempladas para la Protección Social y el Fomento del Asociacionismo en el Fútbol Femenino y Aficionado (desde el ejercicio 2016/17 en adelante, si no se han solicitado en convocatorias anteriores), concretamente no se le han reconocido inicialmente el derecho a bonificación de las cuotas empresariales correspondientes a las temporadas 2016/17 y 2019/20. La razón por la que ha quedado "excluido" inicialmente ha sido carecer de un certificado positivo de la Agencia Tributaria, es decir, cuenta con una deuda con el fisco en situación irregular.
Se desconoce la suma a la que podían ascender esas bonificaciones solicitadas pero en la convocatoria de 2019 se le reconocieron por importe de 201.400,74 euros en relación a la campaña 2017/18 y de 135.344,17 euros a la 2018/19.
A diferencia del club, hay hasta 19 jugadores (de la actual plantilla y las anteriores) que sí han visto reconocido su derecho a percibir diferentes bonificaciones (no todas las que han solicitado) en sus cuotas: por un total de 1.270,49 euros en relación al curso 2016/17; 2.729,66 euros por el 2017/18; y 7.127,24 euros del 2019/20.
Programa Impulso 23
La RFEF, por su parte, le ha reconocido el derecho a percibir un total de 145.350 euros pero que tampoco los ingresa por mantener una deuda en situación irregular con la Agencia Tributaria.
El desglose de la citada suma es el siguiente: 98.450 euros por ayudas a la profesionalización (la temporada pasada fueron 100.000 euros con base al programa Impulso 23 y programa Cláusula IX Convenio de Coordinación; en la presente se le reconocen 63.450 euros por el primer equipo y 35.000 por el filial de acuerdo con ese programa de acuerdo solo con el programa Impulso 23); 6.900 euros por ayudas de desplazamientos (la temporada pasada fueron 15.000 euros por este concepto pero incluyendo las cantidades del programa Cláusula IX Convenio de Coordinación; este son 5.000 por el primer equipo y 1.900 por el filial de acuerdo con el programa Impulso 23); 40.000 euros como ayuda al fomento del fútbol base de acuerdo al programa Impulso 23 (la temporada pasada fue la misma suma pero con base al programa Cláusula IX Convenio de Coordinación).
En la temporada 2019/20 se le reconoció derecho a percibir 176.410 de acuerdo con los programas Impulso 23 y Cláusula IX Convenio de Coordinación (con base al segundo ingresaba, por ejemplo, 35.000 euros por disputar una ronda de Copa del Rey y 26.410 euros para el pago de arbitrajes).
El dinero no debería perderse
Ahora bien, como ocurriera con las ayudas de 2019, el dinero de estas dos convocatorias no debería perderse porque el club formulará alegaciones tanto al CSD como a la RFEF indicando que no puede aportar el tristemente famoso certificado positivo del fisco y solicitando que el importe de las ayudas sea abonado directamente a este para así reducir su deuda.
A diferencia de lo que ocurre con las cantidades que obtienen los clubes por la comercialización de los derechos de la Copa del Rey (con base a lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto-ley 5/2015 de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional), en la bases de las ayudas ligadas a los programas Impulso 23, al de Cláusula IX Convenio de Coordinación, el de ayudas para clubes no profesionales con equipos juveniles en División de Honor Juvenil y en Liga Nacional Juvenil (convocado y pendiente de resolverse) o el dirigido a la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado, por ejemplo, no se contempla que de oficio el importe de las mismas se ingrese en las arcas de la Agencia Tributaria en nombre de los beneficiarios de las mismas que mantengan con aquella una deuda sin acuerdo de aplazamiento; de ahí que se requiera de una decisión discrecional, a instancia de parte. Así ocurrió en relación a las ayudas de 2019.
A 14 de octubre la deuda del club blanquiazul con Hacienda ascendía a 2.899.478,36 euros de principal y unos 120.000 de intereses. Aunque en 2017 el fisco rescindió unilateralmente el convenio singular suscrito en 2013 para el pago de la esa deuda histórica (tras suspender esta los pagos de las cuotas al no poder afrontar las mismas en Segunda B), el Hércules la ha seguido rebajando a golpe de embargos que periódicamente sacuden las cuentas del club y tensionan su tesorería pero también solicitando ayudas como las citadas y peleando para que no se pierdan (en la 2019/20 fueron 560.000 los euros en ayudas que la RFEF y el CSD que el Hércules consiguió que le ingresaran a Hacienda en su nombre).